CONCEJALES, EN LA MIRA DEL GOBIERNO

CONCEJALES, EN LA MIRA DEL GOBIERNO

El hecho de que el 70 por ciento de los municipios y departamentos del país esté en cesación de pagos y que siga el despilfarro de recursos y la corrupción administrativa llevó al Gobierno a presentar ayer un duro ajuste en los gastos y en la burocracia de las regiones.

12 de agosto 1999 , 12:00 a. m.

En un proyecto de ley que presentaron al Congreso los Ministerios de Hacienda y del Interior se propone reducir de 12.000 a 5.000 el número de concejales y de 502 a 300, aproximadamente el de diputados, en las próximas elecciones.

Así mismo, contempla el recorte en las sesiones de asambleas y concejos, acabar con los viáticos de concejales y diputados y la supresión de personerías y contralorías. En el primer caso se ha comprobado que muchos concejos prolongan la discusión de los proyectos exclusivamente para que les paguen recursos adicionales.

El Gobierno anunció que las licoreras, loterías y empresas de servicios públicos del orden territorial que no sean eficientes deberán liquidarse, Con el proyecto se busca evitar la quiebra de las regiones.

La situación de algunas regiones es dramática. Por ejemplo, en Casanare el sueldo de cada concejal asciende a 11,5 millones de pesos mensuales (más de lo que gana el presidente) mientras que a Cundinamarca cada diputado le cuesta 330 millones de pesos al año.

Con lo que cuestan los 502 diputados se podría ampliar la cobertura en salud a 667.000 personas de recursos.

Con el proyecto, que hace parte del paquete de ajuste fiscal, se busca un ahorro de 1,2 billones de pesos.

Recorte en concejos El Concejo de Bogotá sesionará ordinariamente como máximo durante cuatro meses al año. Los concejos de los demás municipios sesionarán como máximo tres meses al año.

Sólo se pagarán honorarios a los concejales municipales y distritales durante las sesiones ordinarias que celebren los concejos. Estos pagos no tienen carácter de remuneración laboral ni dan derecho al reconocimiento de prestaciones sociales.

Los honorarios por cada sesión a las que asistan los concejales serán como máximo el equivalente al salario básico diario que corresponde al respectivo alcalde. Se podrá pagar máximo 36 sesiones al año.

Las sesiones extraordinarias o las prórrogas no darán derecho al pago de honorarios.

Los concejales no tienen derecho a percibir viáticos ni gastos de transporte con cargo al presupuesto distrital El número de concejales en cada municipio o distrito se determinará según la población, por ejemplo, si no excede de 50.000 habitantes elegirá siete concejales, los que superen los 2,5 millones elegirán 21 concejales. En el caso de Bogotá el número de concejales no se toca porque cualquier cambio amerita una reforma constitucional.

Poda en asambleas Los diputados no tendrán derecho a percibir primas extralegales, viáticos o gastos de viaje con cargo al presupuesto departamental ni gastos de representación.

Las asambleas departamentales sesionarán ordinariamente como máximo durante cuatro meses al año en los departamentos de categorías primera y segunda (los más grandes). En los demás departamentos sesionarán como máximo dos meses al año Los honorarios por cada sesión a la que asistan los diputados serán equivalentes al salario básico diario que corresponda al respectivo gobernador Se podrá pagar como máximo 80 sesiones al año en los departamentos grandes y en los pequeños 24 sesiones.

Las sesiones extraordinarias no podrán superar veinte días al año pudiéndose pagar sólo una sesión por día. Las asambleas no podrán tener unidades de apoyo La conformación de las asambleas se definirá de acuerdo con el número de habitantes. Por ejemplo si el departamento tiene menos de 830.000 habitantes puede elegir 11 diputados. En ningún caso podrán elegir más de 31 diputados.

Adiós a contralorías y personerías El Gobierno propone acabar con las contralorías y las personerías en los municipios medianos y pequeños que no cuentan con suficiente capacidad financiera para sostenerlas. Inclusive en aquellos municipios grandes se podrían acabar cuando se establezca que no existen recursos para financiar estas entidades.

Teniendo en cuenta que los contralores y personeros ejercen un poder real al interior de las entidades territoriales, el cual ha sido usado para negociar prebendas, las asignaciones totales serán determinadas por ley, evitando la negociación con las regiones.

Por esta razón se propone que el monto de los salarios asignados a los contralores y personeros de los municipios y distritos en ningún caso podrá superar el total del salario del alcalde. Además no podrán tener gastos de representación, que no tienen sentido de ser por las funciones que realizan.

El Gobierno fijó un plazo de seis meses, después de aprobada la ley, para que las contralorías y personerías sean suprimidas Ediles, sin sueldos - Los miembros de las juntas administradoras locales no serán remunerados ni podrán recibir directa o indirectamente pago o contraprestación alguna con cargo al tesoro público.

La función de los miembros de las juntas administradoras locales de Bogotá no será remunerada para quienes resulten reelegidos a partir de la vigencia de la presente ley El Gobierno informó que hay ediles que ganan hasta 2,5 millones de pesos mensuales, hecho que complica aún más las finanzas de los municipios.

Empresas ineficientes Se prohibirá a los departamentos, distritos o municipios efectuar transferencias a las empresas de licores, a las loterías departamentales o a las empresas prestadoras de servicios de salud, distintas de las ordenadas por la ley.

Cuando una empresa industrial o comercial del estado o sociedad de economía mixta (loterías, licoreras, empresas de servicios) genere pérdidas durante tres años consecutivos, se presumirá que no es viable y que tendrá que liquidarse o se venderá la participación que tenga el Gobierno en ellas.

Freno al nepotismo Los gobernadores, diputados, alcaldes municipales, distritales y miembros de las juntas administradoras locales no podrán elegir, nombrar o designar como empleados públicos a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o con quienes estén casados.

Menos municipios El proyecto de ley propone que los municipios que no hayan cumplido un plan de ajuste en sus gastos en el término de tres años se procederá a fusionarlo con otro.

Para ello se realizará una recategorización de los municipios teniendo en cuenta el número de habitantes y sus ingresos corrientes. En la primera categoría estarán aquellos municipios con una población comprendida entre 100.001 y 500.000 habitantes. La sexta categoría, es decir, los municipios más pobres o pequeños son los que tienen una población inferior a 10.00 habitantes y sus ingresos anuales no superan los 15.000 salarios mínimos.

De acuerdo con esta clasificación el valor máximo de los gastos de funcionamiento de los distritos y municipios como proporción de sus ingresos corrientes no podrá ser superior al 75 por ciento en el caso de los que estén en primera categoría y al 85 por ciento en los que estén en la última.

*** Proyecto cayó como baldado de agua fría Germán Olano, presidente del Concejo de Bogotá: Quienes redactaron el proyecto desconocen la situación particular de Bogotá, pues la ciudad se paralizaría si el Concejo solo sesionara cuatro meses al año. Si solo se pagan 36 sesiones al año, eso significaría 9 sesiones al mes, tiempo en el cual no alcanzaríamos a hacer nada. Además, hay que tener en cuenta que la ciudad tiene un régimen especial pues se rige por el decreto ley 1421 David Luna, edil de Chapinero, Aún no he leído el proyecto de ley mediante el cual se plantea la abolición de los salarios para los ediles, pero creo que no es buena idea porque esto impediría que las personas de bajos estratos sociales pudieran ser ediles, pues ellos necesitan un sueldo para poderle dedicarle el tiempo necesario a esta labor .

Sandra Devia, subdirectora de asuntos locales de Bogotá, Ser edil no es un cargo público y por tanto no implica el pago de un salario sino una labor altruista y desinteresada en favor de la comunidad. Además, actualmente el pago que se les está haciendo sale del presupuesto con el que cuentan las localidades para hacer sus obras. Por eso creo que su abolición sería positiva para la ciudad .

Miguel Angel Villalobos, diputado: La verdad no le encuentro sentido al proyecto. Yo creo que hay que ver las circunstancias por el lado de la situación del país, pero también por el lado de que nosotros somos seres humanos que tenemos una familia .

Nosotros solamente devengamos siete meses del año, y a pesar de eso estamos trabajando los 12 meses del año y los fines de semana que salimos a hablar con las comunidades. Yo veo con mucha preocupación la posición de los congresistas, pero ellos mismos, en cierta forma, lo que están haciendo, es permitiendo que los diputados que aspiran a una cámara de representantes aceleren su proceso y que en las próximas Cámaras estemos presentes muchos de los que estamos en las Asambleas .

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