A QUIÉN BENEFICIA LA RESTRICCIÓN DE ARMAS

A QUIÉN BENEFICIA LA RESTRICCIÓN DE ARMAS

Hace pocas semanas, el Gobierno Nacional autorizó a los alcaldes y gobernadores para que restrinjan, según su criterio, el porte de armas amparadas con salvoconducto. El principal argumento utilizado por el Gobierno es que mediante esta medida se reducen notoriamente los homicidios y las lesiones personales causadas por armas de fuego, en especial cuando estas son portadas por personas que están consumiendo licor.

18 de septiembre 1999 , 12:00 a. m.

Aunque la medida puede aparecer en principio razonable, hay una serie de aspectos que generan gran controversia sobre esta, más aún teniendo en cuenta las actuales circunstancias del país. Por una parte, están los cuestionamientos de orden estadístico y teórico sobre la sustentabilidad del argumento del Gobierno y, por otra, los cuestionamientos que se desprenden de la actual situación que enfrenta el país en materia de orden público y delincuencia generalizada.

Con relación a los primeros, es en hecho que aunque la mayoría de los homicidios y lesiones personales se causan con armas de fuego, no hay datos estadísticos que permitan estimar el volumen de los que son causados con armas amparadas. Los formatos de captura de información que se manejan en el Instituto de Medicina Legal no discriminan por categorías la legalidad del arma con que fue cometido el ilícito.

De ahí que decir que la mayoría de homicidios son cometidos con armas de fuego no sea lo mismo que afirmar que la mayoría o un porcentaje importante de ellos son cometidos con armas amparadas y que no ha sido robadas.

Por otra parte, alejándonos de la estadística y pasando al plano de la criminología, es muy difícil imaginar que un criminal utilice un arma amparada bajo su nombre para cometer un asesinato, pues es bien conocido que el modus operandi de la delincuencia consiste en adquirir el armamento en el mercado negro, donde las armas son robadas a sus tenedores originales o donde provienen del contrabando.

Contrario a las tesis expresadas por el Gobierno, se puede inferir más bien que la mayoría de los homicidios se cometen con armas no amparadas, ilegales y que una medida como esta no afecta la dinámica criminal.

Ahora bien, con relación a las consecuencias derivadas de la medida, y la situación nacional, es indudable que el restringir el porte de armas legalmente amparadas limita en muchos aspectos las actividades de ciudadanos de bien que aún no son blanco fácil ni de la subversión, ni de la delincuencia común. El eje del debate en este sentido es la capacidad del Estado, en este momento, para garantizar la seguridad e integridad personal de los ciudadanos.

Por una parte, el Ejército y las Fuerzas Armadas no dan abasto y no cuentan ni con los recursos ni con el personal suficiente para garantizar unos niveles de seguridad adecuados o razonables en las carreteras y zonas rurales y, por otra parte, en las ciudades, el reducido pie de fuerza de policía y las dificultades de la justicia para condenar a los delincuentes tampoco permiten garantizar a la ciudadanía unos niveles aceptables de seguridad.

Si el Estado no puede...

Sin lugar a dudas, el Estado es quien, en primera instancia, debe garantizar estos derechos a la ciudadanía. Sin embargo, si este no se encuentra en condiciones de hacerlo, lo mínimo que puede hacer es permitir que la ciudadanía misma se los procure. En efecto, así como el Estado debe velar por la integridad y seguridad de los ciudadanos, también debe velar por el derecho que tienen estos ciudadanos de proteger sus vidas y sus bienes.

Es difícil concebir un marco constitucional en el que un Estado le impide a sus ciudadanos proteger sus vidas y el producto de su trabajo. Si asumimos que el único que puede proteger nuestras vidas es el Estado, dónde queda la libertad del individuo para garantizarse así mismo el derecho más sagrado que tiene que es el de la existencia? Asumir que el Estado es el único que puede y debe proteger nuestras vidas, es asumir un régimen totalitario y aterrador, en el que entregamos el derecho a vivir a ese Estado, ya que nuestra vida depende de su capacidad o voluntad para protegerla.

El control del porte de armas se debe hacer con el objetivo de incautar el armamento producto del mercado negro y el cual se encuentra, por lo general, en manos de la subversión y de los delincuentes comunes. Sin embargo, no es necesario restringir el porte de armas amparadas con salvoconducto, para controlar la circulación de armas ilegales.

Sin duda el control de armas es deseable que mediante este se lograra reducir la capacidad bélica de la delincuencia, pero parece que las autoridades no lo tienen claro. De hecho, cuando presentan los resultados de los controles realizados a raíz de la reciente medida, las cifras que se entregan de armamento decomisado no discriminan entre armamento legalmente amparado con salvoconductos y armamento ilegal, lo cual sin duda ayudaría aún más a ponderar cual es la real efectividad de la medida ya que la mayoría del armamento que se incauta en estos controles, es armamento ilegal.

A la luz de las actuales circunstancias en Bogotá y en Colombia, parecería que muchas de las medidas que se toman en diferentes entidades del Estado van cada vez más en contra de ese derecho que tenemos los ciudadanos de proteger nuestras vidas, así como el producto de nuestro trabajo.

* MA en Estudios de Seguridad y Criminología Comparada FOTO: No es necesario restringir el porte de armas amparadas con salvoconducto, para controlar la circulación de armas ilegales, dice el experto.

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