FONCOLPUERTOS: UN FONDO SIN FONDO

FONCOLPUERTOS: UN FONDO SIN FONDO

La corrupción se manifiesta de muchas maneras. Compra y venta de votos, tráfico de influencias, contratos que no se ejecutan pero sí se pagan, porcentajes de los salarios de trabajadores que se van al bolsillo de sus padrinos políticos; presentación de documentos falsos para acceder a determinados cargos; sobornos, sobrecostos injustificados en las compras del Estado y, en fin, una cada vez más refinada cadena de la cual se benefician muchos eslabones y por ello tan difícil de romper. Ejemplo protuberante es Foncolpuertos.

28 de octubre 1999 , 12:00 a. m.

Parecería, en este caso, que hubiera existido una confabulación entre exempleados de Colpuertos, abogados, jueces, liquidadores, directores, tesoreros y toda suerte de sujetos que se dedicaron en forma conjunta a atentar contra el erario público. Tanto, que la entidad tiene a la fecha contabilizados como pagados $2.3 billones y por pagar -pasivo riesgoso- 2.4 billones de pesos, para un total de 4.7 billones de pesos, sin que ello signifique el verdadero monto del pasivo actuarial que el Estado debe tener para poder atender las obligaciones con los pensionados.

El manejo inadecuado de la entidad por parte de sus administradores, incapaces de contener la voracidad de los trabajadores de puertos, y cuya fuerza creció progresivamente hasta un punto que sin exagerar rayaba en el escándalo, fue el origen de dicha situación. En la empresa actuaban ocho sindicatos que, mediante la ley o por las convenciones colectivas, lograron rebasar las conquistas laborales normales.

Ante tales circunstancias, el Estado catalogó a la empresa como absolutamente inviable y terminó renunciando a hacer las cosas bien, claudicando ante los vientos privatizadores al trasladar la actividad portuaria a los particulares.

La Ley 1 de 1991 expidió la partida de defunción de Colpuertos. A cambio creó el Fondo de Pasivos de la Empresa Puertos de Colombia, que empezó a operar a finales de 1992, para que atendiera las obligaciones con los extrabajadores y para que mantuviera el pago de sus mesadas pensionales.

Este tránsito fue infortunado porque se hizo de manera desordenada, sin respetar los archivos que eran la base para el reconocimiento de los derechos prestacionales de los trabajadores ni todo lo que correspondía a la infraestructura física de la vieja Colpuertos.

Si bien existen unas actas, las mismas no reflejaron con exactitud la situación de entonces, y lo recibido por Foncolpuertos fue un verdadero embrollo. En 1993 la nueva entidad presentó quizás el plan más importante de desarrollo institucional. Un plan estratégico orientado a establecer las bases jurídicas, administrativas y organizativas mediante las cuales debía desarrollarse todo el proceso de liquidación y la creación de un sistema que pudiera administrar eficiente y correctamente todas las pretensiones pensionales de los extrabajadores.

Pero el plan se quedó en el papel. En ese momento, bajo la administración del señor Hernando Rodríguez, se dedicó a generar un sistema que precipitaría el caos, y generaría enormes espacios por donde, temerariamente, diferentes actores terminaron haciendo de Foncolpuertos una infamante ventana de oportunidad para defraudar y afectar el patrimonio público.

De acuerdo con la información que obra en los informes del Sistema Nacional de Pagos de Foncolpuertos, los extrabajadores y sus apoderados, mediante las múltiples interpretaciones a las convenciones colectivas, lograron concretar por vía gubernativa o por vía ordinaria cerca de cuarenta diferentes factores para la reliquidación de pensiones.

Los sistemas desarrollados entonces eran tan limitados y tan permisivos, que esos factores y el período en el que se estaba concediendo la pretensión no quedaban debidamente motivados y registrados en las bases de datos del Sistema Nacional de Pagos del Fondo. Eso impidió que el mismo factor fuera concedido una y otra vez al mismo demandante.

Las acciones de los organismos de control en este y en muchos otros casos han estado debidamente coordinadas. Desde hace unos seis meses la Contraloría General de la República viene trabajando intensamente con la Fiscalía y la Procuraduría, a efectos de poder contener el desangre de las arcas del Estado. A todas luces, Foncolpuertos constituye el caso más aberrante de defraudación del Estado. Es un caso que compromete a más de 10.000 actores. Es, en síntesis, el proceso 8.000 de la corrupción. Pero estamos convencidos de que lograremos ejecutar las acciones que permitan a los colombianos recuperar la fe en sus instituciones. Foncolpuertos se convertirá en el ejemplo demostrativo más claro de las actividades de los organismos de control para reprimir la corrupción y el delito.

*Vicecontralor General de la República

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