HACIA UN DEBATE SERIO Y COHERENTE

HACIA UN DEBATE SERIO Y COHERENTE

La economía colombiana sufre una seria crisis. La situación macroeconómica hoy se caracteriza por los siguientes factores: altísimo desempleo, fuerte recesión de la demanda, caída vertical de la inflación, tasa de ahorro en niveles lamentables y brecha externa considerable a pesar de la débil demanda interna. La posición monetaria y cambiaria, tranquila según las reglas del juego de la autoridad monetaria, pende en realidad de factores vinculados más a las expectativas y a la falta de confianza en el manejo económico, que a la mecánica de la oferta y la demanda de pesos y de divisas extranjeras.

25 de octubre 1999 , 12:00 a. m.

- En los últimos cinco años la tasa de desempleo ha aumentado en más de doce puntos porcentuales.

- La tasa de crecimiento anual de la demanda final, que en diciembre de 1993 superaba en más de cinco puntos la del crecimiento del ingreso, hoy está un punto por debajo de ésta; ambas variables han experimentado un colapso.

- La inflación entró en un tobogán: en un año hasta julio de 1999 el crecimiento anual del IPC se redujo en más de once puntos. Este shock de precios se sale de toda tradición colombiana.

- La tasa de ahorro nacional, calculada en 22 - 23% del ingreso a comienzos de la década de los noventa, se sitúa ahora en el 10%.

- Entre 1991 y 1998 se perdieron más de doce puntos del PIB en el balance externo corriente de Colombia. Por cuenta del reciente ajuste de precios relativos vía tasa de cambio, y de la recesión de la demanda, este año el déficit externo será levemente superior al 3% del PIB.

Las finanzas públicas en principio parecen impotentes como factor de impulso de la demanda. En todo caso, hace falta un debate en el escenario fundamental de la política, que es el Congreso, sobre la existencia o no de espacios fiscales para empujar la inversión pública. A medida que avanza la recesión, el déficit fiscal se amplía en un clásico círculo vicioso.

Así, las finanzas estatales se han convertido en una víctima más de la recesión. Pero la visión dominante consiste en que el Estado sólo puede gastar lo que tiene, como si las finanzas de las familias pudieran equipararse a las finanzas públicas en cualquier circunstancia.

Por otra parte, el sector financiero sufre de extrema debilidad patrimonial y registra pérdidas corrientes muy elevadas. El gobierno está levantando barreras al deterioro ulterior de los intermediarios financieros en un ambiente de severa crítica de la autoridad supervisora a la calidad de los créditos contratados. Todavía no se han consolidado en los balances de las entidades financieras todos los aportes patrimoniales ofrecidos por el gobierno mediante el FOGAFIN.

No hemos llegado al fin del desierto en esta materia; el crédito está literalmente paralizado. El costo fiscal del salvamento, en términos de nueva deuda pública, será superior a 7 u 8 billones de pesos. Esta deuda tiene costos de mercado, y sus fuentes de pago dependen de la evolución futura de los ingresos netos de las instituciones apuntaladas por la política pública.

La coyuntura se caracteriza también por el difícil ambiente internacional que rodea a Colombia, y ello no sólo en términos del desempeño de la economía internacional y de las economías de la región.

Sin duda, desde hace dos años el entorno económico del país ha sido contrario a las necesidades del crecimiento, del empleo, y de la estabilidad externa. La crisis asiática y rusa deterioró los precios de exportación, cerró mercados vecinos, contrajo la oferta efectiva de financiamiento externo, produjo salidas de capitales y generó adicionales incertidumbres sobre la estabilidad cambiaria de Colombia.

Pero las dificultades internacionales no terminan en lo comercial y financiero. Nuestro país ha llegado a ser un país problemático para lo que hoy se percibe como la seguridad internacional, y en términos de los derechos fundamentales de los colombianos y del Derecho Internacional Humanitario. El mundo nos observa ya con preocupación, ya con ira, ya con dudoso interés político y militar, ante la terrible situación de violencia, narcotráfico, inseguridad ciudadana, desgobierno y falta de claridad en el manejo de la política pública frente a la insurgencia y los paramilitares.

Son obvias las implicaciones de esta situación sobre los prospectos de la economía colombiana.

Finalmente, un elemento muy importante de la coyuntura es la falta de confianza en el desempeño económico y en la capacidad real de las instituciones estatales para enfrentar los retos impuestos por la crisis. El Fondo Monetario Internacional ha entrado en escena formalmente a solicitud del gobierno, y a instancias del Banco de la República. Su papel consiste en encontrar las condiciones consideradas mínimas para avalar y apoyar la credibilidad de la programación macroeconómica. Se busca reducir mediante el mecanismo de los acuerdos con el FMI la falta de confianza y las altas dosis de incertidumbre local e internacional sobre las perspectivas económicas colombianas.

Las razones están ahí En primer lugar, debe reconocerse que el proceso económico de Colombia ha sido históricamente mediocre. El alto grado de estabilidad macroeconómica del país, hasta finales de los ochenta, no logró acompañarse de un crecimiento económico y de un equipamiento físico e institucional de la Nación medianamente eficaces. Esta crisis nos cogió sin redes de protección a favor de los pobres, sin instrumentos contra la recesión, sin objetivos nacionales, sin consensos sobre la parábola larga hacia el futuro.

En segundo lugar, la coyuntura actual sólo puede explicarse adecuadamente a) Si se tiene en cuenta que, desde finales de la década de los ochenta, Colombia vive una transición, una etapa de su historia que aún no consolida sus resultados y sus implicaciones; b) Si se reconoce que dicha transición ha sido dubitativa, exenta de consensos fuertes conseguidos en un proceso democrático abierto e incluyente; ni siquiera y afortunadamente - las tendencias autoritarias han logrado imponerse. La crisis política que sufrimos durante la administración del Presidente Samper evidenció la falta de un liderazgo político y cultural con suficiente grado de legitimidad; y c) Si se reconoce igualmente que la década de los noventa ha sido testigo de terribles errores de política económica, en buena medida originados en la falta de claridad sobre los objetivos nacionales del largo plazo.

Perfiles de la transición Hasta finales de los ochenta / principios de los noventa, el manejo económico transcurría en el marco de un régimen de despotismo ilustrado. Con la nueva Constitución, el marco institucional se parece más a un régimen de democracia moderna.

Cómo se define el despotismo ilustrado pre- 1991? 1) Una pequeña élite tecnocrática, vinculada a los partidos tradicionales, desarrolló en la práctica una alianza en el poder con los profesionales de la política electoral. La división del trabajo entre los dos sectores asignaba a la tecnocracia la tarea de asegurar la estabilidad macroecon f3mica, mientras que a los políticos les correspondía mantener y convalidar la formalidad de la democracia electoral.

2) La Rama Ejecutiva del Poder Público centralizaba muy fuertemente las atribuciones de manejo y administración directa de la economía. El banco central era un instrumento del gobierno, y su papel fundamental consistía en proveerlo de recursos crediticios para el financiamiento del déficit público, siempre dentro del marco de una estabilidad macroeconómica signada por una inflación anual levemente superior al 20%. Las variables monetarias y la tasa de cambio se manejaban como parte de los instrumentos administrativos en poder del gobierno. En general, en cabeza del Presidente de la República el gobierno tenía poderosísimos instrumentos de intervención económica, ya mediante reglas ordinarias, ya acudiendo a regímenes de excepción ( que llegaron a ser tan usuales como el del llamado Estado de Sitio).

Poca democracia, negociaciones en la cúpula, mutuas torceduras de brazo entre un gobierno con amplios poderes centrales de gasto y un Congreso formalmente encargado de aprobar las iniciativas presupuestales y tributarias del ejecutivo. Tal era el escenario del manejo económico.

Cero desastres macroeconómicos a la latinoamericana, cero milagros económicos. El régimen del despotismo ilustrado produjo una continua, pero baja expansión de la economía, y permanentes pero leves avances en la condición económica real de la mayoría de la gente.

Mientras tanto, ya a finales de los ochenta hacía varios lustros había aparecido y crecido la informalidad criminal, un nuevo y enorme poder económico en la base de la sociedad y que tiene que ver con las organizaciones del narcotráfico y sus vínculos con el tráfico de armas, con el contrabando de mercancías extranjeras y otras formas de delincuencia; como era natural, también necesitaban un espacio en el poder formal del Estado.

Igualmente, habían hecho su irrupción en la vida pública otros sectores sociales vinculados a la nueva sociedad urbana de Colombia, con claros intereses en la apertura de la democracia.

Finalmente, entre las dos décadas se puso en evidencia el acelerado proceso de globalización y, simultáneamente se produjo un cambio radical en la visión dominante de las bases del desarrollo. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, tanques de pensamiento en Estados Unidos y en otras partes del mundo, crearon lo que algunos economistas llaman el Consenso de Washington. Es un cambio radical en el pensamiento sobre lo que causa y lo que acelera el desarrollo de una economía no desarrollada. Las bases del desarrollo, según esa visión, consisten en una apertura comercial y financiera de las naciones, la liberalización de los mercados fundamentales, la reducción del estado interventor y propietario, y un mayor énfasis en la regulación estatal, entre otros elementos.

La transición Se alcanzaron grados más elevados de apertura comercial y financiera, se dio una mayor flexibilidad laboral y surgió una nueva visión de las cargas del Estado respecto de la seguridad social. También se produjo una descentralización del mercado cambiario.

Simultáneamente se promulgó una nueva Constitución que disminuyó los poderes imperiales del ejecutivo. La nueva Constitución terminó con el despotismo ilustrado, descentralizó fuertemente el manejo económico y, ciertamente, le quitó al Presidente buena parte de sus ropajes imperiales. También apareció el banco central independiente, que es instrumento central de una democracia liberal. Esta figura entró en la Constitución por la puerta de atrás, con una mínima discusión pública del tema: la última manifestación, paradójicamente, del despotismo ilustrado.

También hubo una descentralización administrativa, a fondo, del Estado Colombiano. Las nuevas reglas del juego implicaron importantísimas cargas del estado central mediante transferencias a las regiones y a los municipios. El país se la jugó en la Constitución por una democracia descentralizada.

Esos principios anunciados por la Constitución colombiana terminaron siendo incoherentes con la política de apertura.

Para abrir una economía no se requiere tener un régimen autoritario. Pero sí es indispensable tener en cuenta que, dada la simultaneidad de los hechos, la Constitución colombiana mira hacia el norte, con unas reglas fiscales no realistas ni racionales, y la política de la apertura tenía que mirar hacia el sur, impidiendo una expansión excesiva de la demanda interna.

Esto explica por qué la economía colombiana en la década del noventa entró en la fase crítica en la que hoy se encuentra. No se tuvieron en cuenta los imperativos de la apertura y la liberalización, mientras que las finanzas públicas perdieron viabilidad rápidamente.

Por otra parte, independientemente de lo anterior, se cometieron serios errores de política económica a todo lo largo de la década de los noventa, estas fallas le añadieron injuria a las heridas de toda la incoherencia y las contradicciones de la política pública.

La secuencia de las acciones de apertura y liberalización, y en particular la apertura simultánea de la cuenta de capital y la cuenta corriente de la balanza de pagos, condujo a la revaluación del peso, y a una dinámica explosiva de la deuda externa privada.

Las tasas de interés sufrieron choques violentos como consecuencia de sobre ajustes monetarios en ambas direcciones, las finanzas públicas dejaron de ser sostenibles y el boom de demanda registrado hasta 1995 mostró su falta de sostenibilidad.

Las posibles salidas En primer lugar, no tiene sentido intentar un retorno al despotismo ilustrado. En segundo lugar, es indispensable mejorar obviamente las condiciones de la democracia. No hay partidos; no hay oposición; la única oposición sistemática es la oposición armada. El Congreso de la República tiene todavía enormes espacios para mejorar en materia de su control político, pero todo ello es posible solo, en mi opinión, si aparecen partidos políticos fuertes, con democracia interna, con plataformas serias.

En tercer lugar, es necesario poner en blanco y negro los temas del narcotráfico, del conflicto armado y de la intervención internacional. En estas condiciones de incertidumbre, francamente no creo que podamos llamar a filas a inversionistas colombianos y extranjeros a jugársela por el país.

Es importante tener en cuenta que entre el proceso de paz negociada y las expectativas económicas, no existe una relación positiva. El éxito en las negociaciones de paz no va a mejorar, en el corto plazo, las expectativas económicas de Colombia. Mientras más éxito tengamos en ese proceso que, no es otro que el de discutir el orden social, más problemas tendremos con las expectativas en el corto plazo.

En cuarto lugar, la revolución fiscal es indispensable; en Colombia se debe discutir cuál es el tamaño posible de la deuda pública, su evolución deseable, su costo. Las reglas de la descentralización deben ser fuertes y creíbles, y obviamente es necesario un fortalecimiento ético, gerencial y político de un estado descentralizado. Esta no es menos que una revolución política. Si ella no ocurre en los próximos dos años, vamos a tener un serio problema de estabilidad macroeconómica. Si nos descuidamos, Colombia terminará haciendo el curso latinoamericano clásico que consiste en permitir que la inflación desbordada ejecute los equilibrios que la política pública no consigue.

Pero el posible contexto de esa revolución fiscal no está claro tampoco: Será en el Congreso de la República? Será en el monte? Con quién habrá que discutir el nuevo orden fiscal? Si a la negociación de la paz le va bien, probablemente, será necesario discutir ese tema principalmente con la sociedad civil armada y desarmada en el escenario de los acuerdos de paz.

Lo que sí resulta erróneo es seguir estrangulando la demanda mediante instrumentos fiscales como está ocurriendo en la actualidad. Así como no creo que el Ministro de Hacienda esté en lo correcto cuando compara las finanzas públicas con las de una familia, así tampoco es cierto que e n materia del equilibrio fiscal la distancia más corta entre dos puntos sea una línea recta. No podemos morirnos en el campo de batalla por el equilibrio fiscal, apretando el presupuesto público como lo estamos haciendo hoy en día. Debe reclamarse un debate serio, técnicamente competente, sobre si quedan o no espacios fiscales para impulsar la demanda.

El FMI está más interesado en la estructura de las finanzas públicas del país, que en la cifra del déficit fiscal de este año o del entrante, o de cómo va a ser el presupuesto del año 2000. Claro, va a exigir metas intermedias. Pero yo no creo que el FMI se obstine en la discusión con Colombia de que el déficit tiene que caer permanentemente.

Por último, debe asegurarse el salvamento del sector financiero, con el menor costo público y con el menor beneficio privado, en bien de la viabilidad de cualquier política económica. Si el sector financiero se desestabiliza no hay política económica posible. Y esta política debe asegurar tasas de interés bajas y estables. Sin duda alguna, aquí hay una discusión técnico - política muy dura que tiene que ver con el manejo de la tasa de cambio.

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