REESTRUCTURACIÓN ESTATAL EN LA MIRA DE LA CORTE

REESTRUCTURACIÓN ESTATAL EN LA MIRA DE LA CORTE

Si la decisión de la Corte que tumbó el sistema Upac puso nervioso al gobierno, un posible fallo que eche atrás la modernización del Estado sí que ha logrado estresar a toda la administración del Presidente Pastrana.

20 de septiembre 1999 , 12:00 a. m.

Desde la semana pasada, cuando se dijo que conjuntamente con la demanda al sistema Upac se estaba analizando también una sobre la modernización, y después de escuchar algunos rumores en el sentido de que este proceso también podría venirse al piso, o al menos una parte de él, el gobierno aceleró la preparación de un plan de contingencia.

Y ese plan debe estar casi listo, pues es precisamente esta semana que se espera un fallo sobre el tema en la Corte Constitucional, o al menos así lo aseguró el magistrado Eduardo Cifuentes. La duda es hasta donde podría ir una decisión en sentido negativo y qué tipo de cambios de los que ya están andando se echarían atrás.

De todas formas, el Estatuto Básico de la Organización y Funcionamiento de la Administración Pública sí pasó por el Congreso (diciembre 2 de 1998) y además de darle facultades extraordinarias al Presidente de la República por seis meses para modernizar el Estado, también le otorgó atribuciones especiales al Procurador, Fiscal y Contralor para que emprendieran la misma tarea.

El problema radica en cuales aspectos de este estatuto serían considerados inconstitucionales por la Corte y cuantos decretos de los más de 70 que el gobierno ha firmado se podrían derrumbar. También si ello significaría revivir las entidades cuyo desmonte ya se ordenó.

Por ejemplo, gracias a estas facultades, el Presidente Pastrana fusionó los bancos Uconal y Estado, ordenó la reestructuración de la Contraloría, programó la eliminación de 2.500 vacantes oficiales y liquidó la Caja Agraria para darle vida al Banco Agrario.

Decisiones como la fusión de los bancos o el desmonte de una entidad financiera para darle vida a una nueva parece que no tendrían reversa, ya que son hechos cumplidos y existe jurisprudencia en ese sentido.

No obstante, determinaciones que no causen un mayor traumatismo sí podrían reversarse, como por ejemplo que el Agustín Codazzi definitivamente no quede adscrito al Dane.

Las reformas La reforma del Estado contempla igualmente cambios a la carrera diplomática y la supresión de los trámites que afectan la administración pública, así como ajustes en la política energética.

El objetivo de estas medidas es eliminar la tramitomanía y los intermediarios como un paso previo para luchar contra la corrupción.

Sin embargo, desde el mismo momento en que se le dieron facultades extraordinarias al Presidente para iniciar la modernización del Estado se escucharon voces en contra, comenzando por los representantes de las centrales obreras quienes alegaron que con estas medidas se eliminaban igualmente los subsidios en servicios públicos domiciliarios.

No obstante, y pese a los cambios que se introdujeron en la administración pública, también quedó un sabor amargo entre muchos de los analistas económicos que habían asegurado que era el momento ideal para acabar con una estructura obsoleta y hacer un Estado más eficiente y pequeño.

Muchos rumores escucharon antes de que el Presidente anunciara los cambios. Se dijo por ejemplo que cuatro ministerios serían eliminados o absorbidos por otros, lo que no pasó. Tan sólo se decidió eliminar algunas entidades como el Incomex, cuyo proceso de desmonte en el tiempo que se había previsto se frenó después con un decreto.

Otras disposiciones que se han tomado tienen que ver con la eliminación de la tarjeta de identidad y la decisión de multar a los colegios que cobren bonos escolares, al igual que la posibilidad de solicitar el registro civil en cualquier notaría.

Se reglamenta Cada uno de los 16 ministerios existentes tendrá un solo viceministro.

Las funciones del zar antisecuestro pasan al Ministro de Justicia y del Derecho.

El Inpec se dividirá en dos entidades: una de rehabilitación y seguridad de los internos y otra de construcción de infraestructura carcelaria, que dependerá del Ministerio de Justicia.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi pasa a ser parte del Dane.

La Superintendencia de Industria y Comercio asumió la defensa de los usuarios de telefonía celular.

Las entidades oficiales tendrán que modificar sus horarios para mejorar la atención al público y darle facilidades a los discapacitados.

Las notarías no volverán a autenticar documentos.

Se acaban las tarjetas profesionales, exceptuando las de los abogados.

Se creó el derecho de turno que obliga a atender a la gente de acuerdo al orden en que se presenten a realizar algún trámite.

El registro inmobiliario queda ahora en manos de las cámaras de comercio.

Se ordenó la supresión de las entidades públicas del orden nacional en las regiones que duplican funciones.

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