LA HORA DEL GENERAL USCÁTEGUI

LA HORA DEL GENERAL USCÁTEGUI

Desde el pasado 21 de mayo, el general Jaime Humberto Uscátegui se encuentra detenido. La Fiscalía lo encausa por falsedad en documento público y conducta omisiva frente a los delitos de homicidio y secuestro agravados, a raíz de la retención, tortura y el asesinato de 49 personas en Mapiripán (Meta) el 15 de julio de 1997.

05 de agosto 1999 , 12:00 a. m.

Un subalterno suyo, el teniente coronel Hernán Orozco Castro, lo sindica de ignorar una petición de ayuda cuando los paras avanzaban hacia Mapiripán. Es más, Orozco confesó que alteró un documento que revelaba la verdad de lo sucedido para proteger a su superior. Hasta ahora la investigación la tiene la Fiscalía, pero el proceso puede quedar en manos de la justicia penal militar.

Todo depende de lo que diga hoy la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. A partir de las 8:00 de la mañana, sus siete magistrados se reunirán para decidir cuál es el juez del general Uscátegui: la justicia ordinaria o la justicia penal militar. El tema es tan candente que, según fuentes de la corporación, ya radicalizó las posiciones de los siete juristas que lo pueden definir por un voto de diferencia.

Uscátegui, que niega cualquier vinculación con la masacre, ha mostrado su desconfianza hacia la Fiscalía y la acusa de sesgada y parcializada. Orozco, por su parte, en una carta a la Judicatura dijo que no confía en la justicia penal militar y que el expediente se vendría al piso si es asumido por esa jurisdicción.

El debate En la Sala Disciplinaria, la tesis del ponente, Edgardo Maya Villazón, es que los delitos por los cuales se investiga a Uscátegui no pueden ser considerados como propios del servicio militar y por lo tanto deben ser conocidos por la Fiscalía. Su proyecto de fallo tiene eco en un sector de la sala.

Sin embargo, un bloque de magistrados considera que el caso debe quedar en manos la justicia castrense, pues al general se le investiga precisamente por una omisión en sus funciones. Es decir, el oficial siempre obró en un acto propio del servicio.

Es tal la polarización de criterios en la corporación que ayer se abrió paso una tercera fórmula para dirimir la colisión. Según la nueva tesis, el proceso contra Uscátegui debe ser dividido.

Así, la Fiscalía mantendría la competencia para investigar al general Uscátegui por falsedad, mientras que el otro delito la omisión frente a homicidio y secuestro agravados quedaría en manos de los jueces penales militares.

Para la época de los hechos, Uscátegui estaba al mando de la Séptima Brigada, con sede en Villavicencio y era el jefe militar de la zona donde ocurrió la matanza. Orozco era el comandante encargado del Batallón Joaquín París, en San José del Guaviare. Hoy, Orozco está en el Batallón Bolívar de Tunja.

La última vez que la Sala Disciplinaria dirimió, por votación mayoritaria, una colisión de competencias con general a bordo data del 19 de noviembre de 1998, cuando dejó en manos de los jueces militares el caso del general Fernando Millán.

En ese entonces, Millán, investigado por la Fiscalía en su condición de Comandante de la Quinta Brigada, con sede en Bucaramanga, rindió indagatoria por la presunta conformación de grupos paramilitares en Lebrija (Santander). Sin embargo, la Sala concluyó que la actuación de Millán se ciñó a los actos del servicio.

El legado de procesos En los últimos ocho años, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ha dejado en manos de la justicia penal militar los procesos contra generales de la República sometidos a colisión de competencia.

El 15 de julio de 1997, la corporación dejó a la jurisdicción castrense la investigación contra el general (r) Alfonso Vacca. Lo hizo al advertir la inexistencia de pruebas que lo implicaran en el secuestro y homicidio de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, ocurrido el 7 de febrero de 1989 en San Alberto (Cesar).

El 26 de noviembre de 1996, la Sala confío a los jueces militares el proceso del general (r) Farouk Yanine por la desaparición de 19 comerciantes en el Magdalena Medio en octubre de 1987. En julio de 1997, Yanine quedó absuelto.

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