A PAGAR

A PAGAR

21 de octubre 1999 , 12:00 a. m.

Los colombianos perdimos la cuenta de las entidades oficiales que han sido afectadas por los desfalcos y de los funcionarios que se han valido de su posición en ellas para saquearlas. Las cantidades sustraídas son incalculables.

Por eso es alentador que los organismos de control empiecen a romper esa cadena delictiva contra la administración pública en la forma que puede resultar más eficaz: obligando a los culpables a devolver el dinero sustraído. Este es el sentido de los juicios fiscales que acaba de abrir la Contraloría a 65 funcionarios y ex funcionarios de una decena de entidades públicas que aparecen como responsables de faltantes equivalentes a 48 mil millones de pesos.

Las investigaciones se refieren a manejos irregulares de fondos en organismos como el Banco del Estado, el Central Hipotecario, la Caja Agraria, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Fondo de Previsión Social del Congreso, el Icel, el Inat y la Lotería 9 Millonaria. Los responsables deberán reintegrar los recursos a las entidades afectadas sin perjuicio de ser sometidos también a la acción de la justicia penal.

La diligente acción de la Contraloría abre así la posibilidad de que algunos de los dineros sustraídos puedan ser devueltos. Eso es mucho decir en un país que no solo parece haberse acostumbrado a que lo roben, sino a que nunca se recupere lo que le han robado.

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