LAS PERLAS DE LOS JUICIOS FISCALES

LAS PERLAS DE LOS JUICIOS FISCALES

Un carnicero, una modista y un conductor fueron las personas utilizadas por una ex gerente de oficina del Banco del Estado en Bogotá para apropiarse de créditos por 392 millones de pesos que fueron sustraídos indebidamente de la entidad financiera entre 1995 y 1996.

26 de octubre 1999 , 12:00 a. m.

La ex gerente de la sucursal bancaria, Liliana Rueda González, convenció a su conductor personal, a una amiga modista a un carnicero de confianza para que le sirvieran de fachada y fueran los aparentes beneficiarios de créditos que, en realidad, eran para la funcionaria.

Después de apropiarse de los créditos, la ex gerente abandonó el país y dejó a sus amigos en serios problemas y sin un peso en el bolsillo.

Este es apenas uno de los 57 casos sobre los que la Contraloría General de la República abrió la semana pasada juicios fiscales como un paso para tratar de recuperar los recursos defraudados al Estado.

Otro caso es el de Eva Fanny González Taborda, ex trabajadora de la Asamblea del departamento del Magdalena que, para hacerse acreedora a una pensión del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, argumentó que había trabajado como mecanógrafa de la Asamblea desde que tenía solo 12 años de edad.

La Contraloría desestimó fiscalmente los dineros cancelados a la pensionada por 452 millones de pesos y elevó esa suma a faltante de fondos públicos bajo la responsabilidad solidaria de quien fuera director del Fondo en 1996, Claudio Manotas Pertúz y la jefe de prestaciones económicas del organismo, Gloria Cardozo, quienes reconocieron y pagaron la pensión a la ex trabajadora de la Asamblea del Magdalena.

Otros juicios El contralor general, Carlos Ossa, dijo que estos casos son ejemplos claros de la manera como funcionarios estatales desangran las arcas oficiales en beneficio particular.

Confirmó que se abrieron juicios fiscales a funcionarios de otras entidades como la Caja Agraria, el BCH, el Banco del Estado el Icel, La Superintendencia de Notariado y Registro y el Inat por 48.000 millones de pesos.

En el caso de las instituciones financieras oficiales se abrió juicio a los ex presidentes de la Caja Agraria, Benjamín Medina y Sigifredo Peña, así como a los ex presidentes del BCH, Henry Avila y del Banco del Estado, Camilo Arturo Cabal.

Por las irregularidades en la Superintendencia de Notariado se vincularon a funcionarios que en 1997 incurrieron en malos manejos de recursos y en contrataciones irregulares. En estos casos se vincularon a la ex superintendente, Martha Cecilia Bahamón Restrepo, y al cajero principal de la entidad en 1997, Adriano Ortiz Hernández.

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