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SE JUSTIFICA LA LEY DEL PLAN

SE JUSTIFICA LA LEY DEL PLAN

Tras un trámite tortuoso en el Congreso, que incluyó la aceptación de las objeciones formuladas por el Presidente de la República a cinco de sus artículos, la Ley del Plan de Desarrollo está lista para la sanción presidencial. La oportunidad es propicia para comentar la inconveniencia de incorporar el plan gubernamental en una ley -que termina sin obedecerse ni cumplirse-, así como el proceso para su aprobación: engorroso, apretado y desgastador para el Ejecutivo en asuntos no siempre prioritarios para la buena marcha de la nación.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
25 de junio 2003 , 12:00 a. m.

Tras un trámite tortuoso en el Congreso, que incluyó la aceptación de las objeciones formuladas por el Presidente de la República a cinco de sus artículos, la Ley del Plan de Desarrollo está lista para la sanción presidencial. La oportunidad es propicia para comentar la inconveniencia de incorporar el plan gubernamental en una ley -que termina sin obedecerse ni cumplirse-, así como el proceso para su aprobación: engorroso, apretado y desgastador para el Ejecutivo en asuntos no siempre prioritarios para la buena marcha de la nación.

La ley recoge el plan del Gobierno, Hacia un Estado comunitario , que describe sus principales programas de inversión, establece las cifras de recursos financieros disponibles para el cuatrienio, los renglones globales de gasto público -dentro de los cuales tienen gran peso las transferencias a departamentos y municipios- y la distribución de ese gasto entre las siete grandes regiones del país. Esto no representa problema alguno ni pasa de ser el esbozo del plan de acción de un gobierno que, entre otras cosas, se plasmó en los famosos cien puntos del programa del presidente Uribe, por lo cual hacerlo resultaba inocuo e innecesario.

Lo discutible es que a la ley se le cuelguen, como a un árbol de Navidad, toda clase de adornos y regalos. Esto sucede en el proceso de discusión y negociación en el Congreso, debido a que los parlamentarios y los funcionarios públicos aprovechan la ocasión para introducir en esta ley proyectos de inversión de su interés, o cambios legales que han querido realizarse desde hace tiempo sin que se hubiera encontrado antes el momento propicio para hacerlo. Por esto se objetaron artículos como la ampliación de los subsidios para la vivienda militar, el subsidio al combustible para las aerolíneas o los apoyos especiales a algunos colegios en el Cauca, Boyacá y Antioquia. Curiosamente, no se objetó el mentado billón de pesos de inversiones regionales por sectorizar por petición de los congresistas, que no es cosa distinta que el costo que hay que pagar por el paso de la ley por el Congreso.

Para qué una ley del Plan de Desarrollo? En principio, para incorporar en una ley de leyes rubros de inversión pública que reflejen la estrategia de desarrollo del nuevo gobierno, después de una discusión pública en el Congreso en la cual participen, por definición, representantes de todas las regiones y de todos los sectores de la sociedad. Al convertirse el plan de inversiones en ley, se volvería de obligatorio cumplimiento para el Ejecutivo. La experiencia del pasado señala que la inversión del Gobierno Nacional depende de muchos factores y que, por lo mismo, una ley especial no asegura su cumplimiento. El plan de la administración Pastrana, por ejemplo, nunca quedó en firme porque la Corte declaró inexequible la ley respectiva, lo mismo que el decreto que expidió el Gobierno para subsanar el problema. Un inconveniente adicional es que la ley tiene una vigencia de cuatro años, por lo que tampoco hay garantía de continuidad en la financiación o en la estabilidad de los programas de más largo plazo.

Se trata, entonces, de un rezago del pasado, cuando se consideraba que debía existir un plan rígido y que a él deberían ceñirse las decisiones gubernamentales de gasto e inversión. Sin embargo, como lo comentaba el ex senador Juan Martín Caicedo hace unos días, el plan debería ser un documento flexible y dinámico de políticas públicas -como lo fue antes de la Constitución de 1991-, que fije unos rumbos de la estrategia gubernamental alrededor de los cuales concitar el consenso y el apoyo político de los colombianos. Eso fueron los planes de los gobiernos entre 1960 y 1994, que influyeron en la orientación de la economía y del gasto público, sin la rigidez de los planes recientes, ni en su contenido, ni en su proceso de aprobación.

La pregunta de fondo es si se justifica o no una ley del Plan, como lo ordena la Constitución, o si no sería más conveniente eliminar esta exigencia para los gobiernos y en consonancia evitarle al país el espectáculo de su trámite por el Congreso.

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