LE EXPROPIARÁN BIENES A CEREBRO DEL ROBO DEL SIGLO

LE EXPROPIARÁN BIENES A CEREBRO DEL ROBO DEL SIGLO

En una de las operaciones delictivas más audaces de la historia reciente, el 16 de octubre de 1994, un grupo de delincuentes ingresó a las instalaciones del Banco de la República de Valledupar y, sin disparar un arma ni forzar puertas o cajas de seguridad, se apoderó de 24 mil millones de pesos en efectivo.

07 de marzo 2003 , 12:00 a.m.

En una de las operaciones delictivas más audaces de la historia reciente, el 16 de octubre de 1994, un grupo de delincuentes ingresó a las instalaciones del Banco de la República de Valledupar y, sin disparar un arma ni forzar puertas o cajas de seguridad, se apoderó de 24 mil millones de pesos en efectivo.

Las pesquisas de las autoridades condujeron a la captura de por lo menos 22 personas, entre ellas, Jaime Bonilla Esquivel, acusado de ser el cerebro del que se consideró en su momento como el robo del siglo .

Ahora, nueve años después, la Fiscalía le solicitó a un juez especializado extinguir 35 bienes avaluados en más de dos mil millones de pesos de Bonilla y de otras ocho personas involucradas en el multimillonario robo.

Durante años, la Fiscalía rastreó los bienes que estas personas adquirieron con el dinero hurtado al Banco de la República con el fin de buscar su expropiación.

Los bienes están representados en 12 apartamentos, 6 establecimientos comerciales, 3 garajes, 5 locales y 3 lotes, todos en Bogotá. Así como dos camperos Nissan, un Toyota, dos automóviles (Daewoo y Ford), una grúa y un lote de 190 joyas.

De esta manera la justicia está buscando que los delincuentes, además de pagar sus penas en prisión, no se queden con los bienes y el dinero que obtuvieron a través de sus actividades ilícitas , explicó uno de los investigadores.

Los implicados.

Bonilla es un ex agente del Cuerpo Técnico de Investigación de la desaparecida Instrucción Criminal. Tras el cerco que le montaron los organismos de seguridad, mediante operaciones de inteligencia, Bonilla se entregó a la justicia y reconoció su participación en el robo y obtuvo una pena de 12 años. También recibió otra condena relacionada con una millonaria defraudación (ver recuadro).

La decisión de la Fiscalía afectó además a Luis Enrique Durán, condenado por suministrar el medio de transporte para llevar el dinero robado. Durán había recibido 120 millones de pesos por su participación en el robo; Virgelina Serrato, que se dedicó a adulterar el número de serie de los billetes; Leonardo Almonacid Mahecha, y Hernán Hugo Jaramillo Gallego, este último contacto de Bonilla y coordinador de la entrada al Banco. Fue condenado a 15 años.

La Fiscalía también pidió la extinción de dominio a bienes de Claudio Arturo Villarraga García, condenado a 8 años, y quien participó directamente en el hurto; Fabio Guillermo Guzmán, (mayor retirado de la Policía) sentenciado a 9 años; Cesar Augusto Barranca y Juan Carlos Peña, condenados a 10 años, cada uno.

La justicia especializada será la que, finalmente, decida si estos bienes pasan definitivamente a manos del Estado.

De los 24.072 millones de pesos hurtados, 18.560 correspondían a billetes sin emitir (no habían salido al público), 3.700 millones de pesos correspondían a billetes nuevos (series conocidas) y 1.812 millones correspondían a billetes que ya habían estado en circulación.

Las autoridades lograron recuperar cerca de dos mil millones. Aproximadamente, 18.000 millones de pesos fueron puestos en circulación por los delincuentes y canjeados por el público en las entidades financieras en todo el país.

TAMBIEN ESTAFO A MINHACIENDA.

Jaime Bonilla, el cerebro al robo del Banco de la República de Valledupar, no solo fue condenado por ese hecho.

El 26 de octubre de 1998, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le dejó en firme una sentencia en su contra de 10 años de cárcel y el pago de 960,608 millones de pesos, por concepto de daños y perjuicios, por una millonaria defraudación al Ministerio de Hacienda.

Según el fallo, la defraudación se registró durante 1992, cuando Bonilla actuó en complicidad de un familiar suyo y un particular, con quienes se valió de sentencias falsas del Consejo de Estado para que les fueran cancelados, fraudulentamente, más de 500 millones de pesos.

Al descubrir el ilícito, las autoridades impidieron el pago de tres cuentas restantes, que ascendían a más de 118 millones de pesos.

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