NIEGAN TUTELA EN CASO DEL GENERAL USCÁTEGUI

NIEGAN TUTELA EN CASO DEL GENERAL USCÁTEGUI

El forcejeo jurídico por el caso del general del Ejército, Jaime Humberto Uscátegui, investigado por la supuesta omisión en la masacre de Mapiripán (Meta) ocurrida el 15 de julio de 1997, acaba de tener un nuevo round en los tribunales.

29 de octubre 1999 , 12:00 a. m.

En esta ocasión, a través de una acción de tutela, se buscaba dejar sin piso la decisión de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que el pasado 10 de agosto ordenó que el caso Uscátegui fuera conocido por la justicia penal militar y no por la Fiscalía.

El apoderado de Nory Giraldo de Jaramillo, esposa de Sinaí Blanco, una de las cuatro víctimas de la masacre, consideraba que el Consejo había violado los derechos al debido proceso, a la igualdad y a la no discriminación en la administración de justicia.

Se inaplicó la Carta Constitucional al dejar en manos de los militares el juzgamiento de un general, cuando ello corresponde a la Corte Suprema , era uno de los argumentos de Luis Guillermo Pérez, el abogado de Nory Giraldo, quien también se ha constituido en parte civil.

Sin embargo, el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Luis Eduardo Manrique Bernal, negó la tutela al considerar, entre otros puntos, que no se puede hablar de la violación de los derechos fundamentales cuando el proceso está en curso y por ende posee instrumentos jurídicos suficientes para restablecerlos .

La sentencia Sobre la decisión de la Judicatura, dijo que sólo fue para definir la competencia sobre el proceso, por lo tanto no se puede hablar de vulneración de derechos fundamentales. En consecuencia el accionante no podría afirmar que esa determinación le vulnera el debido proceso.

No puede decirse que solamente por tal determinación se amenazan los derechos de la parte civil, pues las acciones se mantiene incólumes .

La Sala Penal del Tribunal Superior también recordó que la Corte Constitucional declaró inexequible las normas que permitían la acción de tutela contra las providencias judiciales.

La sentencia del Tribunal se produce en medio de la polémica sobre cuál debe ser el juez para juzgar a los militares. En los últimos ocho años, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ha dejado en manos de la justicia penal militar los procesos contra generales de la República sometidos a colisión de competencia. Hay otros casos de militares implicados en polémicas por supuestas violaciones de los derechos humanos (ver recuadro).

El 15 de julio de 1997, la corporación dejó a la jurisdicción castrense la investigación contra el general (r) Alfonso Vacca. Lo hizo al advertir la inexistencia de pruebas que lo implicaran en el secuestro y homicidio de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, ocurrido el 7 de febrero de 1989 en San Alberto (Cesar).

El 26 de noviembre de 1996, la Sala confío a los jueces militares el proceso del general (r) Farouk Yanine por la desaparición de 19 comerciantes en el Magdalena Medio en octubre de 1987. En julio de 1997, Yanine quedó absuelto.

Los otros casos Frente a los informes internacionales sobre violación a los derechos humanos y la necesidad de demostrar que no existe relación entre militares y los grupos de autodefensa, el Gobierno dispuso en los últimos meses la salida de los generales Rito Alejo del Río, Fernando Millán y Alberto Bravo Silva.

Bravo Silva fue relevado de su cargo como comandante de la Quinta Brigada el 30 de agosto pasado, luego de que en áreas de su jurisdicción (Norte de Santander) los paramilitares incursionaron y mataron a 35 habitantes del municipio de La Gabarra. El 3 de septiembre pasado, el Presidente lo llamó a calificar servicios.

Del Río aparece en la séptima página del último informe del Departamento de Estado de E.U. que lo relacionó con nombre propio y señaló que sobre él recaían denuncias de colaboración activa con grupos paramilitares en la región de Urabá. Siendo director de operaciones del Ejército, fue llamado a calificar servicios el 9 de abril de este año.

El nombre del general Millán aparece en la séptima página del último informe del Departamento de Estado de E.U. en relación con los hechos violentos que protagonizó un grupo paramilitar en Lebrija (Santander), en 1997. Fue llamado a calificar servicios el 9 de abril pasado siendo director de la Escuela Superior de Guerra.

El teniente coronel Jorge Eliécer Plazas, siendo director de inteligencia de la Decimotercera Brigada con sede en Bogotá y conocido con el apodo de Don Diego fue llamado a calificar servicios en julio pasado, luego de resultar involucrado penalmente en el secuestro y posterior asesinato del industrial Benjamín Khoudari.

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