LEY 550, A CONCORDATO

LEY 550, A CONCORDATO

El alto nivel de mortalidad de empresas que han iniciado procesos de reestructuración de pasivos y terminan en liquidación y la persistencia de dificultades para que estas puedan acceder a créditos nuevos está agotando a la Ley 550 o de intervención económica. (VER GRAFICO: ESTADO DE LAS EMPRESAS EN LEY 550-EMPRESAS EN LEY DE INTERVENCION-PARTICIPACION DE LA CARTERA REESTRUCTURADA POR ACREEDOR)

20 de febrero 2003 , 12:00 a.m.

El alto nivel de "mortalidad" de empresas que han iniciado procesos de reestructuración de pasivos y terminan en liquidación y la persistencia de dificultades para que estas puedan acceder a créditos nuevos está agotando a la Ley 550 o de intervención económica.

(VER GRAFICO: ESTADO DE LAS EMPRESAS EN LEY 550-EMPRESAS EN LEY DE INTERVENCION-PARTICIPACION DE LA CARTERA REESTRUCTURADA POR ACREEDOR).

Desde 2000, cuando entró en vigencia la norma, y hasta finales del año pasado, un total de 773 empresas se acogieron a esta ley para buscar alternativas de solución a su crisis financiera.

Hasta el momento, 60 por ciento ha logrado un acuerdo de reestructuración de pasivos, 22 por ciento trabaja en lograrlo pero el 18 por ciento restante pasó a liquidación ya sea porque los acreedores nunca se pusieron de acuerdo en las fórmulas de arreglo o porque luego de firmar una negociación, esta se incumplió.

Desde el punto de vista financiero, los datos de las empresas en Ley 550 tampoco son muy halagueños.

Una análisis del anterior Superintendente de Sociedades, Jorge Pinzón, señala que de 426 empresas que hasta octubre 31 del año pasado habían firmado acuerdos, 419 recurrieron a refinanciaciones para aliviar las exigencias de caja pero sin lograr superar el problema de iliquidez.

Más grave aún es que sólo en 22 de estas empresas se acordó realizar inyección de capital en efectivo con recursos provenientes de créditos nuevos con entidades financieras, mientras que en 20 compañías más se acordó capitalizar con recursos frescos.

Esto implica que las empresas que logran acuerdos prácticamente deben rehacer su operación "con las uñas" porque no consiguen ni de acreedores ni de socios, recursos nuevos.

Para el sector financiero, involucrado en la mayoría de los acuerdos de reestructuración de pasivos de empresas y entidades territoriales, no resulta muy atractivo arriesgar nuevos capitales porque debe hacer grandes provisiones.

Los empresarios que se han acogido a la Ley 550 insisten por su parte en que mientras no exista mayor flexibilidad para que el sector financiero participe activamente en la recuperación del tejido empresarial, los resultados seguirán siendo muy pobres.

Lo cierto es que en estos momentos la ley está seriamente cuestionada por quienes tienen que trajinar con ella a diario.

La iniciativa, que se diseñó a en 1999 como un salvavidas" a las empresas que por la época pasaban por una de las peores crisis de la economía, ha tenido desde el comienzo innumerables críticas que llevaron al gobierno a formular cambios importantes en su estructura.

Desde mediados de 2000, cuando apenas llevaba seis meses de vigencia, comenzaron a surgir propuestas desde el mismo gobierno para hacer cambios en su estructura.

El más reciente cambio fue propuesto por el ex superintendente de Sociedades Jorge Pinzón, quien elaboró un anteproyecto de lo que se comienza a denominar como una Ley de Insolvencia que reemplazará a la Ley 550, cuya vigencia fue pactada para cinco años.

El proyecto básicamente plantea volver a darle un carácter judicial al proceso de acuerdo entre acreedores y deudores de las empresas. Este carácter judicial que antes regía bajo el sistema de concordatos, se eliminó con la Ley 550.

Pero la propuesta es mejorar el sistema de tal forma que no se vuelvan a registrar los concordatos eternos que terminaban siendo aprovechados por "abogados expertos en hacer inmortales los pleitos", según la exposición de motivos de reforma a la ley.

El superintendente de Sociedades, Rodolfo Daníes, será el encargado de abanderar el proceso de reforma de la ley 550. Por ahora, la entidad está adelantando un análisis estadístico, económico y financiero para conocer las condiciones en que se han desarrollado los acuerdos de reestructuración y las características de las empresas que iniciaron estos procesos con el fin de formular algunas recomendaciones.

Y como el nuevo Supersociedades considera que es necesario que este proceso de reforma sea muy democrático, convocó a universidades, gremios y expertos en el tema a que formulen sus sugerencias.

Esta convocatoria señala que este viernes deben estar listos los informes con sugerencias sobre el proyecto y sobre las reformas a la ley.

Sin embargo, extraoficialmente PORTAFOLIO conoció que en el caso de los gremios, los informes no estarán listos para este viernes pues apenas iniciaron hace unos días el proceso de consultar con sus afiliados en las regiones para conocer las inquietudes y formular propuestas.

Al consultar con algunos de los expertos en el tema que tendrán que formular sus opiniones sobre esta reforma, todos coinciden en que sigue conservando el carácter eminentemente procesal que dificulta las negociaciones más ágiles entre acreedores y deudores.

"Lo que se hizo fue mantener los requisitos en vez de hacer más expedito y ágil el proceso para que no se entorpezcan las salidas negociadas", sostuvo un experto consultado.

A esto se suma que el proyecto de reforma no avanza en el tema de financiación y que se les da más espacio a los abogados que a los empresarios en el proceso de negociación.

LAS PROPUESTAS.

El régimen de insolvencias plantea entre otros, los siguientes cambios.

Volver al carácter jurisdiccional de los procesos para solucionar problemas entre acreedores y deudores.

La admisión a estos procesos exigirá la iliquidez o incapacidad de pago inminente del deudor.

Sólo quien se encuentre al día en pagos con autoridades fiscales nacionales o locales y con los aportes al sistema de seguridad social podrán ser admitidos.

El procedimiento de insolvencia buscará en su etapa inicial identificar las acreencias y definición de votos.

El sistema también tendrá un agente especial o mediador que determinará la viabilidad económica.

Se simplificará el proceso de objeciones evitando congestionar el proceso e introduciendo la audiencia verbal.

Será obligatoria la adopción de códigos de conducta empresarial.

Se mantendrá la prioridad sobre las acreencias laborales y pensionales.

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