PAROS JUDICIALES, SIN SANCIÓN

PAROS JUDICIALES, SIN SANCIÓN

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el organismo que tiene a su cargo la vigilancia de jueces, magistrados de tribunales, fiscales y abogados, salió en defensa de los funcionarios de la justicia que intervienen en paros.

02 de octubre 1999 , 12:00 a. m.

De nada sirvieron los argumentos de su subalterno, el Consejo Seccional de Antioquia, que intentaba sancionar a 400 empleados de la justicia de ese departamento que participaron en una huelga entre el 1 y el 17 de octubre de 1997.

Los magistrados de esa corporación, la única en el país que abrió investigación contra los servidores huelguistas, sostenían que la ley es clara al establecer que la justicia, como la salud, es un servicio público esencial que no puede ser suspendido. Por eso, quienes participan en paros incurren en una falta grave.

Sus argumentos, sin embargo, no tuvieron eco en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que se pronunció a favor de los huelguistas. Lo hizo al dejar sin efecto la sanción impuesta por el Consejo Seccional de Antioquia el pasado 18 de junio a una fiscal que intervino en el cese de actividades en octubre de 1997.

Como tesis para revocar la multa que le había impuesto el Consejo Seccional que equivalía al sueldo de los 11 días que había dejado de trabajar, la Sala Disciplinaria expuso que la funcionaria estaba cumpliendo una orden de una autoridad que ella consideraba legítima.

La orden De acuerdo con la ley, aunque una persona haya cometido un delito o una falta disciplinaria, hay casos en los que no se le puede sancionar porque su conducta tiene una motivación especial. Uno de ellos se presenta cuando la persona ha recibido una orden de un superior como ocurre en el caso de los militares.

En esta oportunidad, según la Sala Disciplinaria, la fiscal había recibido una orden de paro impartida por Asonal el sindicato que reúne a algunos de los trabajadores de la justicia, lo que la exoneraba, a pesar de que esa organización no sea una autoridad estatal.

(La fiscal) cuando así procedió lo hizo en cumplimiento de una orden impartida por una autoridad que para ella era legítima, así no lo sea para otros miembros integrantes del conglomerado , afirma la decisión proyectada por la magistrada Myriam Donato de Montoya.

La Sala expuso, además, otro argumento para sustentar su determinación: en el derecho internacional, aceptando que los tratados hacen parte del ordenamiento jurídico nacional, no está prohibida la huelga en los servicios públicos esenciales. Lo que nos conduce a pensar que hay dos normas encontradas , dijo.

De la determinación se apartó el jurista Edgardo Maya Villazón. Entre sus criterios, Maya advirtió: La convocatoria dirigida por Asonal Judicial a sus afiliados, mediante la cual les solicita participar en el cese de actividades, no puede considerarse, de ninguna manera, una orden legítima de autoridad competente (ver recuadro).

La decisión precipitó el envío de una carta de tres magistrados del Consejo Seccional de Antioquia a la Sala Disciplinaria. En ella, los magistrados relatan el caso de la fiscal y las sanciones que impusieron a unos 400 funcionarios judiciales que también participaron en el paro de octubre de 1997. Sin embargo, precisaron, todos los afectados apelaron al conocer el fallo de la Sala Disciplinaria a favor de la fiscal.

Y agregan: El presidente de Asonal en Antioquia, Evelio Hoyos Zapata, en forma pública les prometió (a los funcionarios judiciales sancionados) que haría revocar las sentencias en segunda instancia, lo que adobó con claro menosprecio y escarnio de nuestra investidura .

División por fallo disciplinario El fallo del Consejo Seccional de Antioquia es de una pobreza intelectual y jurídica enorme. Además, se aparta de las decisiones de todos los demás Consejos Seccionales del país, riñe con laudos y doctrina de la OIT. Es una decisión arbitraria y caprichosa . Esta es la conclusión de Fabio Hernández, presidente de Asonal Judicial.

Sin embargo, en su salvamento de voto, el ex presidente del Consejo Superior de la Judicatura Edgardo Maya Villazón no compartió la decisión de la Sala Disciplinaria y aseguró que la justicia es un servicio público esencial que debe ser garantizado a los ciudadanos. Defendió el fallo del Consejo Seccional.

Para que una orden de autoridad competente se considere causal de justificación, ha de tener un contenido lícito y no implicar la realización de conductas prohibidas expresamente por la ley , precisó Maya.

Sin embargo, Hernández dijo a este diario que, en el caso de la justicia, lo esencial tiene que ver con la libertad de las personas. Es cierto que un paro produce unos efectos traumáticos. Pero por eso le insistimos al Gobierno para que no dilate la solución de los conflictos. Es responsabilidad del Gobierno que los paros no se extiendan de manera indefinida , afirmó.

Los argumentos de Hernández no son compartidos por magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

El último paro realizado en el sector judicial se produjo el pasado 31 de agosto. Ese día, sin embargo, la Sala Administrativa indicó que más del 90 por ciento de los despachos judiciales atendió de manera normal al público.

No obstante, Asonal realizó en octubre de 1997 un cese de actividades que se prolongó por 15 días. A la postre, el 29 de octubre de ese año, la Sala Administrativa autorizó el pago de la nómina a quienes participaron en el paro.

FOTOS: MIRYAM DONATO, magistrada ponente EDGARDO MAYA, magistrado que salvó voto

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