ABUELO, Y SIN CASA

ABUELO, Y SIN CASA

José Felix Lafaurie Rivera*La Corte Constitucional, a través de un fallo de inexequibilidad, desmontó la capitalización de intereses para el sistema de financiación de vivienda y requirió del ejecutivo la presentación de una ley marco para la misma. El gobierno, en respuesta, presentó un proyecto de ley con un alcance presuntamente mayor, al intentar solucionar el problema financiero tanto de los usuarios como de los prestamistas, para darle una solución a la burbuja que nos explotó en las manos.

21 de octubre 1999 , 12:00 a. m.

La solución propuesta, tapa un hueco abriendo otro, de tipo fiscal, arrasando con los esfuerzos que el país y organismos internacionales están realizando para que Colombia vuelva a niveles manejables de déficit fiscal a la vuelta del 2002. De todas maneras la solución tiene a su favor la virtud de romper el esquema tradicional de solucionar problemas de similares características con el favorecimiento de unos pocos. En este caso se buscó restituir a todos los usuarios del sistema Upac, que fueron al fin de cuentas los que pagaron por las medidas improvidentes, que a los dueños de los bancos. Sin embargo sobre los resultados urgen algunos interrogantes.

En efecto, con el proyecto de ley marco de vivienda, el Gobierno se echa al hombro una pérdida que, según sus mismos cálculos, suma dos billones de pesos. Para tal efecto emite Títulos de reducción de la deuda - TRD , indexados más 4 puntos, con plazo inicial de cinco años para su redención. Esto significa borrar con el codo lo que se hará en estos años para disminuir el roto actual de las finanzas públicas, que asciende a 5 puntos del PIB y que se tiene proyectado reducir gradualmente hasta llegar a 1.5 puntos del PIB en el 2002, cuando se rediman los títulos dentro de cinco años o más. Déficit que tendrán que pagar los contribuyentes, socializándose de está manera las pérdidas descritas en favor de los deudores actuales del sistema Upac, o, mirándolo desde otra perspectiva, contribuyendo a la utilidad que ganaron las CAV y los ahorradores en los años de altas tasas de interés.

En segundo término, aunque con el proyecto de ley se trata de limpiar los balances, subsisten serios problemas con los bienes recibidos en dación de pago por las entidades financieras. Actualmente la cartera vencida hipotecaria suma 2.2 billones de pesos, lo cual equivale grosso modo a 150 mil viviendas. Un porcentaje importante son daciones de pago que no volverán a sus antiguos dueños, pero que indefectiblemente el sistema financiero tendrá que deshacerse de ellas para evitar mayores pérdidas y poder reducir los márgenes de intermediación. Esto tenderá a presionar aún más los precios de la vivienda a la baja, o por lo menos no les permitirá ascender hasta que no se vuelva a reactivar la capacidad de pago de los colombianos, lo que indica que el proceso de destrucción de riqueza no ha tocado fondo.

De otra parte, hay que tener en cuenta que el sistema tiene 800.000 usuarios, lo cual significa que habría que revisar los 800.000 créditos. Cifra que a primera vista tendría un alto riesgo para el Gobierno de que sobrepasara el monto de dos billones. Sin embargo, si se trata de revisar desde 1988 sólo la corrección monetaria y no el total del costo del crédito, es decir sin incluir intereses , el saldo de la reliquidación para muchos créditos tenderá a cero porque desde esa fecha hasta 1990 la corrección monetaria estuvo por debajo de la inflación, en tanto que desde esta última fecha hasta enero del 97 estuvo por encima. Sólo tendrán alguna disminución de la deuda los créditos vigentes a partir de 91-92. Eso se llama jugar con la credibilidad.

Nótese que en el proyecto no se habla de la tasa de interés o margen, que es el otro componente de la tasa financiera de un crédito de vivienda. Hasta 1997 la corrección monetaria, que determinaba el valor de la Upac, constituía el 60 por ciento del costo financiero y el interés el otro 40 por ciento. Con el nuevo nombre que le ha dado al sistema -UVR- simplemente lo que se está haciendo es volver al sistema Upac a sus comienzos. En aquella época la fórmula era muy simple: CM (que era 100 por ciento inflación) + 4 ó 5 puntos por concepto de administración. Con el paso del tiempo este segundo componente llegó a elevarse hasta 20 puntos. Luego hoy, con una tasa de inflación de 11 puntos y un margen de 16 puntos, el peso específico de este segundo componente en la determinación del costo financiero será superior al 60 por ciento. La determinación de este margen, como siempre lo ha sido, queda en cabeza de las entidades prestamistas. Aquí los usuarios no tienen ninguna posibilidad de modificarlo debido a la rigidez del sistema. Entonces, en qué queda todo el esfuerzo del gobierno a través del proyecto de ley? Cómo debe ser la contribución del sector financiero? El proyecto contiene además otros dos elementos que bien vale la pena que el gobierno explique. Se trata de que el Estado asume la deuda sólo para los créditos vigentes y los que estarán al día al 31 de diciembre de este año. Surge la pregunta de qué pasa con los usuarios de crédito que terminaron de pagar hace muy poco tiempo? No introduce esto un sesgo en la ley que pone en peligro la exequibilidad de la misma, porque la ley puede ser inequitativa? Finalmente una acotación con el plazo máximo señalado por el gobierno en el nuevo esquema de financiación. Los plazos largos son posibles sólo en la medida en que el costo financiero del crédito sea bajo. En Colombia, antes de esta hecatombe, las CAV hicieron ejercicio de simulación con plazos similares a los del proyecto de ley. La resultante fue que las cuotas, en vez de bajar, se elevaron por el componente de costo adicional en la capitalización negativa por los altos intereses. Si el sector financiero no hace un esfuerzo similar al que hace el gobierno para reducir el margen, una persona que opte por un plazo de 30 años tendrá que endeudarse a los 20 años para tener casa cuando ya sea abuelo, a los 50 años. En el entretanto sólo trabajó para adquirir vivienda y no queda nada para el ahorro. Cosa diferente ocurre en otras latitudes en donde la cuota de la hipoteca absorbe un porcentaje reducido del ingreso de los individuos y en donde el estado asume una alta proporción de los servicios sociales.

Paliar la situación, o mejorar unos aspectos del problema es suficiente. Posponer la solución es agravarla. Seguir en la tónica de utilizar recursos para salvar entidades financieras, ya sea de forma directa o a través de los usuarios, es desperdiciar recursos que bien podrían ser utilizados para generar fuentes de trabajo y riqueza, que nos permita recuperar capacidad de pago y mejorar el ahorro. Es necesario, por lo tanto, rodear al gobierno con algunas ideas para evitar un nuevo descalabro del sector financiero y de la población, porque hacia esa posibilidad, no hay sino un solo paso.

*Vicecontralor General de la República

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