LOS BUENOS Y LOS MALOS

LOS BUENOS Y LOS MALOS

Fue dramático el debate en el Congreso de la República cuando, ya muy avanzada la noche del 28 de septiembre, expuso la senadora Ingrid Betancourt su visión sobre el significado político de la monumental estafa en Foncolpuertos.

01 de octubre 1999 , 12:00 a.m.

Ella tiene fuero parlamentario y yo no; así, es imposible repetir todo lo que se dijo y se comentó allí. Lástima. No obstante, el caso es tan espeluznante e importante que aun una versión expurgada del debate no deja de ser aleccionadora.

Entre los aspectos más notables de su intervención, la senadora Betancourt insistió en que el gobierno del presidente Gaviria tuvo una responsabilidad grande en la estafa. Esto, por tres razones: la primera, una decisión de la Presidencia (expresada en una ley de la República) que obligó a la Nación a cubrir los pasivos pensionales de Colpuertos. La segunda, desde los ministerios responsables, una política implícita de amiguismo (cronyiso, dirían los expertos en corrupción del Banco Mundial) en la creación de las nuevas sociedades portuarias, que recibieron los activos de Colpuertos a precios irrisorios. Y, tercera, por parte de los mismos ministerios, la práctica sistemática de hacerse los de la vista gorda ante las investigaciones de la Contraloría General de la República sobre las irregularidades en el proceso de liquidación de Colpuertos y luego en la gestión de Foncolpuertos.

Sorprendentemente, está de acuerdo con esta interpretación la senadora Marta Catalina Daniels. Su réplica a la senadora Betancourt, aunque algo confusa, dejó entender que la eventual defensa de su marido, actualmente prófugo de la justicia, se fundamentará en el argumento de que la estafa ya estaba andando cuando él llegó a la dirección de Foncolpuertos.

Además, refiriéndose al proceso de privatización de Colpuertos, la honorable senadora observó que, posteriormente, ingresaron como socios de las nuevas sociedades portuarias altos funcionarios (asesores, secretarios generales y viceministros) de los ministerios de Trabajo, Transporte y Hacienda de las administraciones Gaviria y Samper.

Antes de descartar totalmente las declaraciones interesadas de la senadora Daniels, anoto que en el debate intervino también el doctor Carlos Ossa. El mismo a cuya elección como Contralor General de la República se opuso la senadora Betancourt. El Contralor se abstuvo de comentar sobre los nombres mencionados en las acusaciones, pero sí observó que está convencido de que existía una conspiración dentro de los organismos de control para permitir que siguiera la estafa en Foncolpuertos.

Señaló explícitamente a los ex contralores Kiko Becerra y David Turbay por haber frenado y luego archivado las investigaciones. Señaló también a los ministros y altos funcionarios de los ministerios de Transporte, de Trabajo y de Hacienda de los gobiernos de los presidentes Gaviria y Samper, por no haber reaccionado ante los resultados y recomendaciones explícitas de las diferentes investigaciones realizadas por la Contraloría.

Así pues, el Contralor dio razón tanto a la senadora Betancourt como a la senadora Daniels. La estafa comenzó bajo el gobierno del presidente Gaviria y se afianzó y amplió bajo el gobierno del presidente Samper. Por supuesto, en el segundo gobierno el fraude asumió proporciones monstruosas. De hecho, la senadora Betancourt acusó al presidente Samper, a sus más importantes ministros y a varios congresistas (principalmente liberales, pero también a un congresista conservador, ex presidente del Senado) de haberse beneficiado directamente de las conciliaciones laborales en contra de Foncolpuertos, para financiar sus respectivas campañas electorales.

Esta acusación me deja sin habla. Espero, ávidamente, los resultados de las investigaciones de la Contraloría. Mientras tanto, una hipótesis más general sobre lo ocurrido: el hecho de que en el proceso de privatización de Colpuertos estuvieran involucrados altos funcionarios, políticos y amigos del gobierno del presidente Gaviria hizo que nadie mirara con cuidado lo que allí pasaba. Entre tanto, los estafadores en Foncolpuertos ampliaron el proceso, involucrando no solamente a los jueces, inspectores de trabajo, abogados y funcionarios locales de cada ciudad portuaria, sino también a magistrados, políticos en ejercicio y altos funcionarios de entidades nacionales.

Es decir, durante el proceso de la privatización de Colpuertos bajo el gobierno de Gaviria, las prácticas corruptas de amiguismo y la tolerancia con las múltiples formas menores de depredación del erario público, al estilo más clásico del clientelismo colombiano, abrieron paso a formas aún más complejas y dramáticas de corrupción en el saqueo de Foncolpuertos bajo el gobierno de Samper.

Suena factible? Si lo dicen Ingrid Betancourt, Marta Catalina Daniels y Carlos Ossa, hay que poner atención. Mínimo, nos lleva a abandonar la narrativa heroica de la historia política del país, en la cual toda situación se analiza en términos de los buenos (siempre los nuestros, claro), versus los malos (los de la otra orilla, claro). Máximo, nos impulsa a abandonar la indiferencia y sumarnos a las voces que insisten en que se investiguen a fondo todas las acciones y omisiones que facilitaron semejante atraco.

* Canadiense residente en Colombia, politólogo de Carleton University y University of Toronto (Canadá). Actualmente se desempeña como coordinador de evaluación en la Fundación Corona.

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