LAS CRÍTICAS A LA CORTE CONSTITUCIONAL

LAS CRÍTICAS A LA CORTE CONSTITUCIONAL

Confieso que me molesta el tono que van adquiriendo en la prensa los comentarios de los críticos del Gobierno, los de la Corte Constitucional, los de la Junta del Banco de la República y los del Ministro del Interior. Una cosa es no compartir opiniones y otra desahogar antipatías en un tono personalista, como se viene haciendo en columnas recientes.

03 de octubre 1999 , 12:00 a. m.

Me precio de haber sido crítico implacable de la Constitución del 91 y de la Corte Constitucional, que se siente la depositaria de la filosofía de la Carta, la cual, entre paréntesis, fue el fruto de la más elitista de las corporaciones de elección popular que yo haya registrado. Todos eran conocidos y se caracterizaban por una aspiración política en potencia. De adorno se nombraron unos indígenas y unos supuestos representantes de minorías, pero lo que allí estaba presente era la flor y nata de quienes figuran permanentemente en la prensa: salubristas, novelistas, cineastas, poetas, juristas, que, tras muchos años de aspirar a cargos de elección popular, solo alcanzaron sus asientos en la Constituyente de 1991, que se singularizó por el poco interés que despertó entre los votantes. El resultado fue una Constitución larga y retórica, enemiga de la llamada clase política que no le había dado paso nunca antes, ni se lo dio después, a sus aspiraciones curulescas.

Se señala, como una gran conquista entre las instituciones adoptadas en dicho estatuto, la tutela que ya, en la Comisión de Reajuste Constitucional y en el Senado, yo había propuesto, sin éxito, con el nombre de recurso de amparo . La frecuencia con que se recurre a ella demuestra la bondad del mecanismo, si se lo emplea como debe ser.

En materia constitucional hay dos caminos para cuestionar la exequibilidad de las leyes o decretos dictados en uso de las facultades extraordinarias: a) La demanda de inconstitucionalidad, que puede intentar cualquier ciudadano sin tener que demostrar interés personal alguno, distinto de la defensa misma de la Constitución. Los efectos de la sentencia rigen para toda la ciudadanía, o sea, erga omnes, y, en cierta manera, puede decirse que es una institución típicamente colombiana, surgida de la Asamblea Constitucional de 1910. b) El otro camino es por medio de la tutela, la cual invoca cualquier ciudadano afectado por disposiciones que vulneran sus derechos fundamentales. Dicha sentencia, al menos en principio, no rige sino para el caso concreto sometido a su estudio, si bien sienta un precedente doctrinario, que puede servir de guía en sentencias de carácter general.

Ambos sistemas coexisten en Colombia bajo la actual Constitución. El artículo 242 habla, en su ordinal 4, de que la Corte dispondrá del término de sesenta días para decidir acerca de la inexequibilidad de las disposiciones de carácter general, y el ordinal 9, del artículo 241, le atribuye a la Corte Constitucional la facultad de revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales . Basta examinar los dos textos para establecer claramente su alcance. En el primero, según el texto, no se pueden abrir las compuertas a lo que se ha dado en llamar el Nuevo Derecho , así en la Constitución alemana o en la de Croacia exista tal facultad para suplir vacíos o aplazar la ejecución de sentencias de inconstitucionalidad, porque, en Colombia, de lo que se habla es de decidir , que, según el Diccionario de la Academia, quiere decir: Mover a uno la voluntad, a fin de que tome cierta determinación . En este sentido, es inobjetable el salvamento de voto de los magistrados José Gregorio Hernández y Alfredo Beltrán, al disentir de la opinión mayoritaria que aplazó hasta junio del año entrante la inconstitucionalidad de la Ley. Mal puede la Corte mantener la vigencia de una disposición inconstitucional, cuando su misión es la guarda de la Constitución y, precisamente, si hay determinación, es sobre por cuál de los dos conceptos se opta: si la ley es inconstitucional, para no aplicarla, o si es constitucional, para mantenerla.

En el segundo caso, cuando el fallo obedece a una tutela, hay un gran margen de maniobra y discrecionalidad que hace concebible que encuentren cabida innovaciones jurisprudenciales, más inspiradas en el espíritu de la Constitución que en la estricta legalidad, apelando a conceptos como el de justicia, el de equidad, la igualdad, la no discriminación, etc.

El tema se trató el año pasado y fue objeto de un comentario de mi parte a propósito de la sentencia SU-640/98 del expediente T-164.746, que versa sobre la tutela interpuesta por el alcalde de Fresno. Una sentencia llena de parrafadas sobre la misión de la Corte, en la que ni siquiera se decidió el caso concreto sobre si el Consejo Electoral tenía competencia de revisar las decisiones de la Comisión Escrutadora; pero, en cambio, llegó al extremo de referirse a hechos ocurridos con posterioridad a la acción de tutela, que mal podían invocarse dentro del contexto de la acción intentada por el burgomaestre de Fresno.

Parecería que el debate versara sobre la competencia de la Corte Constitucional, y cuanto allí se afirma es sorprendente. Se le atribuye a la Corte Constitucional la facultad de legislar no solamente en materias legales, sino aun constitucionales, a pretexto de estar llenando vacíos, no obstante la opinión del presidente de la Corte, en reportaje del domingo último en El Espectador, en sentido contrario. Y, si esto no fuera bastante, la Corte, al examinar la cuestión de la constitucionalidad, afirma estar autorizada para modificar el texto sometido a su estudio en aras de corregir sus vicios. Y, para terminar de una vez por todas, se reivindica la calidad de poder superior a todos los contemplados dentro de nuestro orden jurisdiccional. Se proclama la superioridad jurídica sobre las otras Cortes y se autonombra constructor de la progresiva y coherente voluntad constituyente , invocando la teoría de que la Carta requiere la interpretación de la Corte Constitucional para actualizarse en el espacio y en el tiempo históricos , o sea, que, como no puede haber una constituyente periódicamente, la Corte hace sus veces y declara su jurisdicción sobre el Congreso (en razón de su calidad de juez del Congreso ), cuando la Corte es juez de las leyes y no propiamente del Congreso, como se dice en la sentencia.

De esta manera, en el caso del Fresno, se le da a una acción de tutela un alcance que no tiene, cual es el de fijar las jerarquías jurisdiccionales con carácter general, es decir, erga omnes. A la inversa, en el caso de la upac, en donde no tiene cabida la capacidad de maniobra propia de la acción de tutela, se invocan razones de conveniencia y de justicia erga omnes, para mantener por meses la vigencia de una ley calificada de inconstitucional, siendo así que lo único que podía hacer era decidir sobre el cotejo entre la Constitución y la ley, sin entrar a crear Nuevo Derecho.

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