VIVA LA CORTE

Cuando se promulgó la nueva Constitución Política de Colombia en 1991, en su título V, de la organización del Estado, capítulo I de la estructura del mismo, en el artículo 116 aparece la Corte Constitucional como primer órgano de administración de justicia, y en el título VIII del capítulo IV, en el artículo 241 le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución y dentro de sus funciones, numeral 5, debe decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes que dicta el gobierno, cuando se presume tienen vicios en su contenido material, o de procedimiento en su formación, es decir que pasarán bajo la lupa eminentemente jurídica de los 9 magistrados.

19 de octubre 1999 , 12:00 a. m.

A raíz de los últimos pronunciamientos de la Corte sobre las facultades extraordinarias que el Congreso le había conferido al Gobierno, la clase política se vino lanza en ristre contra sus decisiones, descalificándola con los términos más desobligantes.

Afortunadamente la corte no emite sentencias políticas que solo responden al interés gubernamental y del Congreso para subsanar situaciones coyunturales, y es ahí cuando corren el riesgo jurídico de caerse, pues sus equipos asesores no profundizan en la elaboración de las leyes que nos han de regir, justificando sus deficiencias mediante la crítica superficial en los medios de comunicación, dejando la pésima imagen del desconocimiento y desacato a la constitucionalidad.

Qué alivio que la Corte haya revisado, después de la demanda de numerosos ciudadanos, el atropellante sistema Upac, que por culpa de las decisiones tomadas por la junta directiva del Banco de la República desde octubre de 1994, pervirtió la fórmula de la liquidación de intereses sobre intereses, llamada tasa DTF (usura o anatocismo), elevando los costos de la vivienda a cifras astronómicas para desgracia de muchos hogares y pequeños constructores, o finalmente entregar las viviendas y quedar en la absoluta quiebra.

Los dueños del capital que han obtenido un obsesivo enriquecimiento, han puesto la decisión de la Corte en entredicho a pesar de que ella fue muy benévola al dilatar la aplicación de este inconstitucional sistema hipotecario.

Que bueno que la Corte haya orientado los destinos del dos por mil, con destino a la Hacienda oficial, o de lo contrario estaría capitalizando la enorme caja fuerte de las corporaciones privadas que no se resignan a entender que la bonanza pasó, y que deben ganar lo justo y contribuir al desarrollo de la Nación.

*Especialista en Gestión Pública

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.