CORTE NO INVESTIGARÁ A CONSPIS

CORTE NO INVESTIGARÁ A CONSPIS

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo ayer de abrir investigación contra los senadores Ingrid Betancourt y Enrique Gómez Hurtado por los hechos relacionados con una carta que hicieron circular en pleno proceso 8.000 para promover un cambio de gobierno.

03 de septiembre 1999 , 12:00 a. m.

El alto tribunal dictó un auto inhibitorio frente a la denuncia hecha por el ex representante Rodrigo Garavito contra los senadores, en la que los acusó de pretender crear un fondo para tumbar al entonces presidente Ernesto Samper.

Con base en la denuncia, la Sala Penal inició una investigación preliminar que ayer fue archivada porque la conducta de los congresistas no fue considerada delictiva ya que no se pudo catalogar como rebelión, sedición o asonada.

En el incidente denunciado también participó el empresario Hernán Echavarría Olózaga, quien firmó una carta que la congresista independiente hizo circular para reunir adeptos a la causa.

En su momento, los conspiretas defendieron la iniciativa con el siguiente argumento: La carta representa la opinión democrática de un número considerable de colombianos. En ella no se habla de conspiración sino de movilización de la opinión pública .

La carta comenzó a circular el 21 de mayo de 1996, veintitrés días antes de que la Cámara precluyera la investigación contra Samper, con el objeto de reunir dinero para nutrir un fondo abierto con el propósito de reunir recursos para promover un cambio de gobierno.

En la carta, Betancourt explicaba que para impulsar ese objetivo, enmarcado en la lucha contra la corrupción y la impunidad, era necesario que los dineros fueran consignados en el fondo denominado Fideicomiso Pro-Colombia , respaldado en la cuenta número 101014406-9 del Banco Superior, en la que alcanzaron a consignar 6 millones de pesos.

El documento fue parar a manos del ex contralor David Turbay, su hermano José Félix Turbay y el ex congresista Rodrigo Garavito, también detenido por cuenta del 8.000 quienes denunciaron por prevaricato a la senadora.

Al hacer la denuncia, los tres pretendían colaborar eficazmente con la justicia, en la medida en que podían demostrar que Betancur, que en ese momento era fiscal del Presidente, estaba prejuzgando al buscar la salida del poder de su sindicado.

El prevaricato implica que el funcionario que debe resolver de fondo un asunto ha comprometido por anticipado su criterio y también que no se ha declarado impedido oportunamente pese a ello.

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