DETENCIÓN CONTRA EL ALCALDE DE CARTAGENA

DETENCIÓN CONTRA EL ALCALDE DE CARTAGENA

Las investigaciones contra la corrupción en la administración pública de Cartagena arrojaron ayer los primeros resultados.

21 de agosto 1999 , 12:00 a. m.

El actual alcalde, Nicolás Curi Vergara, dos de sus secretarios de despacho, y los dos últimos ex alcaldes de la ciudad, Guillermo Paniza Ricardo y Gabriel García Romero, fueron cobijados con medida de aseguramiento.

La Fiscalía Seccional de Cartagena encontró méritos para dictarle detención preventiva sustituida por detención domiciliaria a Curi por investigaciones relacionadas con la adjudicación del contrato de concesión para el alumbrado público de la Heroica y sus corregimientos.

Además, es procesado por presuntas irregularidades en la celebración de ocho contratos todos en un mismo día para obras de reparcheo en diferentes zonas de la ciudad.

Curi es sindicado de presunta celebración indebida de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

En cuanto al ex alcalde Guillermo Paniza (1995-97), una comisión de fiscales especiales le dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación por presuntas irregularidades en la construcción del centro administrativo y periférico La Plazuela, en el suroccidente de la ciudad.

Los fiscales de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, sindican a Paniza como responsable de peculado por apropiación.

Por este mismo caso, los investigadores formularon medida de aseguramiento de conminación contra el ex alcalde Gabriel García Romero (1992-94).

El ex mandatario es sindicado de presunto peculado culposo.

En el proceso de La Plazuela, los fiscales se abstuvieron, por ahora, en favor de Nicolás Curi.

El actual alcalde encargado, Jorge Carrillo, quien es secretario General de la administración distrital y hombre de confianza de Curi, fue procesado por los contratos de adjudicación del alumbrado público y la adecuación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), también quedó cobijado con detención domiciliaria.

Carrillo deberá responder por el delito de interés ilícito en celebración de contrato.

Así mismo, por el POT le dictó medidas de aseguramiento, pero con beneficio de libertad condicional, al secretario de Planeación del Distrito, John Lerech. Los fiscales lo sindican de presunto peculado por apropiación.

Todo el escándalo de las irregularidades cometidas por las tres últimas administraciones de Cartagena comenzó cuando un grupo de dirigentes cívicos y el Concejo de Cartagena le pidieron al contralor general de la República, Carlos Ossa Escobar, intervenir la Contraloría Distrital.

Mientras tanto, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) allanó varios bienes inmuebles de propiedad del ex alcalde Guillermo Paniza, en el sector de Castillogrande.

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