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CONVENCIÓN DE VIENA PERO SIN EXPROPIACIÓN: PELÁEZ

CONVENCIÓN DE VIENA PERO SIN EXPROPIACIÓN: PELÁEZ

Con seis reservas de fondo, planteadas por el ponente, la Comisión Segunda del Senado aceptó anoche darle primer debate al proyecto de ley que aprueba la Convención de Viena contra el tráfico de estupefacientes. El senador Humberto Peláez, presidente de la Comisión, planteó en su ponencia que Colombia se abstenga de aplicar 4 disposiciones sustanciales del tratado relativas a la extradición, el intercambio de pruebas y decomiso y embargo de bienes provenientes del narcotráfico.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
31 de marzo 1993 , 12:00 a. m.

El Gobierno, representado en la discusión por el ministro de Justicia, Andrés González, y por la vicecanciller Vilma Zafra, anunció que estudiará las reservas sugeridas por el ponente, aunque advirtió en principio que no las comparte plenamente.

La reserva, segun el derecho internacional, es una declaración unilateral hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o adherirse a él, con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones.

La primera de las objeciones afecta los numerales 6 y 9 del artículo tercero del tratado que contempla la extradición como mecanismo de intercambio de reos de la justicia entre un país y otro.

En opinión del Gobierno y del ponente, esas normas resultan violatorias del artículo 35 de la Constitución que prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento.

La segunda de las reservas tiene que ver con el numeral octavo del artículo tercero, según el cual cada una de las partes establecerá un plazo de prescripción prolongado, dentro del cual se puede iniciar el procesamiento de un sindicado por cualquiera de los delitos previstos en la Constitución.

Segun Peláez, en ciertos casos la prescripción puede ser un beneficio para un delincuente dispuesto a rehabilitarse y en consecuencia sus alcances no pueden ser limitados de una manera tan abrupta.

El Ministro de Justicia dijo que comparte en términos generales esa apreciación, pero recalcó que para ciertos delitos, cuya investigación es especialmente compleja, es necesario dar un mayor plazo antes de que opere la prescripción. De esta manera, el juez dispondría de mayor tiempo para recolectar pruebas.

El desacuerdo El ponente propuso también constituir reservas frente a los numerales uno y dos del artículo quinto que establecen el decomiso y embargo de bienes. Según él, el artículo 34 de la Constitución prohíbe expresamente este tipo de medidas.

Varios de sus compañeros de comisión y el ministro González controvirtieron su opinión y recordaron que en la legislación actual se contempla la extinción del dominio como castigo adicional al enriquecimiento ilícito.

A juicio del ponente, el Estado colombiano tampoco puede comprometerse a cumplir el numeral séptimo del artículo quinto de la Convención que establece la inversión de la carga de la prueba, en los casos de investigaciones por narcotráfico. Expertos en el tema dijeron que dicha inversión se da cuando el sindicado es obligado a probar que es inocente de los delitos que se le atribuyen.

Esta figura es abiertamente violatoria del precepto constitucional que defiende la presunción de inocencia , enfatizó Peláez.

En la misma dirección propuso hecer reservas ante el artículo octavo que, en su concepto, cierra toda posibilidad de controversia rspecto al valor de las pruebas.

En su proyecto original, el Gobierno sólo contempló reservas sobre el tema de la extradición y no aludió a una objeción adicional que al momento de suscribir el tratado (el 20 de diciembre de 1988) formuló el entonces embajador Guillermo Plazas Alcid.

La Comisión decidió que el primer debate al proyecto se realice formalmente el próximo 20 de abril. La iniciativa, de singular importancia para la lucha integral contra el tráfico de estupefacientes, naufragó durante la legislatura anterior, cuando el mismo Humberto Peláez rindió ponencia negativa.

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