CANJE SIN BELIGERANCIA

CANJE SIN BELIGERANCIA

A estas alturas del partido, la bola de la Ley de Canje se ha vuelto un dolor de cabeza para el Estado colombiano, por el temor de que, al servicio de dicha bola, Marulanda Vélez Manuel le responda con un zurdazo llamado status de beligerancia. Semejante imparable avisado por cierto puede significar el fin del juego de la paz y la sacada deshonrosa de Pastrana Arango Andrés.

03 de octubre 1999 , 12:00 a. m.

Es posible una ley de canje sin abrirle el camino al status de beligerancia? Si nos atenemos a las definiciones del experto Alberto Vergara Molano, en los conflictos bélicos internos hay dos status: el de insurgencia y el de beligerancia. La insurgencia denota la condición civil en un país en el cual los insurgentes no han logrado la condición de beligerantes. En relación con terceros Estados, aquella puede implicar derechos o privilegios que ellos han acordado conceder a la parte rebelde. Estos varían de un Estado y de una situación a otros, porque la insurgencia no es una condición que, como la beligerancia, origine derechos y deberes concretos. (Derecho público internacional, Ediciones la Constitución Ltda., segunda edición, página 230.) En Colombia se ha usado un genérico, el status político, lo cual significa que un grupo rebelde y sus integrantes pueden ser sujetos de indultos o amnistías, siempre y cuando sus actos delictivos tengan un origen, una finalidad o una causa justa o altruista. Pero a Marulanda, lo ha dicho con todas las letras, no le interesa jugar dentro de ese marco: la base de un nuevo acuerdo entre Gobierno e insurgencia no puede ser en esa relación, tan desigual, de un perdón otorgado por el Estado a los rebeldes, tal como ocurrió con los procesos de los años 90. Esa bola, para las Farc, ya perdió todo rebote.

El Gobierno, entonces, puede ofrecer un status de insurgencia que permita canje de prisioneros y, para otorgarlo, convenir una serie de condiciones que protejan a la población civil, obligando a la insurgencia a tener y cumplir un código claramente ajustado al DIH.

Todo esto es extraconstitucional, ya que la Constitución del 91 no contempló el estado de guerra interna. Por el contrario, la Constitución fue hecha para proclamar la paz. La realidad de la continuación y el incremento del conflicto armado obliga de nuevo a admitir que hay guerra, que en esta guerra como en cualquier confrontación civilizada al rendido no se le mata, se le captura, y que el canje puede ser un mecanismo que alivie el sufrimiento de prisioneros y familiares. Para que se aplique la Ley de Canje, el Gobierno podría exigir, entonces, la libertad de civiles secuestrados, ya que el secuestro no puede ser admitido como un acto de guerra, ni el secuestrado como un prisionero.

La extraconstitucionalidad de este mecanismo tiene de bueno que no obliga a un control de la bendita Corte. Pero sí requiere el aval popular. En lugar de una consulta popular para determinar si hay canje o no, como lo propone Marulanda, más bien se puede acudir al pueblo para preguntarle si acepta o no el status de insurgencia para los grupos rebeldes, que cumplan las condiciones ya planteadas

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