Carta abierta a los chuzadores

Carta abierta a los chuzadores

Revista BOCAS -  Edición 78.

Por: BOCAS
23 de septiembre 2018 , 05:00 a.m.

Uno de los flagelos más recurrentes y peligrosos en la vida política colombiana sigue vivo y, al parecer, está extendiendo sus tentáculos a todas las esferas de la sociedad. Las chuzadas –otro eufemismo de nuestra reciente historia patria– vuelven a estar en el ojo del huracán mediático. Las interceptaciones ilegales parecen haber dejado de ser monopolio del Estado, para cruzar la frontera al mundo de particulares que ven esta práctica como un negocio.

El caso más escandaloso del momento es el del exgeneral Humberto Guatibonza quien, después de estar más de 35 años en la Policía, de haber demostrado su efectividad frente al Guala –con más de 200 secuestrados liberados–, de ser uno de los generales más condecorados de la institución y de sonar como ficha clave en el nuevo gobierno, terminó envuelto en una empresa criminal que montó desde que se retiró de las filas de la Policía.

Su caso, junto con los de tantos otros, nos hace preguntarnos desde BOCAS, ¿por qué esta actividad ilegal parece no tener fin ni control?

Empecemos por los antecedentes. Uno de los casos más relevantes en la historia mundial fue el caso Watergate, en EE. UU. El gobierno del entonces presidente Richard Nixon ordenó la interceptación de los teléfonos de sus contrincantes demócratas. Esta acción le costó el cargo. Sin embargo, nunca respondió penalmente por esto, pues obtuvo el perdón presidencial de su sucesor, Gerald Ford.

En el muro de la infamia nacional podríamos arrancar con los “narcocasetes”, en 1994. El entonces candidato presidencial Andrés Pastrana recibió unas grabaciones que comprometían a su adversario Ernesto Samper, futuro ganador de las elecciones, con dineros del narcotráfico. Este escándalo derivó en el Proceso 8.000, que llevó a la cárcel a funcionarios, entre ellos el ministro de Defensa de la época, Fernando Botero Zea, y a periodistas como Alberto Giraldo, que apareció en las grabaciones hablando con los hermanos Rodríguez Orejuela. Años después, Pastrana aceptaría que recibió los casetes del coronel de la policía Carlos Barragán.

Otro de los casos más sonados ocurrió durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El primero fue el caso del G-3, esa unidad que se creó dentro del extinto DAS. Durante el 2003, hasta el 2005, se probó que esta oficina llevó a cabo chuzadas, hostigamientos, amenazas y espió a periodistas y opositores. Por este caso fue condenado Jorge Noguera, director del DAS, a 7 años de prisión.

Otro que cayó por este escándalo fue el subdirector del DAS durante la administración de Noguera, José Miguel Narváez. Aunque fue condenado en el 2016 a ocho años de cárcel por el delito de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, utilización de equipos transmisores y receptores, y falsedad en documento, dicha condena no tuvo efecto porque los crímenes habían prescrito.

En el 2007, el DAS había espiado, de nuevo, a periodistas y opositores, solo que esta vez fueron más allá y también espiaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y llegaron a instalar micrófonos en la Sala Plena de esta Corte. Por estos hechos, en el 2015 fue condenada, a catorce años de cárcel, María del Pilar Hurtado, también directora del DAS.

Ni el fin del DAS, en el 2011, puso freno a las chuzadas. En el 2014 se descubrió una sala de operaciones de espionaje en el barrio Galerías, de Bogotá, conocida como Andrómeda. Este lugar, operado presuntamente por el Ejército, se dedicaba a espiar las conversaciones y los correos tanto de los negociadores de paz del gobierno en La Habana como a los miembros de las Farc que hacían parte de las negociaciones. Por este asunto fueron retirados de sus cargos 30 militares.

Pero no todos los casos vienen de las instituciones del Estado. Las elecciones del 2014 también estuvieron marcadas por un escándalo de interceptaciones ilegales. El caso del hacker Andrés Sepúlveda, que presuntamente era asesor de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, fue otra prueba de cómo el negocio de obtener información por vías ilegales crecía en el país.

Veamos el reciente caso del exgeneral Guatibonza. Todo empezó en Ipiales, Nariño. El coronel (r) Jorge Humberto Salinas, testigo clave en la investigación, ordenó a la hacker María Pinzón Montenegro chuzar a una cantidad considerable de ciudadanos, incluida la Fiscalía y salpicando al gobernador de Nariño. La Fiscalía, que empezó a investigar una denuncia por robo de hidrocarburos, se fue encontrando con una de las redes más grandes de espionaje privado en el país, con el exgeneral Guatibonza a la cabeza y hombres cercanos a él como Julián Villarraga, exinvestigador de la Interpol.

Las pesquisas han mostrado que, desde su empresa, Humberto Guatibonza Consultoría S.A.S ofrecía servicios que iban desde robo de bases de datos hasta interceptaciones de correos electrónicos, llamadas y mensajes de WhatsApp. Los clientes podían ser desde personas que querían espiar a sus parejas, y políticos; entre los salpicados está el senador Armando Benedetti, hasta grandes multinacionales que han sido señaladas en las declaraciones de algunos testigos.

Y para completar toda esta locura de chuzadores y chuzados, hace dos semanas la Corte Suprema de Justicia aceptó que interceptó, por error, el teléfono del expresidente Álvaro Uribe.

Con todos estos antecedentes, ¿no es hora de que el Estado defina con total claridad y de una vez por todas que son las interceptaciones legales (que han servido como herramientas para la justicia) y qué son las chuzadas ilegales (que además han gozado de tanta impunidad)? ¿O acaso a los colombianos ya nos parece perfectamente normal que nos espíen?

Es importante decir que la seguridad informática debería ser una de las prioridades de las autoridades. La vida privada de todos está guardada en los smartphones, y al igual que exigimos más seguridad en las calles, también lo debemos hacer en la red. Nuestra vida privada no puede estar a disposición del mejor postor.

¿Queremos vivir en una sociedad en la cual tanto el Estado como organizaciones criminales nos vigilen? Evitemos que la distopía –que es la representación ficticia de una sociedad futura de características negativas– que George Orwell imaginó en 1984, se haga realidad. ¡Dejemos la chuzadera!


REVISTA BOCAS
EDICIÓN 78 - SEPTIEMBRE 2018

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