EL EXPEDIENTE DE CÚCUTA

EL EXPEDIENTE DE CÚCUTA

Fue el presidente Alvaro Uribe el primero en poner el dedo en la llaga: Tenemos informes de que en algunos estamentos oficiales hay seria presencia del terrorismo. Estamos advertidos y hay que sacarlos de allí. La Policía toda la depuración que se requiera en Norte de Santander. El Fiscal General también está haciendo lo propio .

30 de septiembre 2003 , 12:00 a. m.

El mandatario lanzó su denuncia el pasado 5 de marzo, el mismo día en que un carro bomba explotó en el centro comercial Alejandría, en Cúcuta, y dejó un saldo de 13 personas muertas y más de 60 heridas.

El director de la Sijín, el comandante y subcomandante de la Policía de ese departamento fueron relevados de sus cargos. Dos días después, el director seccional de Fiscalías en Cúcuta, Néstor Pacheco Rodríguez, presentó su renuncia por razones de dignidad . Las afirmaciones del Presidente son muy peligrosas y no tienen fundamento , dijo.

Seis meses después, el fiscal Andrés Ramírez, delegado ante la Corte Suprema de Justicia -encargado de coordinar las pesquisas- tomó las primeras decisiones y ordenó la detención de dos fiscales de Cúcuta sindicados de prevaricato.

Avioneta venezolana El primer expediente involucra a la fiscal Leydi del Carmen Parada Reyes, a quien la justicia sindica hoy de no actuar respecto de dos vuelos ilegales con armamento presuntamente para la guerrilla.

El segundo caso compromete a Elcida Molina Méndez, quien tenía la coordinación de los fiscales ante el Tribunal Superior de Cúcuta y revocó medidas judiciales en un caso de tráfico de ciudadanos chinos.

El caso de la fiscal Parada se inició el 11 de febrero, cuando al aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta arribaron dos aviones privados, uno de matrícula colombiana HK3166P y el otro con matrícula venezolana YVG62GP.

En el primer aparato viajaban cinco colombianos y en el otro el capitán en servicio activo de la Guardia Venezolana Sergio Negrín Alvarado, piloto de la aeronave, y el particular Braulio Amaro Escorza.

La Policía encontró en las aeronaves armas de diferentes calibres como pistolas, revólveres, subametralladoras Uzi y un fusil AUG calibre 5.56. También, proveedores y más de 250 cartuchos de diferentes calibres.

Las indagaciones siguientes demostraron que no todas las armas tenían documentos, que el capitán venezolano no estaba en misión oficial y que las aeronaves no contaban con registros aeronáuticos como el plan de vuelo.

Ante esos hechos, en su caso, el piloto Sergio Negrín adujo que su aeronave se quedó sin combustible y que, ante la imposibilidad de aterrizar en San Antonio (Venezuela), tuvo que hacerlo en Cúcuta.

Añadió que alertó sobre lo que ocurría a la otra aeronave y por eso los colombianos descendieron en el Aeropuerto Daza de Cúcuta, con el objetivo de ayudarles.

Los colombianos no supieron explicar el porqué de las afirmaciones del piloto venezolano y la Policía decidió poner el caso en conocimiento de la fiscal Parada. No obstante, sin escuchar la versión a los retenidos, la fiscal decidió dejarlos en libertad. Argumentó que era mejor para evitar un conflicto.

También dijo que la aeronave era una extensión del territorio venezolano y añadió que los documentos estaban en regla.

La Fiscalía desestimó esas explicaciones, advirtió que la actuación de su ex funcionaria no se ajustó a la Ley y cuestionó: Si todo estaba tan bien, según la Fiscal, entonces por qué les retuvo las naves y las armas. Qué pasó con el porte ilegal de armas. Los dejó libres y después si los citó .

Contra ella, quien se encuentra hoy prófuga, dictaron medida de aseguramiento por prevaricato.

Tráfico de inmigrantes En cuanto a la fiscal Elcida Molina Méndez, el caso que la tiene en detención domiciliaria empezó a gestarse a finales del año pasado, cuando agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), encontraron escondidos en una vivienda en Cúcuta a 23 ciudadanos chinos.

La vivienda pertenecía a Alvaro Esquivel Cárdenas, un funcionario de la Fiscalía quien fue detenido junto con un hombre de apellido Chang.

En un fallo de primera instancia, la Fiscalía les impuso medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación por tráfico de inmigrantes. La decisión tuvo como fundamento el testimonio de los propios extranjeros, que dijeron haber ingresado al país por la frontera con Ecuador y haber sido trasladados hasta Cúcuta para de allí pasar a Venezuela.

No obstante, cuando el proceso llegó a revisión de segunda instancia y a pesar de que las autoridades tenían serios indicios sobre la vinculación de Chang con actividades criminales diversas, la fiscal Molina Méndez puso en libertad a los acusados.

El tráfico de inmigrantes, artículo 188 del Código Penal, impone cárcel de 6 a 8 años para quienes incurran en él.

Actué legalmente Desde su casa, donde se encuentra bajo detención domiciliaria, Elcida Molina Méndez, delegada de la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Cúcuta, dijo a EL TIEMPO que en Cúcuta empezó una cacería de brujas a partir de las denuncias del presidente Alvaro Uribe , y aseguró que actuó conforme a la Ley.

Mi decisión fue legal y ajustada a derecho. Dijeron que hubo prevaricato por omisión, que es apartarse ostensiblemente de la ley y en mi caso nunca ocurrió. Lo que hubo fue diferencia de criterios y creo que el equivocado puede ser él (el fiscal que determinó su detención) , manifestó la administradora de justicia.

Molina, quien lleva 22 años en la rama judicial, agregó que el fiscal no tuvo en cuenta las pruebas del expediente y precisó que no se encontró el más mínimo indicio de que los procesados estuvieran metidos en tráfico de inmigrantes. La familia Esquivel lo que hizo fue darle alojamiento, comida y transportarlos. La diferencia de criterios ahora se está penalizando y eso es un problema gravísimo para los administradores de justicia , enfatizó.

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