EDGAR ARDILA CONSERVA SU INVESTIDURA

EDGAR ARDILA CONSERVA SU INVESTIDURA

El Tribunal Contencioso Administrativo del Meta negó la demanda de pérdida de investidura contra el concejal de Villavicencio Edgar Enrique Ardila Barbosa.

22 de octubre 1999 , 12:00 a. m.

El fallo le permite a este abogado seguir prestando sus servicios profesionales en alcaldías diferentes a la de Villavicencio y a la Contraloría Departamental, y simultáneamente ejercer como concejal de la capital del Meta.

El miembro de la corporación municipal se ha destacado por ser el mayor contradictor político de la administración del alcalde Hernando Martínez Aguilera.

La demanda fue presentada por el periodista Carlos Mario López Alvarez por considerar que el concejal estaba incurso en causal de incompatibilidad al contratar con Humus de Colombia una asesoría integral entre julio de 1998 y junio de 1999, firma que en 1995 suscribió un contrato con el municipio de Villavicencio para la disposición final de las basuras, pero que en la actualidad es objeto de investigación de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría municipal.

La demanda también señala que el abogado Ardila Barbosa está inhabilitado para contratar con entidades públicas (los municipios de Acacías y Cumaral, la Contraloría Departamental y la Empresa de Acueducto y alcantarillado de Acacías), recibir asignaciones del tesoro público por el mismo concepto y simultáneamente percibir honorarios por su ejercicio como concejal.

En el primer caso, el Tribunal señala que en ninguna parte se encuentra demostrado que el demandado haya tenido relación alguna con Carlos Alberto Zabaleta Barreto (representante de Humus de Colombia) mientras este fue contratista del municipio.

Para que se produzca la incompatibilidad del ejercicio de la función, la relación del concejal con el contratista debe ser simultánea a la de éste con el municipio, es decir que en el mismo tiempo las dos personas ostentaran esas calidades respecto de la misma entidad territorial... , dice en la sentencia.

En cuanto a la prestación de servicios profesionales a las entidades oficiales, el fallo aclara que la Ley 177 de 1994 acepta que los concejales puedan ser contratistas estatales con entes diferentes al ente para el que fueron elegidos y que a estos servidores públicos solamente se les prohíbe la posibilidad de contratar con el municipio en el cual ejerzan sus funciones.

Agrega que la incompatibilidad de recibir honorarios como concejal y cualquier otra asignación del tesoro público, no está determinada como una causal de pérdida de investidura, y que no es más sino la prohibición de recibir dos asignaciones del erario.

Diferentes son los honorarios que se reciben con base en un contrato estatal -explica el Tribunal-, porque ellos no tienen el carácter de asignación, sino que son emolumentos convenidos entre las partes, es de la naturaleza misma del contrato que sea un acuerdo de voluntades y, en este aspecto no existe en la contratación estatal norma que limite la libertad de las partes para acordar el valor de los honorarios por la prestación de los servicios personales...

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