REFORMA SIN PISO

Cuando iniciativas de enorme envergadura como la de modernizar el Estado comienzan a derrumbarse por falta de solidez jurídica en el trámite, queda la sensación entre los gobernados de que esas son empresas imposibles y difíciles de cristalizar en hechos. El fallo de la Corte Constitucional que dejó sin efecto varias de las normas de esa modernización, además de la incertidumbre que siembra y el limbo que crea, refuerza la frustración de un país que ve desperdiciada una preciosa oportunidad otra más para hacer los ajustes radicales que demanda nuestro pesado aparato burocrático, hoy convertido en obstáculo para el ciudadano.

22 de septiembre 1999 , 12:00 a. m.

Lo primero que salta a la vista es que el Gobierno incurrió en un error al pedir que las facultades extraordinarias requeridas para dictar aquellas medidas fueran incluidas en la Ley 489 de 1998 cuando ésta ya había sido aprobada en la Cámara y hacía su tránsito en el Senado. Error que fue refrendado al someter dicha enmienda al simple trámite de la conciliación de las dos cámaras sin que hubiera sido objeto del debate reglamentario en la primera.

Esta fue la razón que llevó a la Corte a declarar inconstitucional el artículo que contenía esas facultades y que sirvió al Gobierno para eliminar algunos trámites y suprimir, fusionar o transformar varias entidades del orden nacional. Por ende, también fue la que dejó sin piso la mayoría de esas reformas.

El alcance del fallo no ha sido precisado aún, pues si bien su vigencia es retroactiva, hay situaciones consolidadas como la liquidación de la Caja Agraria y su reemplazo por el Banco Agrario que, en apariencia, quedarían excluidas de él.

En otros casos como los de la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y la carrera del servicio exterior, parece claro que las disposiciones dictadas en desarrollo de las aludidas facultades solo podrán ser expedidas por el Congreso. Y en otros, como los que se refieren a los trámites de extradición y de extinción de dominio de bienes que sean producto de enriquecimiento ilícito, se estima que las normas suspendidas pueden ser adoptadas en virtud de las facultades permanentes que la Constitución otorga al Presidente de la República.

Ninguna de estas consideraciones disminuye la importancia del fallo ni la magnitud de sus previsibles consecuencias, entre las cuales puede anticiparse una lluvia de demandas por parte de quienes resulten afectados con las medidas que ahora han sido invalidadas. Pero tampoco dan pie para afirmar como lo hizo el ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, que la Corte Constitucional ha dado un golpe de gracia al sistema bicameral.

No es esta la primera oportunidad en que una Ley o parte de ella es dejada sin efecto por cuestiones de forma, que para algunos pueden resultar adjetivas pero que no pueden ser ignoradas sin desconocer la Constitución, espina dorsal de nuestro Estado de Derecho.

Por otra parte, no es un secreto para nadie que el paquete de decretos expedido por el Gobierno bajo el ambicioso rótulo de la modernización del Estado se quedó corto. Resta esperar ahora que el Gobierno, sin improvisaciones ni premuras como las que dieron al traste con aquella, emprenda la reforma de fondo del Estado colombiano a través de las vías menos riesgosas.

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