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EMERGENCIA ECONÓMICA

EMERGENCIA ECONÓMICA

El Gobierno declaró ayer el estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional, con el fin de afrontar la crisis del sector eléctrico y evitar que sean más drásticos y por más tiempo los racionamientos de energía. Con base en el decreto 680, que estableció el estado de excepción por cinco días, el presidente César Gaviria y sus ministros expedirán varios decretos con carácter de ley, orientados a facilitar las importaciones, las inversiones y la reestructuración financiera para las empresas de energía.

La Emergencia tendrá,esta vez, una duracion de cinco días, es decir hasta el lunes próximo a las 12 de la noche. El país en Emergencia Económica Con el fin de evitar un racionamiento de energía más drástico o por más tiempo, el Gobierno Nacional dictó ayer el esperado decreto que declara al país en estado de Emergencia Económica y Social.

Después de varios días de análisis de la situación y acogiendo las dispociones de la nueva Constitución Nacional, el presidente César Gaviria y todos sus ministros firmaron el decreto 680 del 23 de abril, para poder dictar otros decretos con carácter de ley que permitan afrontar la crisis.

No obstante que la Constitución permite decretar la Emergencia Económica por períodos de 30 días (sin exceder de 90), la medida fijó un plazo de solo cinco días, que va desde ayer jueves hasta el próximo lunes 27 de abril a las doce de la noche.

Durante estos cinco días, el jefe del Estado y su gabinete podrán adoptar una serie de medidas para agilizar las importaciones para el sector eléctrico, facilitar las inversiones que quiera hacer el sector privado y tomar decisiones frente a la alta deuda que afrontan las empresas de energía del país y cualquier otra medida adicional que se considere necesaria durante la vigencia del estado de excepción.

En la exposición de motivos, el Gobierno recuerda que el artículo 365 de la Carta Magna le asigna al presidente de la República y su equipo de Gobierno el deber de asegurar una buena prestación de servicios públicos.

Que la situación en que está sumido el país por el fuerte verano y las deficiencias en la gestión de las empresas eléctricas, aparte de sus dificultades financieras, todo el equipo de Gobierno ha considerado necesario acogerse al artículo 215 de la Constitución, que es el que permite declarar al país en estado de emergencia. Primeros decretos Aunque al cierre de esta edición no se habían expedido los demás decretos, que resuelven problemas puntuales del sector, se sabe que inicialmente se resolverán cinco dificultades específicas.

En primer lugar, se expedirá un decreto para facilitar la compra de repuestos para las empresas generadoras de energía térmica, que no han podido ayudar a resolver la crisis de las hidroeléctricas, porque durante años no se les dio buen mantenimiento ni se hicieron inversiones adicionales.

Habrá otro decreto que facilitará la instalación de nuevas unidades de generación térmica, que busca flexibilizar los sistemas de contratación para que los inversionistas del sector privado puedan entrar al proceso de generación de energía.

Un tercer decreto creará las condiciones para que a las dos costas del país entren barcos generadores de energía y comiencen a atender parte de las necesidades que registra el sector pruductivo del país.

Con estas medidas, el Gobierno suspende por cinco días todas las normas del Estatuto de Contratación (Decreto 222), que no resulta nada ágil para atender situaciones tan difíciles, como las que afronta actualmente el sector eléctrico.

Otro de los decretos aprobados, y que fue bastante discutido por el consejo de ministros, porque algunos consideran que no será tan benéfico como se espera, es el cambio de la jornada laboral en todo el país. Se adelantará en una hora, es decir la jornada laboral empezaría a las 7:00 de la mañana, con el objeto de aprovechar durante una hora la luz natural y facilitar el regreso a los hogares una hora antes.

Además, con el fin de resolver parte de los problemas financieros que afrontan las empresas del sector eléctrico, el presidente y los ministros expedirán un decreto que establece una serie de facilidades para que dichas empresas le vendan acciones a la Nación, a cambio de parte de su deuda externa.

Esta medida hace parte del anunciado programa de reestructuración financiera y que permitirá cubrir el 42 por ciento del faltante de recursos que registra el sector para atender sus obligaciones externas. Dichos faltantes alcanzan a 1.038 millones de dólares, es decir cubrir 436 millones de dólares.

Desde el momento en que se pensó en decretar el Estado de Emergencia, se planteó la posibilidad de aprovechar la ocasión para promulgar la nueva ley eléctrica, que busca crear una serie de instrumentos para sanear al sector. Sin embargo, finalmente ese punto quedó descartado y se dejará para que sea el Congreso el que discuta y apruebe el proyecto de ley. El Decreto] El siguiente es el texto completo del Decreto 680, que declara al país en Estado de Emergencia: Decreto Número 680 del 23 de abril de 1992. Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social. El Presidente de la República de Colombia en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 215 de la Constitución Política y considerando: Que de conformidad con el artículo 365 de la Carta, es deber del Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional.

Que como consecuencia del agudo verano que ha sufrido el país en los últimos meses fenómeno natural al que se han aunado negativamente las deficiencias operacionales y financieras de las empresas del sector eléctrico ha sobrevenido una grave escasez del recurso eléctrico en todo el territorio nacional.

Que igualmente en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se ha presentado un caso fortuito que destruyó una de sus plantas de generación de energía eléctrica, lo cual ha originado un agudo déficit en el suministro de energía en el Departamento.

Que ante la mencionada situación de escasez de energía eléctrica, las autoridades se han visto obligadas a aplicar racionamientos en el suministro de dicho servicio público a los usuarios, racionamientos estos que podrían verse intensificados o prolongados si no se toman oportuna y ágilmente las medidas que estén al alcance del gobierno y que permitan prevenir tal situación; Que de acuerdo con el artículo 215 de la Constitución Política Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los Ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta (30) días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa (90) días en el año calendario .

Agrega la misma disposición constitucional que Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con la firma de todos los Ministros, dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos .

Que habida consideración de la importancia que reviste el adecuado suministro del servicio de energía eléctrica tanto desde el punto de vista económico como social, la actual escasez del recurso eléctrico constituye un hecho que perturba en forma grave el orden económico y social del país; Que, en consecuencia, es procedente declarar el Estado de Emergencia Económica y Social, a fin de poder tomar las medidas encaminadas tanto a conjurar la actual situación de escasez del recurso eléctrico como a impedir que se agrave dicha situación, decreta: Artículo 1o. Con el fin de conjurar la situación de crisis en el servicio público de energía eléctrica a que hace referencia la parte motiva del presente Decreto e impedir la extensión de sus efectos, declárase el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional, desde la fecha de vigencia del presente decreto y hasta las veinticuatro horas del día lunes 27 de abril del año en curso.

Artículo 2o. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase Dado en Santa Fe de Bogotá D.C., el 23 de abril de 1992.

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