RELEVO NECESARIO:

01 de septiembre 1999 , 12:00 a. m.

Oportuna, necesaria y aleccionadora la decisión del Gobierno de relevar de sus cargos a los máximos responsables del Ejército, la Policía y el DAS en Norte de Santander tras la matanza de 35 personas a manos de las autodefensas en el municipio de La Gabarra. La medida busca sentar un saludable precedente en lo que se refiere a inexplicables omisiones por parte de los encargados de preservar el orden público y la seguridad ciudadana.

El caso del general Alberto Bravo, comandante de la Quinta Brigada, es especialmente significativo, pues pocos días antes de la matanza el alto oficial había asegurado en un consejo de seguridad realizado en Cúcuta, con la presencia del Presidente Pastrana, varios ministros, Fiscal y Procurador, que las versiones sobre inminentes acciones paramilitares en la zona carecían de todo fundamento. No era concebible, pues, que al producirse los horripilantes hechos, el Gobierno no tomara las medidas del caso.

En este orden de ideas, también merece destacarse el llamado a calificar servicios al coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, por su vinculación con el secuestro y asesinato del industrial Benjamín Khoudary. Este caso queda ahora en manos de la Fiscalía y de la justicia ordinaria, que deben proceder de manera enérgica y ejemplarizante contra quienes deshonran su uniforme y mancillan de esta manera el honor de la institución militar.

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