En la reunión que sostendrán el alcalde Enrique Peñalosa Londoño; el procurador general de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, representantes de la Policía y líderes comunales, se determinará el día en que se llevará a cabo la demolición de las edificaciones, así como el traslado de los habitantes.
Para el alcalde Peñalosa, se trata de una acción judicial que el sector requiere con urgencia por el deterioro de las edificaciones, que podrían derrumbarse en cualquier momento; la proliferación de venta de droga y la permanencia de niños en condiciones de indignidad .
Para ello, dijo Peñalosa, hay recursos de 8.000 millones de pesos, lugares para tratamientos sicológicos de los drogadictos, albergues y un programa social completo, que desarrolla el Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito (DABS).
El viernes pasado se presentaron disturbios en el centro debido a que las autoridades tenían programada para el sábado la diligencia de demolición.
