ESTADO SOCIAL DE DERECHO

ESTADO SOCIAL DE DERECHO

El equipo económico del gobierno no ha entendido que la nueva Constitución define a Colombia como un estado social de derecho, y no simplemente como un estado de derecho. La palabra sociali hace la diferencia, e ignorarla ha sido la causa de frecuentes y conocidos enfrentamientos con la Corte Constitucional.

03 de octubre 1999 , 12:00 a. m.

Con la venia de los juristas puristas, intentaremos explicar dicha diferencia en lenguaje vernáculo.

En el estado de derecho prima la interpretación del texto de la ley por encima de las consideraciones sociales. Pero en el estado social de derecho, se interpreta (o reinterpreta) la ley en el marco de la equidad y la justicia social. Bajo esta óptica, además de su función tradicional de control, la Corte tiene la obligación de velar por la población menos favorecida, examinando siempre las consecuencias sociales (políticas) de la aplicación de la ley. En el estado social de derecho no importa solamente el texto de la ley, sino el texto y el contexto.

Por eso la Corte ordenó que el dos por mil se destinara a salvar los bancos públicos y no a los privados. También por eso la Corte insiste en que el Banco de la República ha incumplido la sentencia que le ordenó desligar la Upac de la DTF, aunque aparentemente el Banco haya cumplido al pie de la letra con su texto.

Además de no eliminar el efecto retroactivo de la DTF, parece que el Banco está usando una definición de la inflación que no coincide con su sentido natural y obvio (como dice el Código Civil), con la secuela de que hoy la corrección monetaria sigue creciendo más que la inflación, máxime cuando el espíritu de la sentencia era evitar que la gente perdiera su vivienda sin razón.

Curiosamente, la culpa de que la gente no pueda pagar las cuotas es del mismo Banco por haber atado la corrección a la DTF, y por haber causado la recesión actual y el desempleo tratando de controlar los precios ejecutando una política brutal de restricción monetaria, por encima de consideraciones sociales.

Si el equipo económico del gobierno y otros funcionarios no aprenden que la Constitución cambió, puede que las reformas laborales y pensionales que tienen en mente también sean objetadas.

El estado neoliberal, prono a privatizar ganancias y a socializar pérdidas, y que está lejos de dar prelación a los débiles en la interpretación de la ley, carece de amparo constitucional a la luz del estado social de derecho. En consecuencia, es muy posible que el equipo económico del actual gobierno sea inexequible.

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