DOSSIER DE ERRORES EN ALUMBRADO

DOSSIER DE ERRORES EN ALUMBRADO

El anuncio de la Procuraduría General de la Nación sobre la posibilidad de anular el proceso de licitación y el contrato del alumbrado público en Villavicencio, nuevamente puso en tela de juicio el procedimiento utilizado por la alcaldía para la entrega de este servicio a particulares mediante el sistema de concesión.

23 de marzo 1999 , 12:00 a. m.

En la investigación, el órgano de control no solo buscará comprobar las supuestas irregularidades en que incurrieron el alcalde Hernando Martínez Aguilera y su secretario Privado, Nixon Helí Jácome Manosalva, en el desarrollo del proceso de contratación, sino que además intentará encontrar explicaciones sobre por qué 16 de 19 concejales aprobaron alzas en las tarifas permitiendo al contratista obtener una rentabilidad superior a lo establecido por ley.

Según el órgano de control, la tasa de retorno del contrato de concesión supera el 69 por ciento, lo que le permitiría a la firma concesionaria utilidades superiores a los 300 mil millones de pesos, frente a una inversión inicial de 1.200 millones.

El contrato de concesión incluye la modernización del alumbrado (cambio de luminarias de mercurio por sodio) en un plazo récord de ocho meses y por un valor de 5.498 millones de pesos, incluyendo 800 millones para obras de expansión.

Una historia de 10 meses El pronunciamiento de la Procuraduría no es el primero alrededor de este tema. Los primeros interrogantes planteados al proceso estuvieron a cargo de Fertécnica-Phillips al presentar su objeción a la propuesta del Consorcio Iluminación Villavicencio, oferta que obtuvo la mayor calificación en la licitación.

En esa ocasión (septiembre de 1998), la discusión giró alrededor de la aceptación como garantía dos cartas donde igual número de entidades financieras expresaban su intensión de estudiar la solicitud de crédito y la autorización del concejo al alcalde para adelantar el proceso sin conocer el estudio sobre costos de inversión, operación, mantenimiento y tarifas (acuerdo 018 del 18 de mayo del 98).

El 23 de septiembre, la licitación fue adjudicada al Consorcio Iluminación Villavicencio. En este momento a penas se empezaba a calentar la discusión.

En octubre, el concejal Edgar Ardila salió a cuestionar al municipio por irregularidades en la publicación de los avisos de convocatoria a concurso público, la iniciación del proceso de licitación sin contar con un estudio técnico que le permitiera realizar la evaluación de las propuesta y conocer la tasa de retorno (rentabilidad) que obtendría el futuro contratista. También demandó claridad en la competencia del alcalde para fijar las tarifas de la tasa de alumbrado público.

Para la misma época, los entonces secretario de Obras, Nixon Helí Jácome Manosalva, y el presidente del Concejo, Humberto Salcedo Posada, así como el alcalde Hernando Martínez Aguilera defendieron las bondades de entregar el servicio a un particular durante 20 años y sus actuaciones en la licitación.

La Cámara de Comercio de Villavicencio entró al debate público al referirse al asunto advirtiendo a la administración municipal sobre la exagerada rentabilidad que obtendría el contratista, los errores en los términos de apertura de la licitación, su desconfianza en los estudios económicos y financieros y las altas tarifas de la tasa de alumbrado público.

Luego, tras nuevas denuncias del concejal Edgar Ardila, el concejo en pleno pidió la nulidad de la adjudicación del contrato, proceso que se había realizado casi 15 días antes. En la sesión se reveló cómo una de las cláusulas del contrato obligaba al municipio a reajustar las tarifas para que el contratista pudiera ejecutar el proyecto, cuando en el sistema de concesión el contratista corre con los costos de la obra y luego la entidad territorial paga concediendo el cobro de tarifas.

En la corporación también se vio escandalizada por la participación de otro contratista del municipio en el proceso de licitación. Este aparece firmando cuatro actos administrativos mediante los cuales se modifican los plazos y términos de licitación. Es una competencia del alcalde.

También se puso de presente el problema que tendría el municipio por no haber acordado con anticipación la renegociación de los contratos de suministro de energía y facturación con la Electrificadora del Meta, Como efectivamente ocurre hoy.

Los pronunciamientos obligaron al alcalde a derogar el decreto con que adoptaba las nueva tarifas y a presentar un proyecto de acuerdo para subsanar el error.

Los ingenieros eléctricos Como consecuencia de la posición del concejo, la administración municipal prorrogó en dos ocasiones la firma del contrato de concesión del alumbrado público, pero pese a las advertencias, el contrato fue firmado el 10 de diciembre bajo el número 477.

Hoy, tres meses y medio después, las obras no se han iniciado, por el contrario, a pesar de la mediación de un grupo de concejales, aumenta la incertidumbre sobre la suerte del publicitado contrato de alumbrado.

El último pronunciamiento al respecto lo hizo a comienzos de este mes la Asociación Colombiana de Ingenieros Electricistas, Mecánicos y Electrónicos del Meta (Aciem), al asegurar que la concesión del alumbrado público lesiona los intereses de los industriales, comerciantes y entidades oficiales de carácter social.

En la última semana, este mismo organismo presentó un escalofriante comparativo entre los costos unitarios de los contratos de alumbrado en Cali y en Villavicencio. Según la Aciem, aunque en el Meta el número de lámparas es cinco veces menor, el precio promedio por la sustitución de cada luminaria es casi tres veces mayor que en el Valle del Cauca.

Así mismo, los ingenieros eléctricos presentaron un estudio en el que señalan que la reposición de las lámparas cuesta casi un 50 por ciento menos, es decir que mientras el contrato vale 4.696 millones de pesos, la Aciem considera que la obra no supera los 2.469 millones.

Procuraduría formula pliego de cargos La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el alcalde de Villavicencio, Hernando Martínez Aguilera, y del actual secretario de privado, Nixon Helí Jácome Manosalva, por considerar que con su actitud posiblemente se violó el principio de economía, no fueron exigidos los estudios y diseños del proyecto.

El ministerio público señaló que debido a que la propuesta ganadora rebasó el valor autorizado por el concejo (la corporación definió $4.500 millones, pero el contrato fue firmado en $5.498 millones) analiza la posibilidad de anular el proceso de licitación y el contrato 477 del 10 de diciembre de 1998 mediante el cual la alcaldía de Villavicencio entregó en concesión el mejoramiento y operación de la infraestructura del alumbrado público.

El organismo de control también manifestó que en el desarrollo del proceso de contratación se pudo haber quebrantado el principio de transparencia al no publicar los avisos de convocatoria a licitación dentro de los 10 a 20 días anteriores a la apertura.

Además es investigada la modificación de las tarifas de la tasa de alumbrado público y los términos del contrato del servicio de mantenimiento de la infraestructura del alumbrado.

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