LOS VERICUETOS DEL PROCESO DEL CANJE

LOS VERICUETOS DEL PROCESO DEL CANJE

El lacónico mensaje del agente Rafael Fernando Guerrero, secuestrado en la estación de Cucutilla (Norte de Santander) el 13 de julio pasado y que hace parte de los cerca de 400 soldados y policías en poder de las Farc exhibe la complejidad de un proceso que tiene una arista política, otra jurídica y una más, de la que menos se habla, humana.

11 de septiembre 1999 , 12:00 a. m.

Este policía, que aparece junto a siete agentes más y el sargento Jesús Cáceres Gauta este último retenido hace más de un año, le pide al Gobierno agilizar las negociaciones para el canje, pues señala que las Farc les han dicho que solo procederán a liberarlos una vez esta ley sea sancionada.

Lo cierto es que transcurrido el primer año del gobierno de Andrés Pastrana, quien de entrada aceptó estudiar el tema del canje, el asunto del intercambio de estos policías y militares por guerrilleros detenidos está lejos aún de una salida.

En primer término, el Presidente se anticipó y dijo que sí al canje, pero luego se han venido exponiendo sus inconveniencias. La principal de ellas, justificada en el hecho de que una igualdad de condiciones entre los militares que están en poder de las Farc y los guerrilleros detenidos legalmente en las cárceles supone reconocerles tácitamente a las Farc la beligerancia, es decir, su reconocimiento como un Estado dentro del Estado.

En segundo término, porque una ley del canje permanente como lo plantean las Farc equivale a incentivar el secuestro y las retenciones, pues la guerrilla obtendría la salida inmediata de sus militantes presos.

La comisión que elabora un proyecto de ley al respecto ha planteado no hablar de canje y señalar que la libertad de los guerrilleros no implicaría en ningún caso la terminación judicial del proceso, lo que equivaldría a decir que la justicia tiene la oportunidad real de recapturar a los 500 subversivos potencialmente canjeables, en caso de que el asunto no funcione.

A este debate eminentemente jurídico, se suma el hecho de que la comisión busca que las Farc suscriban un acuerdo político sobre el tema del secuestro, en vista de que son las principales promotoras de esta práctica en el país. Sin embargo, este grupo ya ha dicho que una cosa son sus prisioneros de guerra y otra los civiles secuestrados que tiene en su poder.

Y el debate político también está dentro del Gobierno. Mientras el Alto Comisionado de Paz participa en la llamada mesa del canje a la que asiste el propio Tirofijo el ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez, y la alta cúpula militar advierten desde ya que una ley en este sentido es inconveniente , según sus propias palabras, pues una salida masiva de guerrilleros de las cárceles desmoralizaría a la tropa . Por eso, el ministro habla más bien de un rescate .

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