MÁS ALLÁ DE LA REVOCATORIA

MÁS ALLÁ DE LA REVOCATORIA

Quinientas mil firmas debían entregar los promotores de la revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, a la Registraduría para cumplir con los requisitos de la Ley 134 de 1994. No sorprende el precario resultado de 412 mil firmas anuladas. La cuestión no está en el fracaso del movimiento contra Peñalosa sino en la nula efectividad de la revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores como instrumento de participación política.

02 de octubre 1999 , 12:00 a. m.

Una revocatoria llena de requisitos y procedimientos está condenada a fracasar no solo en Bogotá sino en cualquier municipio o departamento del país. Mientras que para constituir un partido o movimiento político se necesitan 50.000 firmas sin restricción, la revocatoria de Peñalosa necesitaba 500 mil. Sale más fácil montar diez partidos, capaces de generar avales para las elecciones, que revocarle el mandato al Alcalde de Bogotá.

No tiene sentido que para una revocatoria de un alcalde no sea posible que los ciudadanos afectados, sin importar si votaron o no, se manifiesten. Las firmas son solo el primer paso, ya que restarían una convocatoria del 60 por ciento de los votantes y otras elecciones para decidir el reemplazo. Trescientas mil personas estaban de acuerdo con la revocatoria pero sus firmas no contaron por no haber votado. Quien no votó, entonces, no cuenta en un proceso de participación política como la revocatoria. El caso de Bogotá es sintomático: el problema de fondo está en una ley estatutaria de los mecanismos de participación política llena de trabas y requisitos insalvables. Aquí entra no solamente la revocatoria del mandato. Cuántas han sido las iniciativas legislativas de origen popular que ha tramitado exitosamente el Congreso? La participación política es más que un problema de reglamentación de un artículo de la Constitución Nacional. Los resultados son importantes porque muestran la efectividad real del ejercicio participativo. Con la gran dificultad para exigir responsabilidades políticas a los miembros de los cuerpos colegiados como el Congreso, el ciudadano no encuentra tampoco la posibilidad de revocar el mandato de sus gobernantes locales. El ejercicio participativo no puede reducirse al voto en las urnas o a la minoritaria pero loable acción de veedurías cívicas. Unos representantes sin responsabilidad con sus electores y gobernados terminan por aumentar la brecha entre el gobierno y la ciudadanía, y por convertir la participación en un amasijo de normas y requisitos que desaniman cualquier intento ciudadano de aplicar estos mecanismos

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