Carta abierta a la universidad pública

Carta abierta a la universidad pública

Revista BOCAS - Edición 79.

Por: BOCAS
21 de octubre 2018 , 05:00 a.m.

Los pasados 10 y 17 de octubre, cerca de 500.000 personas, entre estudiantes, padres de familia, profesores y trabajadores –y uno que otro vándalo colado–, salieron a las calles a hacer un llamado urgente en busca de mejorar la educación superior pública en Colombia. No pedían privilegios, ni caprichos, ni nada extraordinario; simplemente exigían lo mínimo para el buen funcionamiento de las universidades financiadas por el Estado. Y no era para menos: las 32 universidades de este tipo que tiene el país están en crisis y las siguientes cifras son algo más que preocupantes:

El Estado les adeuda a las universidades 18,2 billones de pesos: 3,2 billones para funcionamiento y 15 billones de inversión. Es una deuda histórica que desde hace 26 años viene deteriorando la calidad de la educación a partir de la creación del artículo 86 de la Ley 30 de 1992, donde se firmó que el financiamiento de las universidades se otorgaría de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Como ese índice no crece casi nada, por lo menos como lo necesitan estas instituciones, el presupuesto de las universidades públicas está estancado desde entonces y no responde a las grandes necesidades de infraestructura, formación docente y, sobre todo, número de estudiantes. Lo que hace que sea imposible, entre muchas otras cosas, aumentar los cupos de estudiantes admitidos o simplemente pagar la nómina.

Es importante aclarar que, aunque el presupuesto para la educación –de 41 billones para el 2019– es uno de los más grandes del país, la inversión resulta insuficiente. Para la universidad púbica solo llega algo menos del 10 por ciento de esa cifra: 4,0 billones.

Solo para entender la dramática reducción del presupuesto para la Universidad Pública hay que ver que, en 1993, la nación aportaba por estudiante 10.825.000 pesos, mientras que actualmente aporta tan solo 4.785.000 pesos. Eso, en contravía de una realidad que dice que, también en 1993, la Universidad tenía 27.000 estudiantes y hoy tiene casi 54.000.

A la Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo, un estudiante de pregrado le cuesta al año 9.900.000 pesos y la matrícula promedio es de 1.400.000 pesos al año. Ahí hay un claro déficit.

Pero no solo el crecimiento estudiantil y el de infraestructura se ignoraron por completo en la Ley 30, sino también aspectos tan esenciales hoy día como las inversiones tecnológicas, incluido el wifi, que resulta muy irregular en todo el país.
Sigamos con el presupuesto. El caso de la Universidad Nacional es sencillamente sobrecogedor: tiene un déficit de 68.000 millones de pesos, que necesita para terminar este año, para pagar nóminas y primas. Y la situación es parecida en todas las universidades del país.

Por otro lado, la inversión en infraestructura es urgente. Más de la mitad de los edificios de la Universidad Nacional están cuarteados y el de la Facultad de Artes, construido en 1937, amenaza con desplomarse por una grieta que parte el segundo piso en dos y cuatro grietas en la fachada. Según el informe de infraestructura realizado en el 2012, tres edificaciones, las sedes de Arquitectura e Ingeniería, y el estadio Alfonso López (símbolo del deporte universitario nacional), estaban en amenaza de ruinas.

Pero los problemas no terminan ni comienzan ahí. A través de los años, en vez de soluciones, la educación pública ha tropezado con más razones para la crisis. En el 2002, se expidió el Decreto 1279, en el que se estableció que el salario de los profesores aumentaría proporcionalmente a sus títulos y a sus publicaciones académicas. Han pasado 16 años y, aunque es un alivio que los maestros se sigan preparando y que el número de doctores graduados en Colombia haya aumentado ocho veces en los últimos diez años, según el Ministerio de Educación, la realidad es que las universidades no tienen cómo pagarles a los maestros.

Otra de las grandes preocupaciones que enfrenta la universidad pública es el programa Ser Pilo Paga. Según cifras del Icetex, el 87,42 por ciento de los créditos que entrega van dirigidos a personas que entran a universidades privadas y el 12,58 por ciento para las públicas. Según la ministra de Educación, María Victoria Angulo, con los recursos que sostienen a 40.000 estudiantes “pilos”, las universidades públicas podrían sostener a 500.000 estudiantes. El asunto es que los recursos no llegan a las universidades públicas y nos preguntamos, ¿es totalmente necesario que este programa se financie con los recursos que tanto necesita la universidad pública? ¿Será que los “pilos” escogen universidades privadas porque las públicas están a punto de caerse?

Pero no todo está tan mal. De hecho, hay que reconocerles a las universidades públicas que le han cumplido al país. La academia saca la cara. Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el 50 por ciento de las universidades públicas cuentan con Acreditación Institucional de Alta Calidad y 448 de sus programas, equivalentes al 53 por ciento de la totalidad acreditable, contaban con la acreditación a finales del 2017.

Por todo esto creemos que las protestas, cuando son pacíficas, son importantes llamados para la defensa de un derecho fundamental: la educación. Esperamos que el presidente Iván Duque cumpla sus promesas de “comenzar un programa de gratuidad en la educación superior, mantener programas de excelencia y dotar de más recursos a las universidades” y que todos los actores, como el Congreso y los Ministerios involucrados, sean capaces de escuchar el clamor de los estudiantes, venga de las calles o de los salones de clase.

Nota: Que las edificaciones de las facultades de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional se estén viniendo abajo es algo más que una metáfora de la actualidad de la educación superior en Colombia.

REVISTA BOCAS
EDICIÓN 79 - OCTUBRE 2018

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