LA JUSTICIA EN UN ESTADO COMUNITARIO

LA JUSTICIA EN UN ESTADO COMUNITARIO

En las bases del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Uribe se abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la agenda del país en materia de Justicia. En dicho documento se establecen dos propósitos centrales: 1) Organizar, fortalecer y articular los operadores de justicia; y 2) Fortalecer los sistemas de información y estadística como herramientas para la toma de decisiones y la definición de políticas públicas.

06 de febrero 2003 , 12:00 a.m.

En las bases del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Uribe se abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la agenda del país en materia de Justicia. En dicho documento se establecen dos propósitos centrales: 1) Organizar, fortalecer y articular los operadores de justicia; y 2) Fortalecer los sistemas de información y estadística como herramientas para la toma de decisiones y la definición de políticas públicas.

Un Sistema Social de Justicia debe entenderse como la articulación, a través de una visión compartida, de los actores principales de la sociedad y el Estado en el objetivo de construir condiciones de convivencia, paz y seguridad que den garantía de los derechos sociales, fundamentales y materiales. Esto hace de la Justicia un producto que se construye en la interacción ordenada y concertada entre el aparato orgánico e institucional de Justicia del Estado y la sociedad.

Es un acierto del gobierno identificar la falta de articulación de los actores de Justicia, la falta de información y conocimiento para la toma de decisiones y la complejidad del ordenamiento jurídico como los principales retos de la Justicia.

Se mencionan también en las bases del Plan los problemas recurrentes de la Justicia: la congestión, las dificultades de acceso, la mora judicial, la impunidad, etc.

No se puede seguir fomentando la dispersión de mecanismos de solución de conflictos o incrementando las jurisdicciones o implementando figuras de administración de Justicia si con ello no se avanza en la identificación de unos principios integradores.

La concurrencia de la justicia formal jurisdiccional y administrativa con los mecanismos y figuras no formales y con las opciones comunitarias; la articulación de lo propiamente llamado administración de Justicia con otros aspectos del desarrollo social; la interdependencia de los derechos sociales, fundamentales y materiales; y la construcción de un capital social que interactúe activamente con el Estado, son todos ellos requisitos de la Justicia en un Estado comunitario participativo, gerencial y descentralizado.

Ahora bien, el segundo gran propósito del Gobierno es el fortalecimiento de los Sistemas de Información y Estadística para la toma de decisiones. Mucho se ha avanzado en el tema y en esto merece reconocimiento el Consejo Superior de la Judicatura.

Sin embargo, siguen pendientes dos acciones básicas: la formación de una verdadera cultura de uso de información y conocimiento para la toma de decisiones de política pública, y la estructuración de un régimen nacional de información judicial y de Justicia.

Muchas expectativas genera esta nueva visión del Gobierno en relación con la Justicia, y es de esperarse que las reformas en curso, tanto la del sistema penal como la de la estructura de la Justicia acompañen este espíritu renovador.

Es entendible que estos son propósitos de mediano y largo plazo, y que por lo pronto será necesario atender las apremiantes necesidades, pero también es urgente que se entienda que no solo la medicina hace salud, y que lo ideal es que el juez falle cuando todos los otros mecanismos fallan.

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