CONTRALORÍA PODRÁ VOLVER A SAN ANDRÉS

CONTRALORÍA PODRÁ VOLVER A SAN ANDRÉS

La Corte Constitucional determinó que no se les puede negar la residencia temporal en San Andrés a los funcionarios de entidades nacionales que sean enviados a la isla.

03 de febrero 2003 , 12:00 a.m.

La Corte Constitucional determinó que no se les puede negar la residencia temporal en San Andrés a los funcionarios de entidades nacionales que sean enviados a la isla.

La decisión se tomó al concederles una tutela a nueve funcionarios que habían sido enviados a este departamento desde Bogotá por la Contraloría General y a los que las autoridades de control migratorio de San Andrés les negaron su residencia temporal e impidieron su posesión en el cargo, lo cual ocasionó el cierre de la entidad de control fiscal en agosto del año pasado y un enfrentamiento entre las dos entidades.

La Oficina de Control a la Circulación y Residencia (OCCRE) argumentaba que los empleados de la Contraloría no figuraban en la lista de los funcionarios que pueden trabajar sin permiso.

Sin embargo, el máximo tribunal ordenó la semana pasada a la OCCRE otorgarles la autorización temporal de residencia para que puedan ejercer sus funciones.

Los nueve funcionarios fueron nombrados por el entonces contralor Carlos Ossa Escobar para suplir vacantes en la sede de la entidad, en virtud de un concurso de méritos. Sin embargo, solo.

Los juzgados y la Corte Suprema le habían concedido la razón a la autoridad de control migratorio de San Andrés, pero en revisión, la Corte Constitucional revocó los fallos de primera y segunda instancia y les dio el derecho a la residencia temporal.

Es ajustado a la Constitución y la ley que la OCCRE decida, en algunos eventos, negar a un grupo de colombianos que desean irse a vivir al archipiélago el derecho a permanecer en las islas, pero no cuando se trata de un funcionario de la Contraloría que tiene la importante y delicada misión de ejercer el control fiscal a las finanzas de quienes manejan dineros públicos, puesto que tales funcionarios tienen el deber de cumplir sus funciones constitucionales y legales que buscan evitar la corrupción y que se dilapiden los recursos públicos y que se usen de la manera más eficienteinformó la Corte.

El control fiscal a los dineros que ejecutan las entidades oficiales del nivel central, departamental y municipal se estaba realizando desde Bogotá, a través de comisiones que viajaban a las islas para adelantar las auditorías del caso.

La Corte Constitucional, además, dijo que la decisión se extiende a los funcionarios que ejerzan autoridad civil, administrativa, política o militar, así como a los miembros de las Fuerzas Militares, de Policía y del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y sean enviados a San Andrés.

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