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CUATRO AÑOS ESPERANDO UN SUBSIDIO

Mariela Esperanza Burbano tuvo que esperar más de cuatro años para que el Gobierno le hiciera efectivo un subsidio de vivienda.

EDISON PARRA GARZON
Su casa, y la de 451 familias más ubicadas en zona rural del municipio La Florida, al occidente de Pasto área de influencia del volcán Galeras, fue semidestruida por un sismo de 5,1 grados en la escala de Richter, el 4 de marzo de 1995.
Todas las viviendas afectadas habían sido construidas en adobe o tapia, de un solo piso, con normas de diseño y construcción rudimentarias. Como apenas se sostenían, las gentes tuvieron que instalarse en carpas y cambuches improvisados, en lugares cercanos, donde hoy todavía viven algunos.
Veintiún días después de la tragedia, el 24 de marzo, la Dirección Nacional para la Atención de Desastres declaró en estado de calamidad pública la zona, lo que significaba que el Gobierno Nacional, a través del Inurbe, se hacía responsable de la reconstrucción de las viviendas, en un tiempo prudencial.
Así, cada una de las familias guardó la esperanza de que las ayudas para reconstruir su casa llegarían rápidamente.
Pero no fue así. Según los damnificados, la intervención de sectores políticos interesados en apadrinar los planes de reconstrucción impidió que los subsidios cumplieran oportunamente su finalidad.
Tampoco los ayudó la permanente interinidad en la gerencia regional del Inurbe, pues durante los cuatro años no se nombró un titular sino que la oficina estuvo a cargo, entre otros, de Victoria Serrano, Luis Eduardo Caldas y Oscar Ortega. Solo hasta hace un mes el Gobierno nombró en propiedad a Luis Alberto Portilla.
Este año, los damnificados recurrieron a la Acción de Cumplimiento ante el Consejo de Estado para que se ordenara al Inurbe realizar las acciones destinadas a entregar los subsidios.
El máximo tribunal sentenció que una declaratoria de calamidad pública debe cumplirse de manera inmediata y que no pueden existir disculpas para someterla a tardanzas injustificadas. El fallo obligó al Inurbe a reconocer los derechos a las 452 familias.
Muchas familias dijo el Consejo aún siguen viviendo en hacinamiento, en ranchos improvisados, desconociéndoles el derecho fundamental a una vivienda digna y a un ambiente sano .
Lista de espera
A lo largo del proceso se logró establecer que el Inurbe pretendió desconocer la declaratoria de emergencia alegando que las familias damnificadas en La Florida se encontraban en lista de espera.
El organismo argumentó que el hecho de haberse seleccionado a los adjudicatarios del subsidio no representaba necesariamente un derecho adquirido sino que tenían en su patrimonio simples expectativas . Así lo acogió el Tribunal Administrativo de Nariño que había negado en primera instancia las pretensiones de los campesinos.
Según el fallo de última instancia, en estos casos no se requiere el cumplimiento de requisitos para asignar subsidios, pues se estaría desvirtuando la finalidad de la calamidad pública .
La realidad denunció Eliseo Linares, uno de los damnificados es el manejo político que se le quiso dar a este problema ,
Ahora las 452 familias se preparan para una nueva lucha, pues a unos les dieron 1,6 millones y a otros, 2,1 millones, los mismos valores que hace cinco años se les debió haber entregado.
Esa plata pudo haber servido en el año 95. Ahora no nos garantiza que podamos recuperar nuestras viviendas , dijo Manuel Antonio Pantoja Latorre.
Todos los damnificados piden que se les reconozca un subsidio equivalente a los 5,9 millones.
Por eso, un grupo de ellos solicitó a la Procuraduría que se investigue las actuaciones de los funcionarios del Inurbe que de alguna manera impidieron la entrega oportuna de los subsidios.
FOTO:
Miembros del Comité Local y Regional de Emergencia de Nariño verificaron hace poco las condiciones en las que viven algunos de los damnificados.
Edison Parra
EDISON PARRA GARZON
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