LA OTRA GUERRA CIVIL

LA OTRA GUERRA CIVIL

En los últimos meses hemos visto cómo al lado del conflicto interno ha surgido otra guerra civil, quizás tan desestabilizadora como la que se está librando en las montañas de Colombia. Desde las trincheras del Congreso, las ruedas de prensa, las columnas editoriales y las tribunas oficiales se dispara sin tregua contra las instituciones. Los blancos son aquellas entidades y órganos públicos que producen decisiones que no satisfacen al Gobierno, a un grupo de interés e, incluso, a una persona específica. No se trata ya de discrepar de una u otra decisión y de utilizar los procedimientos legalmente previstos para echarlas atrás, cosa legítima en una democracia, sino de ponerles una carga de dinamita política a los propios cimientos de instituciones esenciales para el país. Sin reparar en las consecuencias de largo plazo, se cuestiona a la ligera la legitimidad, la probidad y la autoridad de entidades que representan el patrimonio de un país en el que la credibilidad institucional brilla

19 de octubre 1999 , 12:00 a. m.

La Corte Constitucional se concibió sobre la base de otorgar autonomía al control constitucional y cimentar una separación de poderes que era muy débil antes de la Constitución de 1991. Ahora, cuando esa misma Corte emite juicios independientes que no son del gusto del Ministro de Gobierno o del Ministro de Justicia, resulta que se abusó de la autonomía, que la Corte está politizada y que sus miembros tienen aspiraciones presidenciales, es decir, en otras palabras, que es ilegítima. Independientemente de la bondad de los fallos, con algunos de los cuales discrepo, o de las habilidades jurídicas de sus miembros, dudosas en algunos casos, no se puede llevar el malestar con una decisión al peligroso terreno de tratar de quebrarle las patas a uno de los pilares de nuestro ordenamiento institucional. El país tiene que acostumbrarse a que, en las democracias de verdad, la función de control constitucional es, sin duda jurídica, pero también intrínsecamente, política. Basta fijarse en las decisiones adoptadas por la Corte Suprema de EE.UU. sobre la segregación racial, el aborto y los privilegios de las minorías para darse cuenta de cómo la misma Carta Magna puede conducir a decisiones bastante diferentes, dependiendo del contexto histórico.

La segunda batalla de esa perturbadora guerra civil es la campaña que se está librando contra la Fiscalía General de la Nación. Nuevamente, el país optó por un sistema acusatorio fuerte basado en una fiscalía independiente, después de haber sufrido por décadas la impotencia de una justicia paralizada ante la magnitud del desafío criminal. Esa decisión, que no fue fácil ante la arremetida de los narcos, fue un momento brillante en la historia institucional del país. Claro que ha habido abusos aberrantes; claro que algunos bandidos se han aprovechado de la autonomía de los fiscales para lograr sus intereses; claro que existen fiscales corruptos; pero lo que es innegable es que la Fiscalía le ha otorgado a la Ley una respetabilidad y una eficacia que no conocía el país. Es incuestionable que hoy la Ley ha recuperando amplio terreno frente al delito y es ahí donde se encuentra gran parte de la explicación de por qué, entre algunos círculos, se ha vuelto tan impopular la independencia del ente acusatorio.

Más recientemente se ha desatado una ofensiva política, igualmente alarmante, contra la legitimidad y la credibilidad institucional de la Junta Directiva del Banco de la República. A raíz de la caída de la banda cambiaria, el Gobierno ha querido lavarse las manos culpando a la Junta de sus propios pecados, poniendo peligrosamente en entredicho la autonomía del Emisor.

Como somos una nación sin memoria, se nos olvida que durante décadas el banco central, en esa época simple apéndice del Ejecutivo, fue la chequera personal de los gobiernos, los políticos y los grupos de interés. El resto del país pagaba el costo de ese esquema con inflación crónica y permanentes desajustes monetarios y cambiarios. Los constituyentes del 91 entendieron que ese modelo iba en contravía de los intereses de las mayorías y se decidieron por una alternativa que ha demostrado ampliamente sus bondades en otras latitudes. Además, la Junta ha cumplido con su mandato originario. La inflación ha bajado a niveles históricos y, a pesar de los desjuicios fiscales de los últimos años, se ha evitado una crisis cambiaria. Es por ello por lo que no se puede aceptar que, aprovechándose de la coyuntura, se le ponga una enjalma a la Junta para que trote al ritmo que quiera el Gobierno o algunos congresistas. Eso sería sacrificar la piedra angular de la estabilidad económica de largo plazo del país.

La guerra civil institucional se extiende todos los días a nuevos frentes y entidades. Mientras desde los balcones del poder y del Establecimiento se tira piedra con creciente ligereza e irresponsabilidad a los menguados fundamentos de un orden institucional, la guerrilla contempla sonriente desde afuera. Una cosa es tratar de echar para atrás y discutir una decisión; otra muy distinta, proponerse invalidar la institución que la produjo

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.