MEJORANDO EL PASO

El reciente fallo de la Corte Constitucional sobre la demanda de los Comuneros sobre la propiedad de los recursos del subsuelo en el área de Santiago de las Atalayas y Pueblo Viejo del Cusiana, amén de finiquitar una disputa de años, sienta doctrina sobre el principio rector de las regalías en relación con las entidades territoriales. Esto es de gran transcendencia, porque, además de complementar la tarea que inició el gobierno al compartir las tareas de la Comisión Nacional de Regalías con Planeación Nacional, como resultado de la acción de la Contraloría General de la República, se puede, desde ahora, implantar un ordenamiento y manejo racional a las regalías que, por aquello de hacer mejor las cosas, desbordó la capacidad de gestión de la Comisión. De paso, deja inexequible en la práctica el Proyecto de Ley 57 de 1998 -que ya había sido objetado por la Presidencia-, por cuando se soportaba en que los recursos económicos, denominados regalías son de propiedad de las entidades territ

16 de septiembre 1999 , 12:00 a. m.

Un balance de los cinco años de estar vigente la ley que estableció las reglas para liquidar y distribuir las regalías muestra que algo no funcionó bien, que pasó la bonanza petrolera y no la vimos, o la vieron muy pocos pues, para unos hubo hasta el derroche, mientras que para otros, solo le cayeron las migajas. En su momento la preocupación era, y la sigue siendo, repartirla al mejor postor, que es un concepto bien diferente al de distribuirla, olvidándose en todo caso el criterio de justicia social que primó en la Constitución. Hoy las regiones o localidades que las recibieron no son las más prósperas e incluso estas les sirvieron de apalancamiento para adquirir grandes deudas, hasta el punto que no tienen capacidad de crédito. Aún más, tampoco se observa equidad en la distribución dentro de una misma región. En la Costa Atlántica hay municipios en que se concentró tal recurso mientras que sus vecinos no se beneficiaron del posible desarrollo que su inversión generaría. Frente a esta situación, si bien el Gobierno dio un gran paso al desmontar la Comisión de Regalías, se debe revisar el tema con una visión menos localista y más con proyección regional. Aún se puede hacer algo que realmente valga la pena.

En los últimos cinco años, según las cuentas de Ecopetrol, el sólo sector petrolero le ha generado al país regalías por 2.6 billones de pesos. Parte importante de dicha suma, más de 586 mil millones de pesos, se manejó a través del Fondo Nacional de Regalías, con una ejecución que, en términos porcentuales, está acorde con lo ordenado por la ley, más no es equitativa entre las regiones integradas por los Corpes porque su distribución no se fundamentó en las necesidades básicas insatisfechas de la población, ni se buscó un desarrollo equilibrado entre las regiones.

Así, durante el lapso 1995-98, la región Atlántica y la de Occidente fueron las que mayores recursos obtuvieron con promedio anual de 22 y 21 por ciento respectivamente. Pero son precisamente esas regiones en donde se ubican los departamentos más pobres. Según los indicadores de política social elaborados por DNP, Córdoba es el departamento, después del Chocó, más pobre del país. Se estima que el 74 por ciento de su población es pobre. Le sigue Nariño con el 72 por ciento y Sucre con el 69 por ciento. En conjunto, de los 24 departamentos, 15 están por debajo del promedio, es decir en estos departamentos el 54 por ciento de su población es pobre, lo cual se constata con el comportamiento del coeficiente de Gini sobre el ingreso per cápita del hogar, que ha exhibido un notable deterioro desde finales de 1996. Hoy, el 10 por ciento de la población más pobre percibe el 1.4 por ciento del ingreso nacional mientras que el 10 por ciento más rico absorbe el 40 por ciento.

Lo anterior, junto con el manejo dado a las regalías, confirma nuestra tesis. Señalábamos en un artículo anterior ( La Fiesta del Billón), que con la creación del Fondo Nacional de Regalías, en donde se quiso que todos los intereses quedaran representados, se repartió una riqueza pública muy importante que no terminó sembrada, precisamente por un manejo contractual punible y desaforado en la contratación con el Estado. Y nos referíamos a los municipios que derrocharon las regalías, en donde se dieron todas las violaciones posibles a las Ley 80 y 141, a lo cual se le deben sumar las numerosas demandas en contra de los municipios por incumplimiento en los pagos contratos no ejecutados para habilitar conciliaciones onerosas, y el compromiso de vigencias futuras para el pago de deuda pública.

Volviendo al tema de la propiedad, hay que entender que el Constituyente le dio plenos poderes al legislador para regular el régimen de regalías, no como derechos adquiridos ni como bienes o rentas de las entidades de orden territorial, sino como derechos de participación económica en una actividad que se refiere a bienes de propiedad del Estado y que las tareas delegadas en la Comisión Nacional de Regalías debían cumplir con los fines del Estado que no son otros que los señalados en la Constitución y que en concreto se refieren a la equidad. Si logramos encarrilar nuevamente el manejo de estos recursos podemos obtener de ellos un gran beneficio social. No hay que olvidar que las regalías se generan de una fuente no renovable y que estos recursos prácticamente están soportados en dos contratos El de Cravo Norte y Cusiana y que a la vuelta de cuatro años, estaremos muy seguramente importando combustible por declinación de los yacimientos.

*Vicecontralor General de la República

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