CRISIS AGUDA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

CRISIS AGUDA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Las revelaciones del contralor Antonio Hernández Gamarra sobre el desviado e inesperado destino del impuesto de patrimonio, establecido por una sola vez con el objeto específico de atender al robustecimiento de la capacidad operativa de la Fuerza Pública, vienen a constituir categórica voz de alerta ante el riesgo de sufrir frustración similar a la melancólica, esterilizante y un poco inadvertida de los bonos de paz del gobierno anterior. Patriótica grima da saber que todavía hoy se encuentran invertidos en papeles rentables del Estado (los famosos TES) un billón trescientos mil millones de pesos provenientes de dichos bonos.

25 de febrero 2003 , 12:00 a.m.

La múltiple y contagiosa propensión arbitrista de la última época parece soslayar una severa y pertinaz crisis de administración financiera. A los funcionarios subalternos da trazas de halagarles y satisfacerles mantener inmovilizados cuantiosos recursos en depósitos bancarios y en títulos rentables del mismo Estado. En solo TES se hallan 22 billones, que figuran como deudas del Gobierno Nacional pero también como activos de las respectivas entidades públicas.

Se comprende que el Instituto de Seguros Sociales se incline a preservar el poder adquisitivo de sus reservas, concretamente la de pensiones, en cosas confiables cuyos réditos compensen los efectos de la desvalorización monetaria. Con este propósito se instituyeron, en 1967, los bonos de valor constante de circuito cerrado, cuyos fondos se aplicaron a programas de vivienda e industrialización. No es explicable, sin embargo, que se dilaten inversiones apremiantes, como las de orden público, en aras de una mentalidad avara y en provecho directo o indirecto de intereses ajenos.

La nociva tendencia viene de atrás, con la diferencia de que en otras épocas se disponía de facultades suficientes para prevenirla y reprimirla. A los pagadores los seducía la perspectiva de acreditarse o de beneficiarse depositando cuantiosos dineros en las instituciones financieras, y a los jefes superiores complacía disponer no propiamente del capital sino de sus rendimientos periódicos y regulares para la ejecución de los programas gubernamentales.

Así, por ejemplo, se acumularon enormes sumas originalmente destinadas a construcciones escolares, circunstancia que llevó a soñar en la fundación de un banco del sector educativo. Para restablecer la normalidad, fue menester cortarles el chorro a tales erogaciones mientras no se cumpliera su finalidad y no se agotaran los recursos de ese arbitrario modo represados. Al Instituto de Bienestar Familiar, en condiciones análogas, se le transfirieron correctiva y preventivamente a las arcas neutrales del Banco de la República. Por entonces, el Ministro de Hacienda no se había convertido aún en notario y poseía las atribuciones necesarias para poner coto a semejantes anomalías.

No era de pensar que con los TES una deformación de similar laya indujera a esas mismas instituciones financieras a apuntarse a la garantía de su utilidad para eludir las contingencias propias de la concesión de créditos. Como la colocación de esos papeles causa sustanciosas comisiones, para quienes están en el negocio se les vuelve fuente de pingues ingresos y, por tanto, estímulo poderoso para encontrar quien los adquiera o quienes se los rapen, incluso en la órbita de la prestación de un servicio público.

La ausencia de administración financiera puede eventualmente conducir a imponer tributos sin haber comprobado previamente su necesidad imperiosa. A la memoria de quien escribe estas líneas viene la presión que se ejerció desde algunos despachos oficiales de alto rango para el establecimiento de nuevos gravámenes como supuesto e ineludible requisito para realizar el programa de los institutos de enseñanza media (Inem). Hasta iniciativas abiertamente disparatadas se sugirieron. Si no prosperaron fue por la resistencia del guardián de las finanzas públicas para abrirles paso, injustificado e injustificable a la luz de la magnitud presente y futura de los recaudos. De las ciegas tendencias arbitristas, líbrenos, Señor! Sin vanos ofuscamientos y consultando los intereses superiores de la patria, corresponde descongelar el fondo de más de un billón de pesos de los bonos de paz del presidente Pastrana y velar por que los del impuesto al patrimonio se apliquen escrupulosamente al objetivo prioritario y único al cual se les destinó. Sin duda, en este empeño han de emular todos los miembros del actual Gobierno. El terrorismo no da tregua ni permite impertinentes distracciones. Pero algo más se requiere: el restablecimiento de la alicaída y casi olvidada administración financiera.

Ojos satelitales Mucho ruido ha provocado el anuncio de que vendrán ciento cincuenta marines a rescatar tres sobrevivientes de la frágil avioneta monomotor derribada por las Farc. Como si de película se tratara, se les imagina abriéndose paso, con armas milagrosas, por entre las adversidades de la manigua y los enjambres de guerrilleros.

A nadie parece habérsele ocurrido que quizá su misión, en el caso de materializarse, pudiera ser, más bien, la de transmitir a los soldados colombianos las esquivas luces satelitales sobre la posición de los captores y de los cautivos, la de darles pistas y orientarlos hacia el objetivo estratégico. O, en otras palabras, la de hacerles saber lo que ellos escrutan tecnológicamente desde las alturas, sin perjuicio de orientarlos y asistirlos en una espectacular operación de rescate.

Obvia y natural es la reacción de las autoridades colombianas y estadounidenses por el asesinato despiadado de dos de los tripulantes. No se entiende, sin embargo, la razón para haberse expuesto a semejante peligro, volando a baja altura en una nave fácilmente vulnerable, sobre un territorio infestado de grupos en armas. La posibilidad de la represalia ineluctable no era suficientemente disuasiva. Y ocurrió lo que ocurrió. Se prestarán al gobierno de Colombia, ahora sí, los prodigiosos ojos del satélite?abdesp

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