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ESCÁNDALO POR INSCRIPCIONES

ESCÁNDALO POR INSCRIPCIONES

Un gran escándalo sobre trashumancia electoral y posible compra de votos para las próximas elecciones quedó abierto ayer al conocerse que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está investigando el proceso de inscripción de cédulas en 200 municipios del país.

Un gran escándalo sobre trashumancia electoral y posible compra de votos para las próximas elecciones quedó abierto ayer al conocerse que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está investigando el proceso de inscripción de cédulas en 200 municipios del país.

Según el presidente del CNE, Guillermo Francisco Reyes, su despacho ya ha fallado 14 casos en pueblos de Guajira, Tolima, Atlántico y Santander. En esos sitios se demostró que sí hubo trashumancia y se anuló el 95 por ciento de las inscripciones, que implicaron la inhabilitación de unas 30 mil cédulas.

Estamos trabajando con las uñas -asegura él- pues tenemos muy poca gente para tanta denuncia. Creo que hay trasteo de cédulas prácticamente en todo el país.

Barranquilla, es el colmo.

El caso más extremo de todos es el de Barranquilla, donde una comisión de funcionarios lleva tres semanas rastreando irregularidades. Este lunes debe llegar otro grupo de investigadores, de Bogotá, Santa Marta y Cartagena, para sumergirse por 10 días en los formularios en los que 215 mil personas se inscribieron hasta el pasado 26 de junio, cuando se cerró oficialmente el proceso de zonificación (inscripción para que la persona sufrague cerca de su casa).

"Todo está infectado", asegura el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Marco Emilio Hincapié, quien encabeza la investigación en esa ciudad. Según él, en las 215 mil inscripciones se han encontrado 30.000 irregularidades por trashumancia electoral y otras 30 mil por falsedad en documentos de identidad y en direcciones de domicilio.

"Hay gente que declara que vive en un sitio, pero no es cierto, y eso es delito porque hay un juramento previo dice Hincapié ; hemos encontrado a personas que inscriben hasta cinco cédulas distintas, todas con la misma huella dactilar .

Inclusive, en algunos formularios se encontró que las huellas fueron puestas por los mismos funcionarios de la Registraduría. El hallazgo de estos casos hizo que el DAS y la Fiscalía entraran a hacer parte de las investigaciones.

Es tan escandaloso el caso de Barranquilla que los gremios económicos, a través del Comité Intergremial del Atlántico, y la Asociación de Movimientos Cívicos Todos por Barranquilla, que agrupa a 50 entidades, pidieron al CNE que anule la zonificación que se cerró el 26 de junio.

"Confiamos que en esta oportunidad, ante hechos tan evidentes, ese órgano tome las acciones para erradicar de una vez por todas estos vicios que tanto han debilitado la credibilidad y confiabilidad de nuestra democracia y especialmente de su sistema electoral", dice una carta que envió el Comité Intergremial el 24 de julio pasado.

Ayer, unos 200 miembros de las organizaciones cívicas se tomaron pacíficamente la Registraduría de Atlántico para exigir que se anule la zonificación.

Podrían anular zonificación.

En el caso ha terminado terciando hasta el Gobierno Nacional, ya que el presidente Uribe está enterado desde hace varios días del escándalo. Inclusive, el vicepresidente, Francisco Santos, se refirió a él el miércoles pasado cuando visitó la ciudad.

"Hay que tener mucho cuidado, porque se presentaron muchas irregularidades y esperamos que se tome la determinación de cancelar esa zonificación", dijo.

Según el presidente del CNE, esa decisión se está analizando en el momento y se debe tomar en los próximos días. En caso de anularse, quedaría vigente la zonificación que rigió para los comicios de hace tres años.

Las sospechas de irregularidades en Barranquilla comenzaron a surgir desde hace varios meses, pero tuvieron su primera confirmación el 20 de junio pasado.

Ese día, en un centro comercial de la ciudad la Policía allanó una oficina, detuvo a cuatro mujeres, descubrió 112 cédulas e incautó un millón 840 mil pesos en efectivo.

La oficina resultó ser del concejal Eduardo Pulgar Daza. De acuerdo con la Policía el operativo se practicó luego de recibir información de que allí estaban pagando 20 mil pesos a personas para que votaran por Pulgar. Afuera del centro comercial había tres buses estacionados, que habían traído a decenas de personas desde Baranoa, Usiacurí y Soledad, municipios del Atlántico.

El concejal reconoció que sí era su oficina, pero explicó que la numerosa presencia de cédulas estaba relacionada con un plan de vivienda de interés social. La plata era la de la caja menor.

Posterior a eso, el concejal Ramón Ignacio Carbó recopiló denuncias de vendedores ambulantes y estacionarios, de carretilleros y de taxistas sobre presiones de funcionarios de la administración distrital para que inscribieran cédulas en puestos de votación del norte de Barranquilla.

Ante las quejas, los delegados del Registrador en Atlántico, Miguel Hugo Miranda y Roberto Tapias, pidieron formalmente la investigación que terminó creciendo hasta poner a la ciudad a las puertas de una anulación de todo su proceso de inscripción de cédulas.

EL PORQUE DE LA TRASHUMANCIA.

La trashumancia (o trasteo) electoral no es un delito como tal, pero suele ir acompañada de compra de votos, que sí lo es.

En derecho electoral, el carácter de trashumancia lo da el que se haga colectivamente y que implique coartar o incidir en la voluntad de una persona de votar donde lo desee. En otras palabras, que un ciudadano decida inscribir su cédula para votar en otro barrio diferente del que lo hacía hasta entonces, no significa trashumancia. La imagen más clara de esta es la del bus cargado de personas que van a otra parte a registrarse, y terminan votando por un candidato que les ofreció favores o dinero.

En el caso de que el votante lo haga obligado se tipifica el delito de constreñimiento electoral.

Tradicionalmente la trashumancia se hacía entre municipios, pero en los últimos años se ha vuelto común verla entre barrios de las ciudades. La finalidad, en este último caso, es que el candidato que trastea a la gente consiga la seguridad de que sus votantes sí sufragaron. Eso es más difícil de controlar si cada quien lo hace en el sitio donde vive.

FOTO/Carlos Capella EL TIEMPO.

Un grupo de miembros de organizaciones cívicas se tomó ayer pacíficamente la Registraduría de Atlántico, para exigir que el proceso de zonificación sea anulado.

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