CONCESIÓN GRACIOSA

CONCESIÓN GRACIOSA

Afirmar que algún artículo de la Constitución es inconstitucional provoca la descalificación jurídica de quien lo hace, a pesar de ello, considero que el art. 187 de nuestra Carta lo es, y no sólo por vicios de procedimiento en su formación, única causal que contempla el art. 241, sino también por razones de fondo.

29 de octubre 1999 , 12:00 a. m.

El art. 187 consagra un privilegio para los congresistas al ordenar reajustar anualmente su asignación, derecho que la Constitución no reconoce a los trabajadores de ningún otro sector, y aunque no lo prohibe, gran diferencia hay entre un mandato constitucional y una concesión graciosa del gobernante de turno. Las consecuencias de esta diferencia la Nación las está sufriendo ahora.

El derecho a la igualdad, que a lo largo de la historia ha venido precedido de fervientes revoluciones, es uno de los pilares de la Constitución, así lo establece su preámbulo y lo concreta el art. 13 el cual solo permite el otorgamiento de ventajas en favor de grupos discriminados, marginados o más débiles.

Si bien el preámbulo de una Constitución no es norma positiva en sentido formal, sí es su parte más importante por cuanto indica su concepción y sienta los principios que constituyen su esencia y objetivos principales, de aquí que las normas concretas que desarrollan estos mandatos generales superiores no los puedan violar, pues, de ser así, se presentaría un desquiciamiento constitucional. Es tanta la importancia de los postulados constitucionales que su protección constituye uno de los fines esenciales del Estado (C.N. art. 2).

La declaración Universal de los Derechos Humanos -ONU, a la cual, adhirió expresamente Colombia, en su preámbulo y en su articulado manifiesta que la libertad, la justicia y la paz tienen por base el reconocimiento de iguales derechos e igual protección de la ley para todos. Nuestra Corte Suprema de Justicia, al reconocer la conformidad con los mandamientos de esta declaración, expresó que la salvaguarda del principio de igualdad significa igual protección de los derechos frente a unos mismos hechos, igualdad que debe ser entendida en el sentido de que tanto las cargas como los alivios deben ser proporcionalmente establecidos y encaminados a lograrla, lo cual significa que para buscar la igualdad real hay que tener en cuenta la desigualdad de los menos favorecidos y daría un tratamiento preferencial, de lo contrario, nunca se encontrará, de aquí que las ventajas sólo estén permitidas para estos y no para aumentar la desigualdad de los privilegiados, como lo hace el art. 187.

La Corte Constitucional, por su parte, señaló que una regulación no implica violación al principio de igualdad cuando la diversidad de trato tiene un fundamento objetivo y razonable de acuerdo a la finalidad perseguida por la norma , a contrario sensu, debe entenderse que si hay violación de ese principio cuando no existe fundamento objetivo y razonable, es para determinar si hay fundamento objetivo y razonable, dispuso tener en cuenta, además de la existencia de hechos diversos, si su finalidad es legítima desde la perspectiva de los valores y principios constitucionales y si esta finalidad se justifica. Al analizar cada uno de tales elementos claramente se advierte que el privilegio que el art. 187 consagra para los congresistas no encuentra acomodo en ninguno de ellos, por el contrario, su falta de racionalidad y su clara violación de los valores y principios constitucionales y universales y su incongruencia con un estado social de derecho se hacen evidentes.

Para mayor irritación, el porcentaje del aumento anual tampoco es igual al que se aplica para reajustar el salario mínimo sino superior puesto que debe hacerse en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central y abarca no simplemente el sueldo sino la asignación, concepto, que como lo indicara la Corte Constitucional, es más amplio que aquel.

Pero el art. 187 también es ilegítimo puesto que los constituyentes contrariaron la voluntad del pueblo que les entregó su representación no para que conservaran tan provocadores e injustos privilegios sino para eliminarlos. Es así como delegó la función constituyente bajo la condición de que sus delegatarios debían votar consultando únicamente la justicia y el bien común (Cfr. D1926/90), por ello, el Presidente de la República, al instalar la Asamblea expresó que de allí debía surgir una Constitución que contribuyera a construir una sociedad más abierta y menos desigual que impulsara a todos los colombianos a ser guardianes siempre alerta de la libertad, la justicia y la igualdad . La conservación del privilegio comentado significa el desconocimiento de la voluntad del pueblo y, por esto, no debería quedar sin control, y menos debería aceptarse que tal control podía prohibirse por los mismos delegatarios, tal como lo prohibieron desde su primer acto (Acto Constituyente No. 1).

La Constitución se viola no sólo cuando una ley prohibe lo que ella permite o cuando permite lo que ella prohibe sino también cuando sus artículos, sin razón ni justificación alguna, contradicen los principios en los cuales se estructura, y cuando, como en este caso, los constituyentes delegatarios se apartan de la voluntad de sus representados. Cada uno de estos vicios, por sí solo, acaba con la legitimidad de una norma, así esté inserta en la Constitución.

Si el art. 187 no es violatorio de la Constitución tampoco lo sería uno que permitiera la esclavitud (uno para cada congresista), a pesar de que el preámbulo proclame que el fin de la Constitución es el de asegurar la libertad y la igualdad de los integrantes de la Nación y de que el art. 17 expresamente la prohiba, como expresamente el art. 13 prohibe la desigualdad de trato.

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