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CORTES RESPALDAN A BANCO AGRARIO

La liquidación de la Caja Agraria y la creación del nuevo Banco Agrario recibió ya el respaldo de tres altas cortes de justicia del país.

Redacción El Tiempo
El Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura han rechazado hasta el momento todas las tutelas presentadas por los trabajadores de la Caja, que fueron retirados de sus cargos a raíz de la reestructuración.
Aún está pendiente el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que tendrá a su cargo la revisión de las sentencias de tutela dictadas en todo el país como consecuencia de la liquidación.
Desde que se conoció el cierre de la Caja, el pasado 24 de junio, los empleados que fueron retirados de ella han presentado 1.467 tutelas a nombre de 1.974 trabajadores, invocando en su favor los derechos al trabajo, al debido proceso y a la libre asociación, entre otros.
Sin embargo, de este número solo 42 fallos les han sido favorables a igual número de demandantes, mientras que hasta el viernes habían sido negadas 1.090 tutelas que cobijan a 1.594 trabajadores.
La mayoría de estas decisiones ya tienen un pronunciamiento de segunda instancia, que en algunos de los casos han sido emitidos por las altas cortes.
Estas corporaciones han determinado que la tutela no es la vía adecuada para exigir el pago de prestaciones laborales o para echar atrás una decisión eminentemente administrativa.
En total, de los más de 8.000 puestos de trabajo con que contaba la Caja Agraria, unos 4.000 fueron eliminados. Los demás trabajadores, en su mayoría, pasaron a hacer parte de la planta de personal del nuevo banco.
En uno de los pronunciamientos, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Carlos Isaac Nader, señaló: Es evidente la improcedencia de la acción de tutela, en tanto se pretende, simple y llanamente, que en segunda instancia la Corte sustituya a los jueces laborales y por vía de un procedimiento extraordinario desconozca la existencia del Código Procesal del Trabajo .
Tanto la Corte como el Consejo de Estado y la Judicatura han reconocido que el Gobierno indemnizó a los trabajadores que perdieron sus cargos, por lo cual no se puede decir que se les haya producido un daño.
La última palabra sobre el tema la tendrá la Corte Constitucional que estudia hasta el momento más de 500 revisiones de tutela por este tema además de varias demandas que buscan que se declare la inconstitucionalidad de los decretos con base en los cuales se liquidó la Caja y se creó el Banco Agrario.
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