OBISPOS TIENEN QUIEN LOS RONDE

OBISPOS TIENEN QUIEN LOS RONDE

El pasado 27 de marzo el fiscal general de la Nación, Gustavo De Greiff, anunció que la entidad a su cargo había definido que no era competente para adelantar investigaciones contra los obispos y por esa razón iba a trasladar los procesos que tenía contra algunos de ellos a los tribunales eclesiásticos. Ese anunció de De Greiff fue el final de un intenso debate en el que participó el nuncio Apostólico Paolo Romeo, la Conferencia Episcopal Colombiana, la canciller Noemí Sanín, el procurador General de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta, y el Fiscal General.

03 de abril 1994 , 12:00 a.m.

Un concepto de la Procuraduría presentado dos días antes del anuncio de De Greiff, el 25 de marzo, dentro del proceso penal que adelanta la Fiscalía contra el obispo de Tibú, Mario Madrid Merlano, marcó el inicio del fin del debate sobre si esa entidad era o no la competente para investigar a los altos representantes del clero.

El debate llegó a su punto más álgido cuando el Nuncio Apostólico hizo sentir su rechazo por las versiones según las cuales algunos prelados los obispos Leonardo Gómez Serna, Darío Castrillón Hoyos, Luis Madrid Merlano y Oscar Angel Bernal estaban siendo investigados por la Fiscalía por presunta colaboración y contactos permanentes con la guerrilla.

La reacción del Nuncio, sumada a la protesta generalizada de la Iglesia Católica colombiana, provocó la intervención de la Canciller, quien invitó a su despacho al Procurador y al Fiscal para buscar salidas a la discusión, que iba en camino a convertirse en una verdadera crisis.

En el encuentro, realizado a mediados de marzo, la Canciller le dijo a Arrieta y a De Greiff que el Gobierno veía con preocupación las cada vez más tirantes relaciones entre la Iglesia y la Fiscalía, más aún si se tenía en cuenta que la Nunciatura Apostólica había tomado partido, y eso le daba al enfrentamiento un carácter internacional muy delicado, ya que de por medio estaban las relaciones con la Santa Sede.

En la reunión Arrieta y De Greiff dijeron que era necesario aterrizar el problema a efectos netamente jurídicos, y ambos se comprometieron a estudiar el tema.

La mañana del 25 de marzo, el Procurador le anunció a De Greiff telefónicamente que el Ministerio Público había llegado a la conclusión de que la Fiscalía no era competente para adelantar investigaciones contra obispos.

Sobre el mediodía el procurador auxiliar, Iván Orozco, terminó de perfeccionar un concepto en el que el Ministerio Público le pedía oficialmente a la Fiscalía que se declarara incompetente para adelantar procesos contra obispos y le solicitaba que remitiera inmediatamente las investigaciones contra éstos a los tribunales eclesiásticos.

La tesis central de la Procuraduría se basa en que la Fiscalía no puede adelantar investigación, ni previa ni de instrucción formal, contra los altos jeraracas del clero colombiano hasta tanto el Estado no renegocie el Concordato con la Santa Sede.

Hasta que eso no suceda, y se defina quién debe adelantar estos procesos, los obispos mantienen el fuero eclesiástico-concordatario.

La Ley 20 de 1974, por medio de la cual Colombia ratificó el Concordato, establece en su artículo 19 que la competencia para juzgar a obispos y demás prelados asimilados a éstos corresponde a los tribunales eclesiásticos y se regularán bajo el derecho canónico.

La Procuraduría hace la salvedad de que a pesar de que la Corte Constitucional declaró el 5 de febrero de 1993 inexequible la parte del artículo 19 que establece ese fuero para los obispos y asimilados, esta decisión no tiene otro efecto diferente al de demostrar una incompatibilidad entre la norma cuestionada y el ordenamiento constitucional colombiano.

En otras palabras, a pesar de que la norma que otorga fuero eclesiástico contradice los mandatos de la Constitución, ella subsiste en el marco jurídico colombiano, porque la misma Carta Fundamental ampara la Convención de Viena sobre derecho de los tratados cuando establece que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado .

Esa incongruencia, entre una norma declarada inconstitucional por la Corte, hace más de un año, y su aplicación práctica vigente, sólo tiene solución, según la Procuraduría, mediante la renegociación del Concordato que adelanta el Gobierno con la Santa Sede.

Es más, la Procuraduría sostiene que la Corte, al declarar inexequible gran parte del Concordato, y en especial el fuero que le otorga éste a los prelados de la Iglesia Católica, demostró que el país sufre de una parálisis histórica en materia de control constitucional, que ha llevado a que este tipo de fallos sobre tratados internacionales se muevan entre la inexequibilidad y la exequibilidad, y se desconozca con ello el camino intermedio de la incompatibilidad de una norma.

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