LA PACHANGA DE LAS FACULTADES

LA PACHANGA DE LAS FACULTADES

Francamente, con la declaratoria de inconstitucionalidad de las facultades extraordinarias para reformar la administración no fue gran cosa lo que se perdió. El uso que le dio el Gobierno a esas amplísimas atribuciones fue de tal mediocridad, que el fallo de la Corte no cambia, ni para bien ni para mal, la acongojada realidad nacional. Los decretos que emanaron de las prerrogativas que ahora el alto tribunal invalidó fueron, para unos, un chorro de babas; para otros, el clásico parto de los montes; y para todos, el desconcertante desperdicio de una gran oportunidad.

27 de septiembre 1999 , 12:00 a. m.

Menos mal. Porque hay que imaginar lo que habría ocurrido si las reformas acometidas por el Gobierno hubieran tenido los alcances y la profundidad de que el propio régimen hacía ostentación cuando las anunció. Ahí sí que la situación creada por la Corte habría tenido enorme gravedad. Pero como el resultado fue una pequeñez, los efectos prácticos de la sentencia serán tan insignificantes que no vale la pena desvelarse por semejante cuestión. Hasta es bueno que se salven instituciones como Findeter, único paño de lágrimas que le quedaba a la creciente catástrofe municipal.

En cambio, lo que sí le debe preocupar al país es el abuso que se está haciendo de la figura de las facultades extraordinarias que, como dijo el profesor Carlos Restrepo Piedrahíta en un brillante ensayo que todos los legisladores deberían leer, se han convertido en el foco de necrosis de la Constitución Nacional.

Por la tronera de las facultades se le fue introduciendo a la división entre los poderes y al Estado de Derecho el torpedo de la Presidencia Imperial. Las facultades extraordinarias para tiempos de guerra cristalizaron en la figura del Estado de Sitio para esa eventualidad. Por el mismo camino, el Estado de Sitio, prolongado en el Estado de Conmoción Interior, hizo metástasis para tiempos de paz. Y ya sabemos cómo, agarrados al artículo 121 de la antigua Constitución, y desde la represiva ley de los caballos , producto de unas facultades también, hasta que el gobierno Gaviria convocó por decreto con fuerza de ley a la Constituyente que destituyó al Congreso y redactó otra Constitución, todos los gobiernos legislaron sobre lo divino y lo humano con base en poderes extraordinarios, mientras el Parlamento se convertía en un apático espectador.

La emergencia económica fue otra manifestación de la asombrosa capacidad de las facultades para colonizar la Constitución. El concepto de orden público económico, introducido por el ex presidente Echandía para promulgar por Estado de Sitio un Código Laboral, cuajó después en el artículo 122 (hoy 215) de la Carta, que le da atribuciones al Presidente para legislar discrecionalmente ante eventuales perturbaciones del orden económico, ecológico o social.

Las facultades, entonces, fueron empollando lenta pero inexorablemente a esas dictaduras disfrazadas que son los Estados de Excepción. Pero aún siguen ahí, constantemente solicitadas por el Gobierno y dócilmente otorgadas por el Congreso, para expedir normas con carácter de ley que no son producto del debate público y la deliberación abierta y democrática sino del capricho, del sigilo y, como se acaba de ver, de la escandalosa ineptitud del gabinete ministerial.

Hasta hace poco, el Parlamento era muy severo en lo de conceder facultades y las extendía con muchísimas reservas y condiciones y solo en casos de verdadera urgencia o extrema necesidad. Eso cambió. Hoy se han convertido en la más exaltada expresión de la zalamería. Se distribuyen como confites, sin precauciones, a la carrera y aun sin que medie discusión. La administración ni siquiera se debe molestar en pedirlas y menos en explicar para qué son. Basta un guiño para que el Congreso abdique pronta e irresponsablemente en un poder Ejecutivo tan incapaz como el actual, su alta potestad de legislar. Todo esto no escapa a la óptica aguda de la opinión. Que no en balde se ha acostumbrado a mirar al Parlamento como a un instituto descentralizado adscrito a la Presidencia de la República o, más triste aún, a su Secretaría General.

Pero lo peor es que, como acaba de suceder, el Congreso expide mal las facultades, el Gobierno zonzo, pero altanero, las utiliza peor y es a la Corte a la que regañan porque las tiene que tumbar. Es el disparate unido a la ineptitud.

Por eso, harta razón tuvo el presidente de la Corte cuando exhortó al Parlamento a que cumpla cabalmente con su deber. Y a que se ponga a legislar. Pero no sobre lo trivial sino sobre lo esencial. Para eso fue elegido y eso es lo que espera de él el país.

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