LA POLÍTICA DE LA GUERRA

LA POLÍTICA DE LA GUERRA

Los mandos militares tienen la convicción, nacida de la experiencia, de que los líderes políticos son responsables por la mala conducción del Estado, cuyas consecuencias conflictivas ellos deben afrontar en el campo de batalla, a riesgo de sus vidas y las de sus hombres. Esa convicción es todavía más firme cuando examinan las orientaciones de política que reciben del poder civil para afrontar el conflicto armado, porque allí solo encuentran las fórmulas constitucionales y la ignorancia abismal de los civiles sobre las condiciones, los costos y los sacrificios de la guerra. Los militares enfrentan a un enemigo experto en moverse entre la población y conocedor de su territorio, cuya eliminación física o cuya derrota es imposible sin que el Estado se gane el apoyo popular con políticas que favorezcan a la mayoría, y carecen del poder para influir decisivamente en el cambio o renovación de la dirigencia política. Ellos saben que tienen entre manos una guerra que desborda las posibilidad

08 de septiembre 1999 , 12:00 a. m.

Y para hacer más incómoda su situación, la convicción general de que el conflicto armado no tiene otra salida que una negociación de paz los coloca periódicamente ante el dilema de enfrentar enemigos o tratar a futuros socios de la paz, con quienes se negocia el cambio de las instituciones por las cuales han ofrecido su vida los soldados y policías, y se acuerda el alcance de las sanciones que recibirán quienes sean denunciados ante la futura comisión de la verdad.

Cada proceso de paz es para los militares un telón blanco donde se proyectan, magnificadas, las pequeñas o grandes vilezas cometidas por todos los participantes en la guerra, incluidas las propias, y les despierta el fantasma del miedo de que la paz se haga a costa de su honor y de su libertad, como le ocurrió al final de su vida al general Pinochet, en nombre de la justicia humanitaria de posguerra. Una paz en esas condiciones es percibida como una traición al sentido de su lucha por quienes han asumido la guerra como tarea personal en defensa de la patria.

Y para defender ese sentido, cuando sienten la guerra bloqueada por la dirigencia política en nombre de los diálogos de paz o los derechos humanos, los militares, con la tácita aprobación de los líderes políticos, han extendido la iniciativa a los grupos privados que nacieron como autodefensas en reacción contra la paz de Betancur, recibieron luego la transfusión de dinero del narcotráfico, el apoyo de muchos políticos y ganaderos y la aprobación de la Corte Constitucional en nombre de la legítima defensa de la vida.

El Presidente debe saber que su empeño en el proceso de paz le exige definir la política con la cual va a hacer frente al deslizamiento de fuerzas que el mismo proceso provoca en apoyo de la privatización generalizada de la guerra. El único camino es convencer a todos los mandos militares de que cuentan con el respaldo político y los recursos para recuperar el monopolio legítimo de la contrainsurgencia, que la concepción de enemigo debe restringirse al combatiente armado y que la seguridad debe ampliarse a la población amenazada por cualquier grupo. Así podrá tener el abierto respaldo de la comunidad internacional a la indispensable modernización del brazo armado del Estado como garantía de la paz.

* Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia

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