LA CORTE CON SU FALLO HABRÍA PUESTO LÍMITES EN PERÍODOS DEL CONGRESO ASAMBLEA: SIN PLENA SOBERANÍA

LA CORTE CON SU FALLO HABRÍA PUESTO LÍMITES EN PERÍODOS DEL CONGRESO ASAMBLEA: SIN PLENA SOBERANÍA

La Constituyente, como supremo legislador primario, es tan soberana que inclusive e hipotéticamente podría hasta dar vuelco al régimen institucional, según sentencia de la Corte Suprema. Pero de acuerdo con el alto tribunal, según anotan algunos analistas, a la Asamblea le está vedado, en forma absoluta, afectar el período de ejercicio de los actuales congresistas; también el del Contralor General, el Procurador -- si es elegido--, supermagistrados del Tribunal Disciplinario, magistrados recientemente elegidos por la propia Corte, y de todos aquellos empleados o funcionarios de lapso constitucional o legal vigente, incluidos en la normatividad de inhabilidades que contempla el Decreto 1926.

23 de octubre 1990 , 12:00 a. m.

El texto del fallo, dado a conocer exclusivamente por EL TIEMPO el sábado pasado, dice así: Advierte la Corte que los actuales períodos de los funcionarios mencionados en el punto 9 a) del acuerdo político, incluidos en la parte considerativa del Decreto 1926 de 1990, no podrán ser afectados, pues de lo contrario carecerían de sentido las inhabilidades futuras y las coincidencias de ellas con los años electorales allí señalados . Y el mencionado punto del pacto político establece: Para ser miembro de la Asamblea Constitucional se requiere: no estar desempeñando ningún otro cargo o empleo de responsabilidad política o de jurisdicción o mando en el sector público... Quiénes son los funcionarios cuyos períodos, según la Corte, no deben ser afectados? Los senadores, los representantes a la Cámara, diputados, concejales, alcaldes, Contralor General de la República, Procurador de la Nación --si es nombrado ahora--, supermagistrados de la Supercorte, magistrados de los tribunales, recientemente elegidos por la misma Corte, y jueces.

Por extensión, agregó un magistrado del Consejo de Estado, quien pidió mantener su nombre en reserva, podrían quedar cobijados con la prerrogativa, tanto los magistrados del Consejo como los de la Corte, autores estos últimos de la sentencia. La razón sería que ellos ascienden al cargo y no lo dejan sino hasta cuando llega la edad de retiro forzoso, lo que implica un sistema excepcional de período.

Paradójicamente, el pacto político --eliminado parcialmente por la Corte-- no incluia en su temario de reformas todo lo relacionado con el período actual de los congresistas. Pero la Corte, extrañamente, lo resucitó y al parecer con una mayor amplitud, incluyendo hasta los altos funcionarios judiciales designados para cuatro años por este tribunal.

Sinembargo, expertos juristas consultados por EL TIEMPO dicen que se trata de una escueta e inválida insinuación sin obligatoriedad para el Constituyente primario .

Agregaron que parece tratarse de un lapsus de los falladores, incrustado en el epílogo de las consideraciones de la sentencia y que, tal vez, no fue objeto de estudio de fondo durante la agitada sesión que concluyó con el respaldo a una Constituyente sin limitaciones.

Igualmente dijeron que el párrafo es de patente contradicción con el fallo, considerado en todos sus alcances. Y que los constituyentes, siendo soberanos, mal podrían hallar escollos de tal natauraleza frente, por ejemplo, a la reforma del Congreso y de la justicia, prioridades sugeridas por la opinión nacional.

También afirmaron que si tal comentario, solo considerativo, no lo cumple la Constituyente, los posibles afectados no tendrían ante quien acudir para el restablecimiento de su derecho adquirido, pues contra el acto que expida no existirá apelación alguna, ni siquiera ante la misma Corte.

Es de recordar que el pacto político establecía que una vez producida la reforma, su texto, antes de entrar en vigencia, debía ser revisado por la Corte para que estableciera si se avenía con el temario al que debía ajustarse. Esta obligación también la tumbó la Corte. Así, la nueva ley fundamental del país regirá sin que pueda tener control jurisdiccional o político.

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