JUSTICIA PENAL MILITAR DECIDIRÁ CASO USCÁTEGUI

JUSTICIA PENAL MILITAR DECIDIRÁ CASO USCÁTEGUI

Por un voto de diferencia y al término de una acalorada y compleja discusión que radicalizó las posiciones de los magistrados, el Consejo Superior de la Judicatura dejó ayer en manos de la justicia penal militar el proceso iniciado contra el general Jaime Humberto Uscátegui por la masacre de Mapiripán (Meta), ocurrida el 15 de julio de 1997.

11 de agosto 1999 , 12:00 a.m.

Al derrotar una ponencia que pedía mantener su caso en la justicia ordinaria y en una decisión que dividió a los magistrados cuatro votos contra tres, la Sala Disciplinaria determinó que la actuación de Uscátegui, en el episodio de Mapiripán, siempre tuvo relación con el servicio y, por lo tanto, su presunta responsabilidad la debe juzgar la justicia castrense.

La corporación determinó que los mismos jueces penales militares deberán juzgar al coronel Hernán Orozco Castro, el subalterno que sindicó al general Uscátegui de ignorar una petición de ayuda cuando los paramilitares avanzaban hacia Mapiripán. Hoy, Orozco es el comandante del Batallón Bolívar de Tunja.

Sin embargo, la Sala Disciplinaria dejó en la Fiscalía los procesos contra el coronel Lino Sánchez Prada quien deberá responder penalmente por omisión y dos sargentos implicados en el caso de Mapiripán.

El general Uscátegui está recluido desde el pasado 21 de mayo por los cargos de falsedad en documento público y conducta omisiva frente a los delitos de homicidio y secuestro agravados, a raíz de la retención, tortura y el asesinato de 49 personas en esa localidad del Meta.

Sin competencia Con la decisión, la Fiscalía General de la Nación perdió la competencia para avanzar en la investigación y los expedientes de Uscátegui y Orozco deberán pasar a la jurisdicción castrense. Desde 1992, la Sala Disciplinaria ha dejado en manos de la justicia militar todos los procesos en que están comprometidos generales de la República.

Precisamente, en las últimas semanas, el general Uscátegui manifestó su desconfianza al ser investigado por la Fiscalía mientras que Orozco envió una carta a la Judicatura en la que dijo que no confiaba en la jurisdicción militar.

De acuerdo con el Consejo Superior, la misma Fiscalía reconoció que Uscátegui no era investigado porque existieran pruebas de paramilitarismo o de terrorismo en su contra, sino porque se le acusaba de omisión en el ejercicio de su cargo. Esta conducta, de acuerdo con la corporación, es propia del servicio y por lo tanto debe ser investigada por la justicia militar.

El proyecto de decisión original lo elaboró el magistrado Edgardo Maya Villazón. El nuevo ponente es el magistrado Rómulo González Trujillo. El episodio se produjo luego de que el pasado jueves la tendencia de un bloque de juristas era la de avalar la competencia de la Fiscalía.

La determinación final la apoyaron los magistrados González, Enrique Camilo Noguera, Leovigildo Bernal y Myriam Donato. Maya tuvo el respaldo de los juristas Amelia Mantilla y Alvaro Echeverri Uruburu. La votación reitera la tradicional división que ha existido durante los últimos años sobre el tema del fuero militar en la Judicatura.

El último caso dirimido por la Sala Disciplinaria, que involucraba a un general ocurrió el 19 de noviembre de 1998, cuando, también por cuatro votos contra tres, los magistrados de la corporación dejaron en manos de los jueces penales militares el caso del general Fernando Millán, investigado por presunta conformación de grupos paramilitares.

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