TIERRA DE NADIE

TIERRA DE NADIE

27 de octubre 1999 , 12:00 a. m.

Qué más da que caiga en desgracia otro director de la cárcel Modelo? Qué importancia puede tener quién vaya a ser su reemplazo, si por su imperdonable laxitud el Estado perdió por completo el control del principal centro penitenciario del país? En reconocimiento de lo que allí ocurre, de las persistentes violaciones al régimen carcelario, de las desafiantes escenas que se han transmitido por televisión, en La Modelo se debería izar la bandera de la corrupción y la permisividad, y arriar la de Colombia. En esa cárcel, hay que admitirlo, no manda el Gobierno, ni el director de turno, ni mucho menos mandan los guardianes.

Habrá entonces que aceptar con resignación que el Estado colombiano definitivamente no pudo con la cárcel Modelo. Desfilan uno tras otro ministros de Justicia, directores del Inpec y de la cárcel, que entran y salen de los cargos sin que pase nada. Todo lo contrario: cada vez se hace más notoria la ausencia del Estado, cuya soberanía en las cárceles ha sido arrinconada por el dinero y la intimidación de la delincuencia y la subversión.

Las denuncias de lo que iba a costar la fuga de un grupo de narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos 500 mil dólares y el video del campo de entrenamiento y adoctrinación en que las Farc han convertido el patio donde están recluidos sus hombres, permitieron a la opinión pública asomarse, una vez más, a la triste realidad de nuestras cárceles. Calificar de vulnerabilidad extrema la condición de La Modelo no pasa de ser risible eufemismo. Hay que aceptar, de frente, que allí se perdió todo control y que es tierra de nadie. Qué no ocurrirá en el resto de las prisiones del país? Más de 47 mil personas languidecen hoy en las cárceles colombianas. El sobrecupo y el hacinamiento ascienden hoy a 43 por ciento y las condiciones infrahumanas de los reclusos violan exigencias internacionales mínimas, sobre todo para los cerca de 20 mil sindicados preventivamente detenidos y que se presumen inocentes.

El Estado decidió criminalizar más conductas pero se olvidó, como ha sido usual, de la situación de las prisiones. Que no se resuelve cambiando el Código Penitenciario. Es más un problema del Código Penal y el de Procedimiento Penal. El primero por establecer las conductas con sanción privativa de la libertad y el segundo por regular la detención preventiva y un anquilosado proceso penal. La ausencia lamentable de una política criminal del Estado no ha permitido una discusión seria de políticas de alternatividad a la pena, ni ponerles límites a los abusos de la detención preventiva.

Frente a la impotencia del Estado y la falta de liderazgo de los gobiernos en materia de justicia, lo que se ha hecho patético en la actual Administración, las medidas frente a los motines y el hacinamiento son tan improvisadas como coyunturales: destituir a funcionarios, cuestionables proyectos de rebajas de pena, etc.

No se puede seguir alegando restricciones presupuestales para incumplir exigencias internacionales de derechos humanos. El inexplicable silencio del Gobierno sobre las reformas penales en curso sugiere que se va a perder la oportunidad de sentar las bases de una política integral de largo plazo sobre el problema carcelario. A corto plazo, la prioridad es tan urgente como obvia: recuperar el control de las cárceles.

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