DESANGRE JUDICIAL A ECOPETROL

DESANGRE JUDICIAL A ECOPETROL

La magistrada María Manuela Bermúdez les advirtió a sus compañeros de sala que estaban tomando la decisión equivocada.

24 de septiembre 1999 , 12:00 a. m.

A Bermúdez y otros dos magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de La Guajira les tocó decidir en junio de 1998 el monto de una indemnización que tendría que pagar Ecopetrol al ex senador de ese departamento Rodrigo Dangond Lacouture, por instalar un tubo del gasoducto Ballena-Barrancabermeja, a través de su finca Las Marías.

Sobre la mesa tenían el concepto de dos expertos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) que aseguraban que Dangond no tenía derecho a recibir más de 43 millones de pesos por los daños que le había causado la empresa petrolera con el montaje del tubo.

Así mismo, un video en el que aparecía un grupo de trabajadores cortando a machete los ductos de un sistema de riego que existía en la finca, con la intención de que esos daños le fueran atribuidos a Ecopetrol.

Sin embargo, Jaime Alfonso Redondo y Alfredo Nuñez Peña, los magistrados que no quisieron hacerle caso a su compañera de Sala, sentenciaron que Ecopetrol debía pagar, por el paso de su infraestructura por la finca Las Marías, 1.800 millones de pesos, suma que alcanzaba para costear todo el montaje del cultivo de palmas del ex senador.

Según ellos, la instalación del tubo por parte de Ecopetrol, en una franja de 2 metros de ancho por 1.899 metros de largo, había hecho inviable toda la producción de palmas que existía en la propiedad. Los peritos, por el contrario, aseguraban que los operarios de la empresa solo habían tenido que talar 143 de las más de 10.000 palmas africanas que tenía el ex senador.

Ahora, la Fiscalía investiga a Redondo y a Peña por prevaricato, por haber condenado, supuestamente de manera irregular, a Ecopetrol. Contra los dos, existe medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria. La secretaria del Tribunal, Gilma Mendoza, hace dos semanas fue capturada para rendir declaración.

Potreros de golf La petrolera tiene que enfrentar continuamente procesos como estos, en los que los precios por el uso de unas tierras o por indemnizaciones a particulares crecen de manera exorbitante de un momento a otro.

En algunos casos ya existen condenas penales en firme contra jueces que con sus fallos la han ayudado a desangrar. (ver recuadro).

Por ejemplo afirma un funcionario de la empresa que pidió la reserva de su nombre por razones de seguridad hay dueños de predios que exigen cuantiosas sumas por dejar pasar a través de sus tierras los tubos de un gasoducto, con el argumento, por ejemplo, de que allí está ubicado un campo de golf.

Sin embargo, cuando los técnicos inspeccionan el terreno se encuentran con un potrero en el que, según les dice el propietario, algún día se jugará golf.

En el caso de Las Marías, la Fiscalía investiga por qué si en primera instancia el juez promiscuo del circuito de San Juan del Cesar había condenado a Ecopetrol a pagar a Dangond 67 300.000 pesos, los magistrados del Tribunal decidieron cambiar la decisión por la condena de los 1.800 millones.

En su fallo, los juristas se apoyaron en el concepto de dos expertos particulares que señalaban que Ecopetrol debía pagar 7.952 millones de pesos porque el daño al sistema de riego había acabado con toda la producción de palmas.

Sin embargo, no se pronunciaron sobre el video que mostraba a los extraños trabajadores haciendo los daños.

En el otro dictamen, en cambio, los expertos del ICA concluían: Los destrozos jamás fueron producidos por las orugas de la maquinaria de Ecopetrol. Este trabajo fue realizado por manos malintencionadas, asesoradas por alguien que pensó que jamás se descubriría el daño .

Está en la cárcel, pero sigue siendo jueza El 21 de septiembre de 1993, Hugo Alberto Pérez, dueño de una finca en Chiriguaná (Cesar), murió cuando su carro explotó al pasar por encima de un charco de gasolina que escapó de un oleoducto de Ecopetrol.

La empresa petrolera fue condenada por la juez del municipio, Paulina Avila Pinto, a pagarles a los herederos 658 millones de pesos por los daños que les produjo la muerte de su familiar.

Sin embargo, según reveló después a la justicia una de las subalternas de Avila, lo que motivó su decisión fue un cheque de 100 millones de pesos con el que uno de los sobrinos de Pérez se aseguró de que fallara en la forma en que lo hizo.

El dinero fue suficiente para que la jueza pasara por alto la declaración de un testigo que daba cuenta de que a Pérez le habían advertido con insistencia que si pasaba por encima del charco de gasolina perdería la vida.

Los magistrados del Tribunal Superior de Valledupar, que condenaron a Avila a 64 meses de prisión, encontraron que ella no tuvo en cuenta documentos que los abogados de Ecopetrol presentaron ante su despacho pidiendo pruebas y alegando la inocencia de la empresa. Después les ocultó el fallo para que no pudieran apelar.

A pesar de esta decisión, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al estudiar el proceso disciplinario contra la juez, no encontró irregularidad alguna en su actuación.

En octubre de 1998, más de un año después de condenada Avila, la Judicatura revocó una decisión del Consejo Seccional del César que la suspendió de su cargo por 90 días.

FOTO: Hay quienes aprovechan las necesidades de expansión de Ecopetrol para desangrar la empresa petrolera.

Archivo/EL TIEMPO.

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.