Y DÉLE CON EL CANJE ...

Y DÉLE CON EL CANJE ...

Más de una vez nos hemos referido en este espacio a la descabellada propuesta del llamado canje de guerrilleros presos por soldados y policías secuestrados por la subversión, que las Farc han incluido entre sus exigencias para acordar la paz.

15 de septiembre 1999 , 12:00 a. m.

Lo hacemos una vez más ante la actitud entre cínica e irrespetuosa del jefe de esa organización guerrillera al exigir al Congreso que traduzca dicha propuesta en un mandato legal, o si esto no le conviene o lesiona sus intereses , que la someta a una consulta popular.

A las poderosas razones de carácter político, jurídico y ético que impiden aceptar la exigencia contenida en la carta más reciente de Manuel Marulanda Vélez ( Tirofijo ) al presidente del Senado, Miguel Pinedo Vidal, se añade ahora otro motivo de mucho peso: el de que el jefe de las Farc haya excluido de su propuesta a los civiles secuestrados e inclusive haya negado su existencia, cuando los organismos del Estado tienen evidencias de que 458 personas ajenas al conflicto armado se encuentran en poder de dicha organización subversiva.

Con buen sentido el presidente del Senado rechazó la exigencia de Marulanda, por considerar que su aceptación equivaldría a legalizar el secuestro en Colombia. La pretensión de las Farc no es simplemente obtener la libertad de los guerrilleros presos en las cárceles algo que podría ocurrir por medio de instrumentos distintos a una ley de canje , como la suspensión de procesos, el otorgamiento de libertad provisional e inclusive los indultos, sino que se hagan de tal manera que ellos sean puestos en pie de igualdad con los soldados y policías a quienes mantienen secuestrados.

Tras esta pretensión está el objetivo de las Farc de alcanzar el reconocimiento oficial como fuerza beligerante, que vienen persiguiendo desde sus primeros contactos con el Gobierno hace más de un año y que modificaría sustancialmente la naturaleza del conflicto armado a la luz del derecho internacional. En efecto, el canje elevaría la condición de la guerrilla al mismo nivel de las Fuerzas Militares porque el intercambio de prisioneros (categoría en la cual quedarían clasificados los secuestrados por las Farc si se aceptara su propuesta) sólo es viable entre ejércitos regulares, vale decir, entre Estados soberanos.

Lo anterior explica el obsesivo interés de Tirofijo en este tema, el único que maneja personalmente, mientras delega en sus segundos el tratamiento de los demás, incluyendo la agenda del proceso de paz. Pero así como este último parece estar condicionado a que aquel asunto se resuelva en favor de las Farc, ni el Gobierno ni el Congreso podrían dar un paso tan aventurado y peligroso como el tan mentado canje , sin violar el Estado de Derecho.

Lo aconsejable como lo han planteado el Fiscal, el Procurador y los miembros de la Comisión del canje del Congreso es que se busque un compromiso que garantice la libertad de todos los secuestrados por la guerrilla sin sacrificar la Constitución ni la soberanía del Estado colombiano.

Para esto hay diversas fórmulas como las aludidas atrás, que pueden ser aplicadas en virtud de las facultades otorgadas al Presidente de la República por la ley de orden público o la que, según se anuncia, propondrá aquella comisión parlamentaria. Fórmulas que, dicho sea de paso, deberían contemplarse como parte de un acuerdo de paz y no como preámbulo de una esquiva negociación que ni siquiera se ha iniciado.

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